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El Gobierno vació un embalse en Cáceres para erradicar a un pez invasor. Fue peor el remedio que la enfermedad
Hace apenas ocho meses, Alcollarín se vestía de gala. Este pequeño pueblo de Cáceres, con poco más de 300 vecinos, se presentaba en la Feria Internacional de Turismo de Madrid como un rincón privilegiado para observar aves, lanzar la caña o pasear junto a su embalse, espejo azul en medio de la dehesa.
Hoy, la postal ha cambiado por completo. Donde antes brillaba el agua, ahora se extiende un lodazal salpicado de peces muertos. El aire, cargado de un olor agrio, llega hasta las calles del pueblo. Los vecinos hablan de “desastre ecológico” y miran incrédulos hacia la presa, mientras desde la Confederación Hidrográfica del Guadiana defienden que la operación era “de vital importancia” para proteger el futuro de la cuenca.
La operación que lo cambió todo. El Ministerio para la Transición Ecológica, a través de la CHG, inició un plan para erradicar la especie invasora Pseudorasbora parva —conocida como pez chino o gobio de boca súpera—, presente en el embalse y en el río Alcollarín desde 2010. Incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras y en el Reglamento europeo de especies preocupantes para la UE, su control es una obligación legal para impedir su propagación.
El plan incluía meses de despesques con barcos especializados y, como fase final, un vaciado “controlado” de la presa para facilitar la captura de ejemplares. Según ha informado la CHG, el embalse se encontraba al 100 % de su capacidad —50 hectómetros cúbicos, equivalentes a 50.000 millones de litros— antes de iniciar la operación. El problema, como han denunciado vecinos y asociaciones a El Periódico Extremadura, es que el vaciado provocó la liberación aguas abajo de miles de ejemplares, expandiendo la especie hacia los ríos Ruecas y Guadiana.
El enemigo en las aguas de Alcollarín. La Pseudorasbora parva llegó a Europa hacia 1960 y se ha expandido a más de 30 países, principalmente por introducciones ligadas a la acuicultura. En España, fue detectada por primera vez en la cuenca del Ebro en 2002 y, desde entonces, ha colonizado tramos de Cataluña, Andalucía, Madrid y Extremadura.
En el caso de Alcollarín, la especie se detectó en 2010 y, según el MITECO, su densidad en el embalse había alcanzado niveles que hacían técnicamente inviable su erradicación completa. Aun así, la CHG defendió que era urgente reducir su población para evitar su dispersión hacia nuevos cauces, especialmente ante la conexión prevista con el Canal de Orellana, y asegurar que el embalse pudiera destinarse a riego y actividades recreativas “conforme a la legislación vigente”.
Del control a la catástrofe. El contrato, adjudicado en junio de 2024 a la empresa Ingeniería y Diseños Técnicos S.A.U. por 787.861,99 euros (sin impuestos), incluía varias fases de análisis de la fauna piscíscola, instalación de barreras de contención metálicas para evitar fugas, extracción de especies autóctonas y eliminación de invasoras, y el vaciado controlado del embalse.
Sin embargo, según denuncian vecinos y colectivos como el Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex), el procedimiento no salió como estaba previsto. Los capturaderos aguas abajo se desbordaron en las fases críticas y “cientos de miles” de ejemplares invasores escaparon hacia el Ruecas y el Guadiana.
La bajada drástica del nivel de agua, sumada a las altas temperaturas, provocó además la muerte de numerosas especies autóctonas, incluido el barbo, catalogado como vulnerable. Las orillas se llenaron de peces en descomposición, las aves acuáticas abandonaron la zona y la economía local perdió, de golpe, un recurso clave para el turismo de naturaleza.
Cruce de acusaciones. La CHG sostiene que la operación fue planificada y ejecutada bajo la supervisión de un “equipo multidisciplinar de biólogos, ambientólogos e ingenieros altamente cualificados”, como ha detallado El Periódico, y reconoce solo una “mortandad puntual de barbos”. Afirma que la mayoría de ejemplares autóctonos fueron rescatados durante los despesques previos.
