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Creíamos que solo los cultivadores de marihuana estaban robando electricidad. Ahora resulta que los supermercados también

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Mientras la ciudad baja el ritmo y la mayoría de comercios echan el cierre, algunos supermercados siguen funcionando con normalidad. Abren de madrugada, mantienen las luces encendidas y las cámaras frigoríficas en marcha. Durante años, ese consumo constante apenas llamó la atención. Hasta que el pasado 2 de diciembre, una actuación conjunta de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Guardia Urbana destapó que varios supermercados de Barcelona obtenían electricidad mediante conexiones ilegales a la red.

Bajo la lupa. No fue un caso puntual ni un solo barrio. Las inspecciones se repartieron por Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Gràcia, Eixample y Ciutat Vella. En total, 26 supermercados, y en 24 de ellos la electricidad no pasaba por el contador.

La Guardia Civil abrió diligencias contra 26 personas, de nacionalidad pakistaní y bangladesí, por un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico. No eran pequeños comercios aislados. La mayoría funcionaban como supermercados franquiciados, algunos abiertos las 24 horas y pertenecientes a cadenas conocidas, según El Periódico. La actuación, bautizada como Nihari, se llevó a cabo con la colaboración de técnicos de Endesa y de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, y terminó con el corte inmediato del suministro en los establecimientos, según informó la Guardia Urbana.

Electricidad pinchada a la red. La investigación arrancó tras una denuncia presentada por Endesa ante la Guardia Civil, tal y como señala La Vanguardia. La compañía eléctrica había detectado un patrón sospechoso: comercios que, por su actividad y horarios, registraban consumos anómalos o directamente inexistentes en sus contratos.

Una vez dentro de los locales, los técnicos comprobaron que la electricidad se obtenía mediante empalmes ilegales directamente a la red general o al alumbrado público. Manipulaciones sin ningún tipo de protección ni revisión técnica, diseñadas para evitar el pago de la factura energética. El fraude asciende a 2,85 millones de kilovatios, una cifra equivalente al consumo anual de 814 viviendas.

Un delito con riesgo de incendio. La Guardia Civil recuerda, según recoge El Periódico, que las conexiones ilegales carecen de sistemas de seguridad, aislamiento adecuado y protecciones contra sobrecargas, lo que incrementa de forma notable la posibilidad de cortocircuitos e incendios.

El peligro se agrava por la ubicación de muchos de estos supermercados: bajos comerciales de edificios residenciales, con gran afluencia de personas y proximidad a garajes, trasteros y zonas comunes. En este sentido, la Guardia Urbana subraya que el fraude eléctrico no es solo un delito contra el sistema energético, sino también un problema de seguridad ciudadana.

Mucho más que luz. La operación destapó un amplio catálogo de irregularidades. Durante las inspecciones, la Policía Nacional identificó a 59 personas. De ellas, cinco han sido consideradas víctimas de explotación laboral y otras cinco se encuentran en situación administrativa irregular. 

Además, la Guardia Urbana de Barcelona levantó 87 actas por infracciones administrativas relacionadas con la seguridad, la higiene y el cumplimiento normativo. Entre ellas, salidas de emergencia bloqueadas, ausencia de extintores, baños impracticables, falta de carteles obligatorios, venta de alimentos caducados o en mal estado y ejercicio de la actividad sin licencia. 

Por su parte, la Guardia Civil incoó 16 expedientes por contrabando, etiquetado incorrecto de productos, cámaras de vigilancia no señalizadas, tickets de venta sin los datos del empresario y manipulación de básculas, con un pesaje favorable al comerciante. También se detectó la ausencia del carnet de manipulación de alimentos en algunos trabajadores. 

El mismo fraude, otro escaparate. Lo que antes se detectaba en pisos tapiados y naves industriales vinculadas al cultivo ilegal de marihuana aparece ahora en supermercados abiertos toda la noche. La investigación confirma que el fraude eléctrico ha dejado de ser un fenómeno estrictamente clandestino para instalarse, en algunos casos, en actividades aparentemente normales y de cara al público. Cambia el escenario, pero no el delito. Y tampoco los riesgos.

Imagen | Suelja y Freepik

Xataka | España se ilumina por Navidad, pero en algunos tejados surge una duda incómoda 

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La UE ya tiene fecha para cobrar, al menos, tres euros por paquete a plataformas chinas. Temu llevaba tiempo preparándose

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Comprar algo barato por internet se ha convertido en un gesto casi automático para para muchos. Un par de camisetas, un accesorio para el móvil o un pequeño gadget que cuesta poco más que un café llegan a casa en pocos días, muchas veces desde plataformas como Shein, AliExpress o Temu. No es una percepción aislada. Los propios reportes de cumplimiento bajo la Ley de Servicios Digitales muestran hasta qué punto estas plataformas se han integrado en el día a día del consumo digital en el Viejo Continente.

