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Valencia se las prometía felices con su nueva ley para regular pisos turísticos. Hasta que llegó “la trampa de los 11 días”
Hecha la ley, hecha la trampa. En su intento por atajar la proliferación de pisos turísticos, la Comunidad Valenciana se ha encontrado con un desafío (no tan) inesperado: la picaresca de los caseros, que han encontrado en la nueva ley que regula el sector un resquicio que les permite alquilar pisos a turistas acogiéndose a normas más laxas. La clave está en algo en principio tan inocente como la duración de las estancias. Para ser más precisos en si duran más o menos de 10 días.
Hay quien ya habla de “la trampa de los 11 días”.
¿Qué ha pasado? La noticia la avanzaba hace unas semanas el periódico Levante-EMV: en Airbnb han empezado a anunciarse pisos de Valencia con un común denominador, el tiempo mínimo de estancia que exigen a sus inquilinos. No importa en qué calle se ubiquen, cómo estén decorados, su superficie, si tienen o no vistas al mar o si son más o menos caros. En todos se repite la misma e invariable condición: estancia mínima de 11 noches. Ni una menos.
¿Son muchas viviendas? Unas cuantas. A finales de febrero Levante-EMV apuntaba que solo en Airbnb podían consultarse “decenas” de viviendas situadas en bloques residenciales de Valencia (en ocasiones localizadas en terceras o cuartas plantas) que se ofrecían bajo esa condición: una estancia mínima de 11 días. Una búsqueda rápida en la misma plataforma muestra que aún se encuentran anuncios así. Es más, hay negocios que han decidido empezar a aplicar el mismo criterio.




¿Y por qué 11 días? Para entenderlo hay que echar mano de la legislación valenciana. Para ser más precisos del decreto ley 9/2024, un texto aprobado en agosto y que actualizó la norma de 2018 sobre alquileres vacacionales. Su objetivo, como trasladaba en 2024 el Gobierno valenciano, es “mejorar la regulación” de los pisos turísticos y “ofrecer seguridad jurídica” a los usuarios y caseros.
La clave es qué es un ‘piso turístico’ para la nueva normativa. Ahí donde entra en juego la barrera temporal. Al modificar el artículo 65, el documento aclara que las “viviendas de uso turístico” son aquellas que (entre otras condiciones) “se ceden en condiciones de inmediata disponibilidad, con fines turísticos, por tiempo inferior o igual a 10 días, computados de forma continuada a un mismo arrendatario”.
¿Qué significa eso? Que las viviendas vacacionales quedan asociadas a ese horizonte temporal: 10 días. Cualquiera que se alquile por más tiempo quedaría fuera de esa categoría, que exige disponer además de una licencia turística. En la práctica se trata de una vía legal que permite a los caseros anunciar sus viviendas en plataformas como Airbnb como otra cosa: alquileres de temporada.
Según la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) estos últimos son los alquileres que no se destinan a cubrir “la necesidad permanente de vivienda del arrendatario”. La Moncloa ya se ha propuesto trabajar en su regulación para evitar que se usen para esquivar los requisitos que se aplican a los alquileres convencionales y beneficien a las personas para las que realmente están pensados, como los estudiantes.




¿Por qué es importante? Porque uno de los objetivos del cambio normativo aplicado en agosto de 2024 en la Comunidad Valenciana era precisamente atajar el aumento de las viviendas turísticas, una modalidad de alquiler que ha ido ganando fuerza en España y tensa (aún más) el mercado residencial. Lo reconocía el propio Gobierno regional al argumentar qué buscaba con la nueva normativa, además de “frenar la competencia desleal” o dar mayor “transparencia” al sector.
“La proliferación de esta modalidad […] ha supuesto su incremento exponencial y descontrolado en determinados ámbitos, lo que determina la necesidad de adoptar medidas urgentes para poner freno a un fenómeno que, de no actuar de inmediato, puede generar problemas que se agravan exponencialmente”, razonaba en 2024 la Generalitat valenciana. Hay expertos que ya cuestionan que la nueva ley haya acertado a la hora de especificar qué es una vivienda para uso turístico.
¿Ha tenido consecuencias? Sí. O al menos reacciones. Tras la noticia de Levante la Federación de Asociaciones Vecinales de València (FAAVV) ha exigido que se cambie lo antes posible el reglamento de la Generalitat, tema que también ha saltado ya al debate político valenciano. “En lugar de proponer límites claros a la actividad y asumir la responsabilidad de inspeccionar y sancionar crean un sinfín de supuestos ambiguos y contradictorios”, lamenta la FAAVV.
