Hay una razón muy concreta por la que miles de españoles dedican años de su vida a preparar oposiciones para convertirse en funcionarios públicos. No es solo la estabilidad laboral que ofrece trabajar para las Administraciones públicas. También se trata de salarios.

Los números lo confirman con una claridad que pocas veces se debate abiertamente: ¿tienen un salario muy alto los funcionarios o son los sueldos de los empleados del sector privado los que se han quedado atrás?

No es solo por estabilidad, también es por el sueldo. Según datos de la última Estadística de Bases Medias de Cotización del Régimen General de la Seguridad Social, la base media de cotización de los trabajadores de la Administración Pública se situó en 2.853,5 euros mensuales en septiembre de 2025. El nivel más alto registrado hasta la fecha. Este dato, que sirve como referencia media del salario bruto mensual, sitúa al empleo público como la quinta actividad mejor retribuida de entre las 21 categorías analizadas por la estadística de este organismo.

Lo más llamativo no es solo el importe del salario, sino lo que significa en comparación con el resto de sectores. Mientras que la media salarial del sector privado se ha mantenido en el umbral de los 2.200 euros al mes desde noviembre de 2024, los trabajadores de la Administración ya superaban los 2.800 euros en ese mismo periodo. Esta ventaja se ha mantenido estable e incluso ha crecido durante 2025.​

Una brecha de 579 euros al mes. Concretándolo en cifras, la diferencia promedio entre lo que cobra un empleado público y uno en la misma actividad del sector privado supera ya los 579 euros mensuales. Eso implica que la nómina que reciben los funcionarios de la Administración es un 20,3% más alta que la del conjunto de la economía.

Si se tiene en cuenta únicamente la comparativa con los trabajadores afiliados al Régimen General, esa brecha asciende hasta el 25,46%: Esta brecha salarial entre el sector público y el privado no es nueva, pero sí está en un momento de máxima expansión. El informe del Banco de España que analizaba datos de 2021 ya situaba la ventaja del sector público en el 24,97% respecto al privado, una cifra que triplicaba la diferencia media de la zona euro entre el sector público y el privado, situándose en apenas un 8%.

Según recogía ABC en países como Francia esta se reduce hasta el 13% con respecto al sector privado. En cambio, en Alemania, los sueldos de los funcionarios son prácticamente iguales, e incluso, algunos funcionarios cobran menos que sus homólogos en el sector privado.

¿Cobran mucho los funcionarios o los salarios no han subido lo suficiente? El Ministerio de Función Pública alcanzó en diciembre de 2025 un acuerdo con CSIF, UGT y CCOO para incrementar un 1,5% los salarios de los más de 3,5 millones de empleados públicos en España. Esta subida forma parte de un plan que prevé subidas acumuladas del 11% hasta 2028.

Mientras tanto, aunque la media salarial ha subido impulsada por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional estas subidas solo afecta a los salarios más precarios. El resto de percentiles han registrado subidas más irregulares y dependientes de la negociación colectiva por sectores. El resultado es que, en los últimos cinco años, los sueldos públicos han crecido un 14%, frente al 18% del sector privado. Sin embargo, la base de partida del empleo público era ya tan elevada que la brecha absoluta sigue siendo insalvable. Es decir, los salarios más bajos de la Administración son mucho más altos que los del sector privado.

La Administración también busca talento. El atractivo del empleo público no se explica únicamente por el salario. A la ventaja económica se suma una estabilidad laboral que el sector privado raramente puede ofrecer. Eso explica que, según un estudio del portal OpositaTest, en 2023 el 68% de los hombres y el 72% de las mujeres cambiarían un empleo estable en el sector privado por una plaza pública. Además, el sector público mantiene su apuesta por la flexibilidad del teletrabajo siempre que el puesto lo permita, mientras que el sector privado se ha movido hacia la presencialidad, aunque el puesto lo permita.

De acuerdo a lo publicado por Expansión, la distribución interna de los salarios también revela que en los tres deciles de renta más altos, con sueldos medios de 2.807 euros al mes, 3.385 euros y 5.213 euros brutos mensuales, se concentra una mayoría de empleados públicos.

En cambio, solo el 22% de los trabajadores del sector privado alcanza esas franjas salariales. Es decir, el empleo público no solo mejor, también ofrece mayor probabilidad de acceder a los niveles salariales más elevados, algo que explica por qué las plazas de oposiciones en España siguen siendo tan disputadas.​

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Imagen | Unsplash (Beatriz Cattel)

Las gafas inteligentes son una realidad, y no desde ayer. Llevamos tiempo hablando de ellas, probándolas y contando qué pueden hacer, desde grabar hasta integrarse en el ecosistema del móvil. No es exagerado decir que van a estar cada vez más presentes en la sociedad. La cuestión es qué ocurre cuando entran en un examen donde todos los aspirantes deben competir en las mismas condiciones, sin ventajas externas ni atajos tecnológicos.