En cambio, Fondenex ha calificado en el mismo medio la actuación de “disparate ecológico” y acusa a la CHG de “negligencia manifiesta” por vaciar el embalse en pleno verano, sin prever usos urgentes del agua, como la extinción de incendios, y sin valorar el impacto sobre aves protegidas en la ZEPA Llanos de Zorita. El colectivo ha solicitado los informes ambientales y no descarta presentar una denuncia ante los tribunales. Además, los vecinos han denunciado que “se han cargado los únicos aspectos positivos que tiene un embalse” y cuestionan el uso de métodos “masivos y no selectivos” prohibidos por la Ley de Conservación de la Naturaleza.
Previsiones. Una vez controlada la presencia de Pseudorasbora parva, la CHG prevé reintroducir especies autóctonas con la colaboración de la Junta de Extremadura y mantener barreras y controles en futuros desembalses.
Sin embargo, los colectivos ecologistas advierten de que la recuperación ecológica y turística del embalse llevará años, y que el pez invasor ya está presente en tramos del Ruecas y del Guadiana donde antes no había llegado.
Una pregunta abierta. En Alcollarín, las versiones oficiales y las percepciones ciudadanas divergen radicalmente: para la administración, se trata de una operación técnica necesaria; para muchos vecinos, de una “catástrofe ambiental” que ha multiplicado el problema.
Más allá del caso concreto, el episodio plantea un dilema que trasciende a Extremadura: ¿qué coste ambiental y social estamos dispuestos a asumir para frenar una invasión biológica cuando la erradicación total es prácticamente imposible?
Imagen | CHGGuadiana y B. Schoenmakers
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el plan de EEUU para resucitar su industria
En el complejo tablero de la tecnología global, el poder no solo se mide en líneas de código, sino en la capacidad de dominar elementos químicos que, hasta hace poco, pasaban desapercibidos. Ahí es donde entra el galio, un metal plateado y maleable que, como explican en el Wall Street Journal, tiene la propiedad casi mágica de licuarse con el simple calor de la palma de la mano. Sin embargo, tras esa curiosidad física se esconde el sistema nervioso de la defensa moderna: a diferencia del silicio, el galio soporta voltajes extremos y resiste el calor sin pestañear, lo que lo convierte en el material irreemplazable para los radares militares, los satélites y los sistemas de guía de misiles.
Durante décadas, el mundo dependió de un solo proveedor. Hoy, en un giro de guion digno de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados han decidido que la era de la complacencia ha terminado. El plan es tan ambicioso como insólito: extraer el tesoro tecnológico de los desechos industriales, del llamado “barro rojo”.
El mercado como arma de guerra. La crisis actual no es un accidente de la cadena de suministro, sino una estrategia de Estado. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), China aplicó durante años una táctica de manual: inundar el mercado con precios artificialmente bajos para asfixiar cualquier intento de minería en Occidente. Una vez que logró el monopolio —controlando el 99% del galio refinado en 2025—, Pekín empezó a cerrar el grifo.
En el reportaje de Wall Street Journal recuerdan que en 2023 China impuso controles de exportación y, poco después, un veto total a los envíos hacia Estados Unidos. Aunque la prohibición se levantó temporalmente, el daño ya estaba hecho: el precio del galio fuera de China se triplicó, alcanzando un récord histórico de 1.572 dólares por kilo el pasado mes de enero, según informa AlCircle. Para el Pentágono, que en sus documentos oficiales ha recuperado el término histórico de “Departamento de Guerra”, esto ya no es una cuestión comercial, sino de supervivencia nacional.
El triángulo del galio. Para romper este cerco, Washington ha dejado de mirar a las minas convencionales para poner el foco en las chimeneas de las refinerías. La estrategia se despliega en un triángulo industrial que arranca en Australia. Allí, en la refinería de Wagerup, el gigante Alcoa se ha aliado con Japón y EEUU para filtrar el galio directamente del procesamiento de bauxita. El objetivo, detallado por el Wall Street Journal, es capturar el 10% de la demanda global sin abrir una sola mina nueva.