Ese cambio de hábitos tiene una traducción muy concreta en cifras y logística. En 2024, la Unión Europea recibió 4.600 millones de envíos de bajo valor, lo que equivale a más de doce millones al día. Según la Comisión Europea, el 91% de esos envíos procedía de China, un flujo constante que no solo ha crecido de forma exponencial en los últimos años, sino que ha puesto bajo una presión inédita a los sistemas aduaneros y de control, pensados para otro volumen y otra realidad del comercio internacional.

Qué cambios llegan y cuándo. La respuesta de Bruselas a este escenario tiene calendario y medidas concretas. Se ha acordado aplicar un arancel fijo de tres euros a ítems contenidos en pequeños envíos que entren en la Unión Europea y tengan un valor inferior a 150 euros. Estamos ante una solución transitoria que empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y que servirá de puente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo sistema aduanero europeo, con un gran nodo de datos para centralizar información y mejorar la gestión del riesgo, y con una autoridad comunitaria para coordinar y homogenizar la aplicación de las normas.

La UE lleva tiempo trabajando en una reforma estructural de su unión aduanera para unificar datos, agilizar procedimientos y reforzar la supervisión a escala comunitaria. La creación de un sistema común de información y de una autoridad aduanera europea busca corregir la fragmentación entre Estados miembros, un problema que el aumento masivo de pequeños envíos ha hecho evidente. Frente a un comercio cada vez más atomizado y de bajo valor, Bruselas aspira a un modelo distinto, con más coordinación y una aplicación más homogénea de las reglas en todo el mercado interior.

El detrás de escena de la medida. El impulso político detrás de esta reforma responde a varios frentes abiertos al mismo tiempo. Por un lado, las autoridades europeas llevan años alertando de prácticas de infravaloración que distorsionan la competencia y penalizan a los comercios que sí cumplen las reglas. A ello se suman “riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, altos niveles de fraude y preocupaciones ambientales”.

¿Cuándo se paga la tasa? La clave de esta medida está en el momento en que se activa el gravamen. El arancel de tres euros se aplica cuando la mercancía entra en la Unión Europea, es decir, en el acto de importación. Esto implica una diferencia fundamental para nuestras compras. Si el producto se envía directamente desde fuera de la UE, el envío queda sujeto a esa tasa. Las cosas cambian cuando el pedido sale de un almacén situado dentro del mercado único, el paquete no vuelve a cruzar una frontera aduanera y el gravamen no se activa en este caso porque la importación debió producirse antes.

Temu
Temu

El documento aprobado por la UE no dice en ningún momento que el consumidor vaya a pagar directamente este arancel. La norma se limita a establecer que el gravamen se aplicará sobre los bienes en el momento de su importación. A partir de ahí, la lógica del mercado apunta a que serán las plataformas, los vendedores o los operadores logísticos quienes gestionen el pago ante la autoridad aduanera y decidan después cómo integrar ese coste. En la práctica, lo más habitual es que termine reflejándose en el precio final o en los gastos del pedido, es decir, que lo veríamos reflejado en el momento del “checkout” de nuestra compra.

¿Tres euros por producto o por ítem? El documento del Consejo es preciso en un matiz clave. El arancel se define como un gravamen fijo de tres euros sobre los ítems contenidos en pequeños envíos, y no como una tasa plana por paquete ni como un recargo por cada unidad individual. Esa elección de palabras apunta a que el cálculo se vincula al contenido declarado del envío, y no únicamente a la caja en la que viaja.

A falta de una guía operativa más detallada por parte de las autoridades, y siguiendo la lógica habitual de las aduanas, esto permite interpretar que varios productos iguales se agruparían bajo un mismo ítem. Por ejemplo, si un pedido incluye tres pares de zapatillas y tres relojes, el gravamen no se aplicaría seis veces, sino una por las zapatillas y otra por los relojes. Es decir, tres euros por cada tipo de producto incluido en el envío, y no por cada unidad comprada.

Temu se adelanta al cambio. Ante este nuevo escenario, Temu lleva tiempo ajustando su modelo en Europa. La plataforma ha reforzado acuerdos con operadores logísticos locales para ampliar opciones de entrega y apoyar su programa de vendedores locales, con una apuesta por servir más pedidos desde dentro del mercado comunitario. En sus comunicaciones oficiales, la compañía señala que espera que los vendedores locales y el cumplimiento logístico dentro de la UE lleguen a representar hasta el 80% de sus ventas europeas, una estrategia que busca ganar agilidad, acortar plazos y adaptarse a un entorno regulatorio más exigente.

La pregunta clave es si este modelo compensa. Centralizar stock en la UE aporta control y velocidad, pero obliga a seleccionar mejor qué productos se ofrecen y en qué cantidades. El calendario, en cualquier caso, ya está definido y la cuenta atrás para que entren en vigor los cambios en el sistema aduanero comunitario está en marcha. Al mismo tiempo, las plataformas de comercio electrónico están empezando a responder. Todo apunta a que parte de ese ajuste acabará reflejándose en precios más altos para algunos productos procedentes de China, aunque su alcance real dependerá de cómo se reordene la logística en los próximos meses.