El caso. El 24 de enero, durante la celebración del MIR 2026 en Santiago de Compostela, los responsables de vigilancia detectaron a un aspirante que utilizaba gafas y un reloj inteligentes, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por medios como El Mundo y 20Minutos. Los dispositivos fueron retirados y el candidato pudo completar la prueba, pero la decisión administrativa posterior fue contundente: su examen se calificó con un cero. Como podemos ver, el incidente se detectó en el momento, dentro del aula, pero no trascendió públicamente hasta semanas después.

Un examen que decide carreras. El MIR, siglas de Médico Interno Residente, es la vía obligatoria para que un graduado en Medicina pueda convertirse en especialista en España. La prueba, convocada por el Ministerio de Sanidad, se compone de 200 preguntas tipo test, con cuatro opciones y una única respuesta válida, además de cuestiones de reserva, y se extiende durante cuatro horas y media. A partir de la nota obtenida se establece un orden que determina la elección de especialidad y destino.

Las incógnitas. No se ha detallado qué modelo de gafas ni qué reloj llevaba el aspirante, ni cuál fue exactamente el método que intentó emplear. Tampoco se ha informado de si había algún otro dispositivo implicado o si existía coordinación con terceros fuera del aula. Por ahora, lo único confirmado es la presencia de esos wearables durante la prueba y la sanción posterior. Esa falta de datos obliga a separar con cuidado los hechos de las hipótesis y a evitar conclusiones que no estén respaldadas por información oficial.

¿Gafas de Meta? Modelos como las Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan cámara de 12 MP, altavoces abiertos y funciones de inteligencia artificial orientadas a identificar objetos o traducir textos en tiempo real. La propia ayuda oficial de Meta explica que permiten “compartir tu vista” durante una videollamada en Messenger, WhatsApp o Instagram, alternando entre la cámara de las gafas y la del teléfono. Nada de esto implica que ese fuera el dispositivo utilizado en el MIR 2026, pero sí ayuda a entender qué capacidades existen ya en el mercado.

Una polémica que venía desde antes. El debate sobre los controles del MIR 2026 ya estaba abierto antes de conocerse este episodio. Varios aspirantes cuestionaron públicamente el resultado de la número 1 del examen, mientras ella lo negó de forma tajante. En paralelo, el presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa Moya, declaró a EFE que no desean poner el foco en nadie concreto, pero afirmó que han recibido múltiples testimonios sobre copia con el móvil, ausencia de vocales experimentados en muchas sedes y otras irregularidades. Según añadió, también se ha constatado “algún caso de gafas de inteligencia artificial (IA)”, y “podría haber muchos más”.

Argentina como espejo. Un antecedente reciente ayuda a entender por qué estas situaciones generan inquietud. Según AP, el Ministerio de Salud argentino investigó a mediados del año pasado a un aspirante que habría grabado el Examen Único de residencia con una cámara oculta en sus anteojos. La principal hipótesis oficial apuntaba a un sistema en el que el candidato filmaba las preguntas, salía al baño y enviaba el material a terceros para recibir las respuestas antes de regresar al aula. Las autoridades describieron el método como un “ida y vuelta bastante sofisticado, pero efectivo”. Si bien este caso no es extrapolable automáticamente a España, ilustra cómo la combinación de cámara y conexión puede alterar la lógica de control tradicional.

La vulnerabilidad es general. El contexto fuera del aula. Lo ocurrido en el MIR se suma a una conversación más amplia sobre el uso indebido de gafas conectadas. En Xataka ya hablamos de la detención en Barcelona de un hombre que había grabado a numerosas mujeres con unas Ray-Ban Meta, un caso que puso el foco en la facilidad con la que estas cámaras pueden integrarse en la vida cotidiana. Aunque el dispositivo incorpora un LED que indica grabación y emite un sonido al activarse, existen métodos para “camuflarlo”.

El aviso. Lo ocurrido en el MIR 2026 introduce una señal de alerta en un examen que condiciona la carrera de miles de médicos. El Ministerio subrayó que el caso demuestra que “sí se vigila” y lo presenta como prueba de que los controles funcionan al haberse detectado en el aula. Aun así, la irrupción de wearables conectados plantea un desafío evidente para cualquier prueba presencial de alta exigencia. La cuestión ahora no es solo quién intentó copiar, sino si los protocolos actuales están preparados para la evolución tecnológica.