“La norma debe cambiarse porque no ayuda a contener la amenaza de los pisos turísticos contra el alquiler residencial y crea confusión e inseguridad jurídica”.
¿Y qué dice el Gobierno? La Conselleria de Turismo ya ha advertido que el hecho de que un alquiler no se considere turístico no significa que no deba cumplir ciertas normas, como el depósito de una fianza, y que en aquellos casos en los que se aprecie un fraude los responsables se exponen a sanciones que pueden llegar a 10.000 o incluso 100.000 euros, dependiendo de las características del caso.
Con todo, se muestran abiertos a realizar ciertos ajustes en la norma. “La ley se aprobó en agosto. Ahora que lleva un tiempo funcionando vamos a revisarlo todo, ver si existe algún tipo de disfunción y actuar”, reconoce el Gobierno regional, que asegura además que la visión sobre ese marco temporal (las estancias de 10 días) varía de una localidad a otra. Hace unas semanas la Generalitat dio de baja a 886 viviendas del Registro de Turismo por carecer de NIF/NIE, y advertía: es la primera fase de un proceso que acabará a afectando a 34.000 viviendas.
Imágenes | Giuseppe Buccola (Unsplash)
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Se cumple plazo para que Ticketmaster presente pruebas a Profeco tras señalamiento por irregularidades en concierto de BTS
El plazo para que la boletera Ticketmaster ofreciera pruebas y se manifestara ante la sanción impuesta por Profeco por irregularidades presentadas durante la venta de entradas para los conciertos del grupo de K-Pop, BTS, que ofrecerá en la Ciudad de México en mayo.
Durante la conferencia de prensa del lunes 2 de febrero, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Iván Escalante, informó que la plataforma había sido multada con cinco millones de pesos por presuntamente haber violado los derechos del consumidor.
Ante esto, el pasado 6 de febrero Ticketmaster emitió un comunicado con el que explicó cómo funciona la tecnología empleada para las ventas en línea de sus conciertos y el número total de usuarios que participaron para la compra de entradas para BTS.
La boletera ejemplificó con una gráfica que más de 2.1 millones de personas ingresaron a su sitio para buscar información al respecto, sostuvo que los precios no sufrieron ninguna modificación durante la venta y que los cargos por servicio se mantuvieron bajos.
Ticketmaster garantizó que para cumplir con las expectativas de la alta demanda de los usuarios, un total de 46 conciertos tendrían que haberse realizado en el Estadio GNP Seguros. Asimismo, aseveró que todas las personas tuvieron acceso a la fila virtual, aunque de forma lenta y sin garantizar la compra de un boleto.
“Si esta venta se hubiera realizado en una taquilla física, una fila de ese tamaño se habría extendido hasta la frontera con Estados Unidos”, declaró.
Sin embargo, hasta el momento, Profeco no ha informado si Ticketmaster tendrá que efectuar el pago de más de cinco millones de pesos.
¿Qué pasó realmente con Ticketmaster durante la venta de BTS?
Tras la venta de boletos para BTS, los fans identificados como Army denunciaron en redes sociales una ola de irregularidades por parte de la boletera, entre sus exigencias estaba la transparencia con los precios y el mapa con zonas divididas. En respuesta, la promotora de conciertos accedió a revelar la tarifa antes de la venta.
Los fanáticos de BTS tuvieron la oportunidad de acceder a una preventa exclusiva en la cual también se presentó una gran afluencia de personas en línea.
Contrario a lo que el comunicado de Ticketmaster dijo que ocurrió, cientos de Army afirmaron que al intentar formarse en la fila virtual, el sitio no les brindó un lugar o esta presentaba fallas para acceder.
En ese sentido, reportaron la activación de un sitio de reventas que se encontraba a la par que la página oficial en donde los precios alcanzaban hasta los 60 mil. Al intentar adquirir un lugar, este ya no se encontraba disponible oficialmente, pero podría adquirirse en el sitio de reventa.
¿Cómo han sido las ventas para los conciertos tras la queja de Army?
Según las declaraciones de Profeco, la tarifa dinámica es una violación a los derechos del consumidor y, no debería implementarse pese a la alta demanda que pudiera presentarse en los próximos eventos.
Sin embargo, esto no ha ocurrido según reportes durante la venta de boletos para el concierto que ofrecerá en junio el exintegrante de One Direction, Zayn Malik.
Los seguidoras del británico señalaron un incremento aleatorio en los precios de acuerdo a la zona preferida durante las preventas.