Imágenes | Xataka con Grok | Olga Nayda

En Xataka | En 1995 se vendió el primer producto en la historia de eBay. El único problema es que estaba roto

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Durante años los anuncios de la tele han sonado más alto sin violar ninguna ley. España ha decidido que eso se ha acabado

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Una experiencia común entre millones de espectadores: estás viendo tu serie favorita a un volumen cómodo cuando irrumpe un bloque publicitario que te obliga a lanzarte de cabeza hacia el mando a distancia. Ese sobresalto calculado podría tener los días contados en España gracias a criterios técnicos cuantificables para supervisar el nivel sonoro de los anuncios. 

La ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha establecido por primera vez una serie de criterios con el fin de que el nivel sonoro de los bloques de publicidad no supere al de los programas, según el acuerdo INF/DTSA/083/25 publicado el 20 de noviembre de 2025. La normativa extiende la regulación que desde verano de 2025 rige en la TDT a todo el ecosistema audiovisual: plataformas de streaming de vídeo como YouTube y servicios bajo demanda, aplicaciones de música como Spotify, televisión de pago y emisoras de radio convencional y digital. 

El regulador avisa de que el incumplimiento constituye una infracción leve con sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros en casos graves.

El engaño técnico: dB vs. LUFS. La industria publicitaria ha explotado durante décadas una fisura en la medición tradicional del sonido. Los decibelios convencionales registran la amplitud eléctrica de la señal, pero ignoran un factor crucial: cómo procesa el cerebro humano esa información sonora. Dos grabaciones pueden marcar valores idénticos en un medidor de picos tradicional y, sin embargo, una se percibe notablemente más fuerte que la otra.

El secreto está en la composición frecuencial. Nuestro sistema auditivo responde de forma desigual según el tono: las frecuencias medias (especialmente entre 1 y 4 kHz, donde se concentra la voz humana) nos resultan mucho más audibles que los graves profundos o los agudos extremos. Esta característica fisiológica permite a los anunciantes crear mensajes que suenan más fuertes sin violar los límites técnicos de decibelios.

El nacimiento de los LUFS. La solución llegó cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el estándar ITU-R BS.1770, adoptado en agosto de 2010 por la European Broadcasting Union. Este sistema introduce los LUFS (Loudness Units relative to Full Scale), que integran un filtro de ponderación K que replica matemáticamente la sensibilidad del oído. El resultado: una medición que refleja la percepción real, no solo la potencia eléctrica.

España se alinea con Europa. El Real Decreto 250/2025, aprobado en marzo, estableció por primera vez un parámetro objetivo para la TDT española: -23,0 LUFS con una tolerancia de ±1,0 LU (Loudness Unit). Esta cifra no es arbitraria, sino que coincide exactamente con el valor normalizado que la European Broadcasting Union lleva recomendando desde 2010. La CNMC ha dado ahora el siguiente paso y ha extendido estos criterios más allá de la televisión tradicional. 

Implementación. El regulador español ha optado por un enfoque gradual. La CNMC no exige a las plataformas reencodificar millones de horas de contenido histórico de forma inmediata. El documento permite que los operadores adopten “criterios técnicos que ofrezcan un nivel de protección equivalente”, una fórmula flexible que reconoce las características de cada medio. Pero la implementación se enfrenta a obstáculos complejos.

Mientras las cadenas tradicionales de televisión controlan cada segundo de emisión desde una sala de realización, el streaming funciona con arquitecturas distribuidas donde la publicidad se inserta dinámicamente mediante sistemas programáticos. YouTube, por ejemplo, aloja contenido generado por millones de usuarios con equipamiento dispar, desde estudios profesionales hasta smartphones. Supervisar técnicamente cada anuncio insertado en tiempo real en esta maraña se convierte en un desafío logístico considerable.

Foto de Vadim Babenko en Unsplash / Elyas Pasban en Unsplash

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20 años después de Dolly seguimos sin clonar humanos, pero frenar el envejecimiento es factible: Crossover 1×32

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En el verano de 1996, un laboratorio escocés logró un avance que alteraría para siempre nuestra comprensión de la genética y encendería intensos debates sobre la ética y las posibilidades de la clonación

Ese día nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula somática adulta. Este hito, logrado por investigadores del Instituto Roslin, abrió una nueva era en la ingeniería genética y destrozó la creencia de que solo las células embrionarias poseen el potencial para el desarrollo completo de un nuevo individuo.

Desde entonces se ha venido debatiendo sobre la posibilidad de clonar seres humanos, pero ni lo hemos hecho ni parece que vayamos a hacerlo jamás. De eso y muchas cosas más nos habla esta semana Serezade, bióloga molecular, investigadora y divulgadora científica.

Pero es que además comentamos con ella otro tema fascinante: el de cómo los últimos avances parecen estar logrando algo largamente buscado: frenar el envejecimiento

Aquí hay mucha tela que cortar, y por ejemplo el ambiente, la cultura y los hábitos moldean nuestro ADN. Pero es que además hay riesgos, ética y privacidad genética entremezclados. Y todo ello plantea una pregunta clave: ¿tiene sentido ser inmortales?

En YouTube | Crossover

En Xataka | La promesa de los 120 años se desmonta: la biología fija un techo de vida bastante difícil de romper

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