Imágenes | Xataka con Nano Banana | Wikimedia Commons

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De momento es una Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados pero es mucho más que eso. Es la confirmación de que el Gobierno llevará a debate cuándo un conductor debe entrar a la cárcel en caso de exceso de velocidad. La propuesta del PSOE es reducir este margen que, ahora, obliga a circular por ciudad a más de 60 km/h la velocidad permitida.

10 km/h. No es mucho pero sería una diferencia sustancial. Hasta ahora, un conductor que supera la velocidad máxima permitida dentro de ciudad en 60 o más km/h se enfrenta a una pena de cárcel. Fuera de ciudad, la velocidad tiene que superar los 80 km/h por encima del límite máximo permitido.

Con el cambio de reglamento que quiere sacar adelante el Gobierno, la idea es que estos límites se rebajen en 10 km/h. Es decir, que un conductor tenga que enfrentar la cárcel si supera los 50 km/h en ciudad y los 70 km/h en carreteras fuera de poblado. 

“Permisividad o laxitud excesiva”. Es como la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados califica los actuales umbrales para determinar qué es delito y qué no cuando nos saltamos los límites de velocidad. Actualmente, los límites son los siguientes. 

Ciudad: 

• Calles a 20 km/h: cárcel a partir de 80 km/h
• Calles a 30 km/h: cárcel a partir de 90 km/h
• Calles a 50 km/h: cárcel a partir de 110 km/h

Carretera fuera de poblado: 

• Carretera a 90 km/h: cárcel a partir de 170 km/h
• Carretera a 100 km/h: cárcel a partir de 180 km/h
• Carretera a 120 km/h: cárcel a partir de 200 km/h

Los argumentos. Para impulsar este cambio normativo, el Gobierno señala que la Unión Europea está impulsando los cambios para reducir los accidentes en carretera. Así se entiende los límites de velocidad más restrictivos en buena parte de Europa, aunque Alemania siga disfrutando de carreteras que carecen de ellos (a debate hoy en día) y países que quieren aumentarlos a 150 km/h. 

Pero, además, el PSOE se escuda en que un aumento del 1% en la velocidad tiene un impacto del 4% en las consecuencias del mismo. Por lo tanto, el impacto provocado en un accidente por exceso de velocidad, que según cuentas de la DGT está presente en el 22% de los siniestros, es de crecimiento exponencial. 

Además, la nueva redacción hace hincapié en las consecuencias en ciudad, donde el exceso de velocidad conlleva consecuencias más grave sobre la salud de personas vulnerables como peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y motoristas.

¿Hay motivos? Lo cierto es que el exceso de velocidad es, detrás de las distracciones, la primera causa de accidentes de nuestro país. Y sus consecuencias son especialmente graves en ciudad. 

Según la DGT, el 5% de los peatones atropellados a 30 km/h fallecen. A 50 km/h, el riesgo aumenta al 50% y a 80 km/h la muerte es casi segura. Y en carretera, se considera que un impacto a 120 km/h se traduce en una caída de un decimocuarto piso. A 180 km/h el impacto equivale a la caída de un piso 36.

¿Qué pasaría con los conductores? Actualmente, los excesos de velocidad en más de 60 km/h en ciudad y más de 80 km/h fuera de ella son considerados delitos, como los positivos en alcohol y drogas. Eso quiere decir que el conductor, además de la sanción económica, se enfrenta a pena de cárcel de tres a seis meses que no tiene por qué cumplirse en la primera ocasión. 

Eso sí, aunque no se superan los dos años de condena, un juez tiene potestad para decidir si manda al conductor a prisión. Y también si le impone una multa económica, que se calcula en función del daño causado o el riesgo al que ha sometido a otros conductores y agentes del tráfico si no se hubiera producido ningún accidente, de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 90 días. Además, se privaría del carnet de conducir de uno a cuatro años.

¿Saldrá adelante? Eso es algo que el Congreso de los Diputados tiene ahora que debatir. Tanto desde la DGT como desde el Gobierno han venido impulsando en los últimos tiempos medidas más restrictivas contra los excesos al volante. Bajo la batuta de Pedro Sánchez, las sanciones por el uso del teléfono móvil se han agravado y se ha introducido la obligación de contar con seguro y matrícula si tienes un patinete. 

Del mismo modo, se ha tratado de impulsar un cambio en los límites de alcohol que impedirían a una persona conducir apenas hubiera tomado una cerveza o una copa de vino. Sin embargo, esta reforma sigue en el aire. 

Foto | Max De Angelo

En Xataka | Un pueblo de Francia ha logrado reducir la velocidad de sus coches. Sin radares ni semáforos ni badenes