El esfuerzo cruza el Pacífico hasta las orillas del Misisipi, en Luisiana. La planta de Gramercy ha recibido una inyección de 150 millones de dólares del Pentágono para procesar sus montañas de “barro rojo”, un desecho de la producción de aluminio que ahora vale su peso en oro. El Financial Times subraya la ambición del proyecto: esta sola planta aspira a cubrir la demanda total de galio estadounidense. El triángulo se cierra en Tennessee, donde la surcoreana Korea Zinc lidera una inversión milmillonaria para rescatar el metal estratégico de los residuos del refinado de zinc.
¿Un mercado blindado contra Pekín? A pesar de la lluvia de millones, el camino está lleno de trampas económicas. El profesor Ian Lange, de la Escuela de Minas de Colorado, advierte en el Wall Street Journal que el mercado del galio es “peligrosamente pequeño”. Si Occidente aumenta la producción demasiado rápido, los precios podrían colapsar, haciendo que las nuevas plantas no sean rentables antes ni siquiera de empezar.
Para evitar este escenario, la Casa Blanca ha desplegado una red de seguridad financiera. Se trata del Project Vault, una reserva estratégica de 12.000 millones de dólares, diseñada para garantizar la compra de estos minerales y proteger a gigantes como General Motors o Google de la volatilidad. Esta medida se alinea con la propuesta del CSIS de crear un “mercado ancla”, un mecanismo donde los aliados del G7 establezcan cuotas obligatorias de compra, blindando la producción occidental frente al dumping chino.
El futuro se escribe átomo a átomo. Ya no basta con diseñar el mejor software; ahora es imperativo poseer la materia que lo hace funcionar. Entre el “barro rojo” de Luisiana y las refinerías de Australia, Occidente intenta demostrar que puede recuperar su soberanía tecnológica. Mientras Pekín mantenga su capacidad de hundir precios a voluntad, estos proyectos dependerán del soporte vital del Estado. La gran batalla por el galio es, en última instancia, un pulso de resistencia para ver quién sostiene el suministro de los chips que moverán el mundo del mañana.
Imagen | AndrewDaGamer y Freepik
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el plan de EEUU para resucitar su industria
En el complejo tablero de la tecnología global, el poder no solo se mide en líneas de código, sino en la capacidad de dominar elementos químicos que, hasta hace poco, pasaban desapercibidos. Ahí es donde entra el galio, un metal plateado y maleable que, como explican en el Wall Street Journal, tiene la propiedad casi mágica de licuarse con el simple calor de la palma de la mano. Sin embargo, tras esa curiosidad física se esconde el sistema nervioso de la defensa moderna: a diferencia del silicio, el galio soporta voltajes extremos y resiste el calor sin pestañear, lo que lo convierte en el material irreemplazable para los radares militares, los satélites y los sistemas de guía de misiles.
Durante décadas, el mundo dependió de un solo proveedor. Hoy, en un giro de guion digno de la Guerra Fría, Estados Unidos y sus aliados han decidido que la era de la complacencia ha terminado. El plan es tan ambicioso como insólito: extraer el tesoro tecnológico de los desechos industriales, del llamado “barro rojo”.
El mercado como arma de guerra. La crisis actual no es un accidente de la cadena de suministro, sino una estrategia de Estado. Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS, por sus siglas en inglés), China aplicó durante años una táctica de manual: inundar el mercado con precios artificialmente bajos para asfixiar cualquier intento de minería en Occidente. Una vez que logró el monopolio —controlando el 99% del galio refinado en 2025—, Pekín empezó a cerrar el grifo.
En el reportaje de Wall Street Journal recuerdan que en 2023 China impuso controles de exportación y, poco después, un veto total a los envíos hacia Estados Unidos. Aunque la prohibición se levantó temporalmente, el daño ya estaba hecho: el precio del galio fuera de China se triplicó, alcanzando un récord histórico de 1.572 dólares por kilo el pasado mes de enero, según informa AlCircle. Para el Pentágono, que en sus documentos oficiales ha recuperado el término histórico de “Departamento de Guerra”, esto ya no es una cuestión comercial, sino de supervivencia nacional.
