Estados Unidos ha cortado el grifo del modelo de IA más potente, caro y avanzado jamás lanzado por Anthropic, pero lo ha hecho en un movimiento desconcertante y con letra pequeña.

Ayer 12 de junio, la Casa Blanca ordenó a Anthropic apagar inmediatamente Fable 5 y Mythos 5 para cualquier persona que no sea ciudadana estadounidense. La orden llegó sin dar demasiadas explicaciones sobre su duración ni justificación técnica, según el comunicado público de Anthropic. Esta intervención gubernamental marca un antes y un después en el sector tecnológico moderno: no están restringiendo la venta de chips (una práctica habitual), sino vetando el acceso de un software de acceso general por una cuestión de ciberseguridad nacional.

Qué está pasando con Fable 5 y Mythos 5. El gobierno estadounidense ha emitido una directiva de control de exportaciones que suspende todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 para cualquier persona que no tenga la ciudadanía estadounidense, esté dentro o fuera de Estados Unidos. Esto incluye personal de Anthropic que no sea estadounidense. Para poder ceñirse a la directiva que entró en vigor de forma inmediata, la empresa liderada por Dario Amodei ha tenido que desactivar ambos modelos para todo el mundo. En el momento de publicar este artículo, aparece el aviso al intentar acceder.

Según Anthropic, el gobierno cree haber descubierto una forma de hacer jailbreak al modelo. La empresa no está de acuerdo: tras revisar la demo de esa técnica para engañar al modelo, concluye que las vulnerabilidades encontradas son menores, ya estaban localizadas y aplicables a otros modelos del mercado pueden identificarlas sin necesidad de ninguna técnica de elusión.

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Por qué es importante. Porque Mythos es un modelo específicamente diseñado para ciberseguridad y su apagón afecta tanto a usuarios comerciales como a esas entidades encargadas de la gestión activa de defensa que lo están usando. Con esta medida, Washington convierte su software de vanguardia de IA en un activo de seguridad nacional. Cabe recordar que Anthropic ya está en la lista negra del Pentágono, por lo que la considera demasiado peligrosa para que la use su Gobierno. Ahora también es demasiado peligrosa como para que la usen extranjeros. 

Además, como señala Anthropic, marca un peligroso precedente: si el criterio para retirar un modelo es que alguien encuentre una vulnerabilidad, en la práctica no va a poder lanzarse ninguno porque que levante la mano la empresa que lanza software sin un solo fallo. Es decir, si la Casa Blanca hace de este movimiento excepcional la norma, será un tiro en el pie para desarrollar modelos de vanguardia: lanzamientos más lentos por ese proceso “imposible” de depuración, personal diezmado al no poder contar con especialistas extranjeros y si no pueden comercializarse fuera habrá menos ingresos. 

Contexto. Esta orden es el último capítulo de un culebrón de desencuentros entre Washington y Anthropic que data desde principios de año. En marzo, el Pentágono consideró que la empresa era un “riesgo para la cadena de suministro”. En su comunicado, Anthropic ha verificado que ese nivel de capacidad que el gobierno identificó como peligroso en Fable 5 ya está disponible en otros modelos del mercado, incluyendo el GPT-5.5 de OpenAI, anterior y más difundido que Mythos. Sin embargo, esa versión de ChatGPT no ha sufrido ninguna suspensión. La asimetría de trato entre OpenAI y Anthropic es evidente.

El contexto geopolítico también es importante: Estados Unidos y China están inmersos en una carrera tecnológica sin precedentes en las últimas décadas y cada potencia está jugando sus armas, desde aranceles a materiales críticos como las tierras raras a vetos a la venta de chips, software EDA o el Export Control Reform Act  de 2018, donde caben nuevas categorías tecnológicas como los modelos de IA más avanzados. Eso sí, para el gigante asiático cada obstáculo ha funcionado como una suerte de catalizador para avanzar más rápido y ser cada vez más independiente de tecnologías ajenas.

En detalle. El mecanismo de ejecución de la orden se apoya en la “directiva de control de exportaciones” gestionada por el Departamento de Comercio. En la práctica, significa que para acceder a Fable 5 o Mythos 5 siendo ciudadano extranjero (aunque estés en Estados Unidos) es motivo de infracción. 

Anthropic intentó anticiparse al problema con miles de horas de pruebas con el gobierno estadounidense, lo compartió con 40 organizaciones que gestionan infraestructura crítica y después, con otras 150 entidades más precisamente para que encontrasen y así poder corregir vulnerabilidades antes de que un tercero con intereses maliciosos lo hiciera después. No ha sido suficiente.

Porque Mythos es un modelo específicamente diseñado para ciberseguridad. Antes de su despliegue público, Anthropic lo compartió con organizaciones que gestionan infraestructura crítica precisamente para que encontrasen y así poder corregir vulnerabilidades antes de que un tercero con intereses maliciosos lo hiciera. Su apagón afecta tanto a usuarios comerciales como a esas entidades encargadas de la gestión activa de defensa. 

Sí, pero. De momento, Anthropic cumple con la orden, pero deja claro que no está de acuerdo y que está trabajando para solucionarlo: “Creemos que se trata de un malentendido y estamos trabajando para restablecer el acceso lo antes posible.” La empresa detrás de Claude dice apoyar al gobierno en el bloqueo de tecnologías realmente peligrosos, pero que ese proceso tiene que ser transparente, justo y basado en hechos técnicos reales. En pocas palabras, que no ha dicho la última palabra.

Por otro lado, la pregunta del millón está en si el gobierno de EEUU puede aplicar la ley de control de exportaciones, inicialmente diseñada para chips, satélites o software crítico y específico, sobre un modelo de IA disponible por internet y de uso general. De hecho, este movimiento normativo pone sobre la mesa la importancia de contar con una ley clara que defina cuándo, cómo y con qué garantías un gobierno (en este caso, el de Estados Unidos) puede intervenir.