Así como un elevado costo en los cargos por servicio, los cuales en algunos casos incrementó hasta los dos mil pesos. En este evento, se presentó una variedad de paquetes VIP, cuyo rango de precios abarcó desde los ocho mil hasta los 12 mil sin cargos, pese a estar en la misma sección.
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Los robotaxis no necesitaban conductor, pero Waymo ha terminado pagando a repartidores para cerrar puertas entreabiertas
Lo que hasta hace no mucho parecía terreno exclusivo de la ciencia ficción empieza a hacerse visible en las calles: coches capaces de desplazarse de un punto a otro sin conductor. Y no hace falta comprar uno para vivir la experiencia. En algunas ciudades del mundo basta con pedir un robotaxi desde una aplicación y ver cómo el vehículo llega a recogerte, identificándote en ciertos modelos con tus iniciales en una pantalla LED situada en el techo, tal y como comprobó nuestro compañero Javier Lacort en San Francisco hace casi dos años.
Escena futurista, problemas del presente. En medio de esta transformación del transporte, que aspira a ofrecer más seguridad y comodidad, también empiezan a aflorar sus puntos débiles. No hablamos de los atascos provocados por fallos de conectividad ni de esos coches que, por algún motivo, se ponen a tocar el claxon a las cuatro de la madrugada. La cuestión es aún más básica: si un usuario cierra mal la puerta, el vehículo no puede continuar operando.
El problema no es conducir, es poder irse. En el caso que describen CNBC y TechCrunch, se quedan bloqueados si, al terminar el viaje, un pasajero deja una puerta entreabierta. Waymo confirmó a ambos medios que ese detalle impide que el coche reanude la marcha y complete nuevos trayectos hasta que alguien la cierre correctamente. Se trata de una fricción básica, casi doméstica, que convierte un simple despiste en un problema operativo y explica por qué la compañía tiene que recurrir a apoyo humano para devolver sus vehículos al servicio cuanto antes.


Pagar a repartidores. La compañía está probando en Atlanta un sistema que avisa a repartidores cercanos de aplicaciones como DoorDash cuando uno de sus vehículos queda con la puerta abierta. La propuesta es sencilla: acercarse, cerrarla y permitir que el robotaxi vuelva a operar. Los medios citan incluso el caso de un conductor al que se le ofrecieron 11,25 dólares por esa tarea puntual. También detallan un encargo similar dividido entre 6,25 dólares por el desplazamiento y otros 5 tras verificar el cierre.
No es un caso aislado. El piloto de Atlanta no es la única muestra de esta dependencia puntual de ayuda humana.Waymo también ha recurrido a usuarios de Honk, una plataforma de asistencia en carretera, para resolver situaciones similares en otras ciudades estadounidenses. En este caso, algunos colaboradores llegaron a recibir ofertas de hasta 24 dólares por cerrar la puerta de un robotaxi detenido. Más que una anécdota local, estos ejemplos dibujan un patrón operativo claro: cuando el vehículo queda inmovilizado por un detalle menor, la solución más rápida sigue pasando por enviar a una persona.
Puertas automáticas, en camino. Hoy Waymo funciona con una flota formada íntegramente por vehículos eléctricos Jaguar I-PACE adaptados para conducción autónoma, que todavía dependen de intervención humana en situaciones como esta. Pero la compañía propiedad de Google asegura que ese desfase tiene fecha de caducidad, aunque sin concretarla: adelantó que sus futuros robotaxis dispondrán de cierre automático. Mientras tanto, el presente del coche autónomo continúa mostrando esa doble cara: sofisticación en la conducción y dependencia humana en los detalles más simples.
Imágenes | Xataka
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Los países están desesperados por subir sus tasas de natalidad. Tienen un arma sencillísima de aplicar: el teletrabajo
El envejecimiento de la población es uno de los problemas más acuciantes para las grandes economías de todo el mundo. La tasa de natalidad es un pilar en la economía de un país, ya que de ella depende la economía, el mercado laboral, la educación y la sanidad, entre otras muchas políticas.
Cuando los gobiernos hablan de “crisis de natalidad“, casi siempre recurren al mismo repertorio de soluciones: cheques bebé, deducciones fiscales o ayudas a la guardería. El problema es que, después de años aplicándolas, la fecundidad en la mayoría de países ricos sigue por los suelos. Sin embargo, un nuevo estudio plantea una nueva perspectiva: ¿y si la solución para el problema de natalidad estuviera en la forma en la que se trabaja? En ese escenario, el teletrabajo aparece como una palanca sorprendentemente potente.