El triángulo del galio. Para romper este cerco, Washington ha dejado de mirar a las minas convencionales para poner el foco en las chimeneas de las refinerías. La estrategia se despliega en un triángulo industrial que arranca en Australia. Allí, en la refinería de Wagerup, el gigante Alcoa se ha aliado con Japón y EEUU para filtrar el galio directamente del procesamiento de bauxita. El objetivo, detallado por el Wall Street Journal, es capturar el 10% de la demanda global sin abrir una sola mina nueva.
El esfuerzo cruza el Pacífico hasta las orillas del Misisipi, en Luisiana. La planta de Gramercy ha recibido una inyección de 150 millones de dólares del Pentágono para procesar sus montañas de “barro rojo”, un desecho de la producción de aluminio que ahora vale su peso en oro. El Financial Times subraya la ambición del proyecto: esta sola planta aspira a cubrir la demanda total de galio estadounidense. El triángulo se cierra en Tennessee, donde la surcoreana Korea Zinc lidera una inversión milmillonaria para rescatar el metal estratégico de los residuos del refinado de zinc.
¿Un mercado blindado contra Pekín? A pesar de la lluvia de millones, el camino está lleno de trampas económicas. El profesor Ian Lange, de la Escuela de Minas de Colorado, advierte en el Wall Street Journal que el mercado del galio es “peligrosamente pequeño”. Si Occidente aumenta la producción demasiado rápido, los precios podrían colapsar, haciendo que las nuevas plantas no sean rentables antes ni siquiera de empezar.
Para evitar este escenario, la Casa Blanca ha desplegado una red de seguridad financiera. Se trata del Project Vault, una reserva estratégica de 12.000 millones de dólares, diseñada para garantizar la compra de estos minerales y proteger a gigantes como General Motors o Google de la volatilidad. Esta medida se alinea con la propuesta del CSIS de crear un “mercado ancla”, un mecanismo donde los aliados del G7 establezcan cuotas obligatorias de compra, blindando la producción occidental frente al dumping chino.
El futuro se escribe átomo a átomo. Ya no basta con diseñar el mejor software; ahora es imperativo poseer la materia que lo hace funcionar. Entre el “barro rojo” de Luisiana y las refinerías de Australia, Occidente intenta demostrar que puede recuperar su soberanía tecnológica. Mientras Pekín mantenga su capacidad de hundir precios a voluntad, estos proyectos dependerán del soporte vital del Estado. La gran batalla por el galio es, en última instancia, un pulso de resistencia para ver quién sostiene el suministro de los chips que moverán el mundo del mañana.
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El esfuerzo cruza el Pacífico hasta las orillas del Misisipi, en Luisiana. La planta de Gramercy ha recibido una inyección de 150 millones de dólares del Pentágono para procesar sus montañas de “barro rojo”, un desecho de la producción de aluminio que ahora vale su peso en oro. El Financial Times subraya la ambición del proyecto: esta sola planta aspira a cubrir la demanda total de galio estadounidense. El triángulo se cierra en Tennessee, donde la surcoreana Korea Zinc lidera una inversión milmillonaria para rescatar el metal estratégico de los residuos del refinado de zinc.
¿Un mercado blindado contra Pekín? A pesar de la lluvia de millones, el camino está lleno de trampas económicas. El profesor Ian Lange, de la Escuela de Minas de Colorado, advierte en el Wall Street Journal que el mercado del galio es “peligrosamente pequeño”. Si Occidente aumenta la producción demasiado rápido, los precios podrían colapsar, haciendo que las nuevas plantas no sean rentables antes ni siquiera de empezar.
Para evitar este escenario, la Casa Blanca ha desplegado una red de seguridad financiera. Se trata del Project Vault, una reserva estratégica de 12.000 millones de dólares, diseñada para garantizar la compra de estos minerales y proteger a gigantes como General Motors o Google de la volatilidad. Esta medida se alinea con la propuesta del CSIS de crear un “mercado ancla”, un mecanismo donde los aliados del G7 establezcan cuotas obligatorias de compra, blindando la producción occidental frente al dumping chino.
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