Teletrabajar para tener más hijos. Un estudio llevado a cabo por investigadores de la Universidad de Stanford ha descubierto que ofrecer flexibilidad laboral y teletrabajo mejora la tasa de fecundidad en parejas en las que uno de los miembros teletrabaja.
Los investigadores no midieron el número de nacimientos (natalidad), sino el indicador de fecundidad. Es decir, el número de hijos que los participantes dicen que planean tener. El resultado es difícil de ignorar porque alguien que no dispone de tiempo libre o que considera que no podría asumir la crianza de un hijo, ni se plantea tenerlo. Es decir, no existe esa predisposición, lo cual no ayuda a que la tasa de natalidad crezca.
Según el estudio, pasar de no tener opción de teletrabajo a teletrabajar cinco días por semana, se asocia con un aumento aproximado de 0,13 hijos por mujer en términos de fecundidad prevista. Eso equivale a un incremento de entre el 7% y el 8% sobre la media del grupo analizado.
Natalidad y fecundidad no son lo mismo. Cabe destacar que hablar de natalidad y fecundidad representa escenarios diferentes, y esa confusión puede distorsionar el debate.
La natalidad es el número de nacimientos que ocurren en un país durante un periodo concreto. Es el dato más habitual al hablar de natalidad ya que determina en, términos reales, el número de nacimientos anuales, y permite confrontarlo con el número de defunciones para fijar el equilibrio demográfico.
La fecundidad, en cambio, es un indicador de fondo. Representa el número de hijos que tiene (o se espera que tenga) una mujer a lo largo de su vida. Se suele expresar como Tasa Global de Fecundidad (TGF).
La diferencia entre ambos conceptos es importante. Mientras la tasa de natalidad puede variar año a año (por ejemplo, adelantando decisiones o como respuesta a determinadas políticas) sin cambiar la tendencia estructural, la tasa de fecundidad es una métrica a largo plazo: indica si una mujer se plantea tener un solo hijo (no importa el año) o más.
Motivados para tener hijos. Ejemplos como Corea de Sur o Japón dejan constancia de lo complicado, y lo caro, que resulta cambiar una tendencia de natalidad a la baja. Es por eso que el incremento de esa intención de tener hijos, sin hacer ninguna inversión ni aplicar políticas fiscales adicionales, es muy llamativa.
Los resultados del estudio plantean que, tal vez, el camino no sea subsidiar el nacimiento de más niños, sino que la organización del trabajo de los padres sea compatible con su crianza.
No es por dinero: es por tiempo. Durante años, la respuesta política ha sido bastante predecible. Tener hijos es caro, así que hay que poner dinero encima de la mesa para aligerar esa carga. El problema es que, aunque en la mayoría de hogares necesitan dos sueldos para subsistir, el recurso realmente escaso es el tiempo para cuidar de los hijos.
El teletrabajo, y la flexibilidad horaria han reducido esa fricción diaria ya que implica menos tiempo en desplazamientos, mayor control sobre horarios y, sobre todo, mayor capacidad de reacción ante imprevistos para el cuidado de los hijos. El informe ‘Women in the Workplace’ elaborado por McKinsey mostraba que la falta de flexibilidad horaria obliga a muchas mujeres a reducir su jornada o estancar su carrera profesional.
Este punto, las conclusiones de los investigadores de Stanford encajan con los datos que Pew Research obtuvo en una encuesta anterior: incluso con las dificultades para conciliar familia y trabajo, la mayoría de los encuestados consideraban que era necesario seguir trabajando y no querían sacrificar su carrera profesional. Lo que necesitaban era un empleo que no incompatibilice la vida laboral y el cuidado de los hijos.
Necesita inversión, pero sale barato. El estudio concluye que para igualar la tasa de fecundidad que consigue el teletrabajo, sería necesario aplicar políticas fiscales e incentivos con un coste muy superior. Una guardería subvencionada puede mejorar la situación, pero ninguna de esas medidas facilita el cuidado de los hijos en el día a día, ni incentiva a las familias a tener más hijos que les compliquen todavía más la logística. La disponibilidad horaria y la flexibilidad del teletrabajo sí lo hace.
Esto no significa que la implantación del teletrabajo sea gratis. Tiene costes organizativos para las empresas, no se puede teletrabajar en todos los sectores y puede generar desigualdades entre empleados cuyos puestos sí permiten el teletrabajo y quienes no.
Imagen | Pexels (Anastasia Shuraeva)
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