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Portada | Gemini y Claude

“¡Alcalde! ¿Dónde estás?”. El grito retumbó este miércoles en la céntrica plaza de San Marcelo. Según las crónicas locales, cientos de personas acudieron a la llamada de la Asociación de Vecinos Barrio de la Lastra para intentar detener la construcción de la gigantesca planta de biomasa proyectada en el sur de la ciudad. El punto es que no se trata de una marcha aislada: los vecinos de La Lastra y Puente Castro han unido fuerzas en una movilización conjunta que refleja el hartazgo de los barrios del sur ante un impacto ambiental inminente.

Pero más allá del ruido de las pancartas, hay un miedo muy concreto. Tal y como explica Ruth Sanz, portavoz vecinal de La Lastra, el gran problema oculto llegará “cuando el viento cambie de dirección”. La advertencia ciudadana es tajante: si la planta entra en funcionamiento, no solo llegará olor a otros barrios de la capital, sino que el aire arrastrará sustancias nocivas. Por ello, con el lema de “nuestra salud no se vende”, los vecinos exigen paralizar las excavadoras.

El inicio de la indignación. Para entender este estallido social hay que mirar a los despachos. Como detalla la revista especializada Retema, el proyecto impulsado por la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento pretende crear una “Red de Calor Sostenible”. A través de Somacyl, la administración autonómica busca construir una central térmica que abastezca de calefacción y agua caliente a más de 28.000 viviendas y 150 edificios de la capital. Sin embargo, la indignación tiene también un componente político. Como subraya el Heraldo de León, los vecinos acusan directamente al alcalde socialista, José Antonio Diez, de una grave incoherencia: recuerdan que, cuando estaba en la oposición, encabezó las protestas contra una planta de biomasa similar en Cantamilanos, y ahora permite una instalación que es siete veces mayor.

Además, el enfado vecinal radica en cómo se ha gestado. Según revela elDiario.es, la Junta ha tramitado este inmenso complejo de 22 hectáreas —ubicado a los pies de la ciudad, junto al cementerio municipal y los ríos Torío y Bernesga— bajo la controvertida figura de ‘Proyecto Regional’. Este movimiento administrativo sirve, tal y como explica este medio, para “blindar” el complejo, unificar contratos por la vía de urgencia, acelerar expropiaciones y esquivar las trabas urbanísticas de índole local.

¿Energía verde o riesgo ambiental? ¿Energía verde o riesgo ambiental? El proyecto escenifica un choque frontal de realidades. En el discurso oficial, es la iniciativa ecológica definitiva ya que las administraciones defienden que la infraestructura es clave para la descarbonización. Prometen que permitirá apagar progresivamente más de 1.200 calderas de combustibles fósiles, evitará la emisión de 35.000 toneladas de CO₂ anuales y logrará que las comunidades de vecinos ahorren entre un 20% y un 30% en su factura.

El reverso oscuro de esta “promesa verde” lo aportan los defensores del entorno. Tal y como argumenta Ecologistas en Acción en sus alegaciones, la instalación de estas dimensiones cerca de zonas habitadas es ambientalmente insostenible. La entidad advierte de que la combustión a nivel industrial provocará emisiones altamente peligrosas, liberando al aire “benzopireno, metales pesados y partículas”. Además, los ecologistas tiran por tierra el argumento de la sostenibilidad de los recursos. El complejo engullirá hasta 128.000 toneladas anuales de astillas forestales —un volumen que amenaza con sobreexplotar los montes— y consumirá la friolera de 35.000 metros cúbicos de agua de la red urbana, sin que el Ayuntamiento haya emitido informes técnicos que garanticen que esto no afectará al suministro de la población.

Cifras faraónicas y fango legal. El tamaño del proyecto resulta difícil de asimilar sin asomarse a los datos puros. Según los datos técnicos desgranados por León Noticias, el horizonte del sur leonés quedará modificado por la instalación de cuatro enormes chimeneas de 35 metros de altura (una cota equivalente a un bloque de viviendas de once plantas). A nivel logístico, la actividad de los hornos generará cada año 4.480 toneladas de ceniza, escorias y polvo, y provocará un incesante trasiego diario de hasta 20 camiones pesados por el barrio. Con semejante impacto en el horizonte, la batalla ya no solo está en la calle, sino en los tribunales. Como reporta Heraldo de León, el proyecto se encuentra profundamente judicializado. Los vecinos y ecologistas están a la espera de que el Juzgado resuelva un recurso contencioso-administrativo presentado contra las licencias municipales concedidas para la red de tuberías.

La opacidad del proceso ha avivado la llama de la sospecha. La portavoz vecinal denunció en la plaza de San Marcelo que las obras se iniciaron “sin las licencias pertinentes”, tildando la operación de un “negocio de dos”. La indignación y la desconfianza llegan a tal punto que los vecinos han llegado a augurar que en el futuro este caso “saltará por los aires” igual que hizo la conocida ‘Trama Eólica’, demostrándose que todo responde a «intereses de ciertas personas y no a un bien común.

La cuenta atrás de León. Mientras los jueces deliberan y las movilizaciones no cesan, el reloj corre. Ha comenzado una cuenta atrás inapelable: hay un límite legal de cinco años para que las infraestructuras tomen forma o, por el contrario, el proyecto decaiga definitivamente.

La ciudad de León se asoma así a una encrucijada histórica. En un lado de la balanza, el sueño institucional de erigirse como una urbe pionera en Europa en transición energética e independencia térmica. En el otro, el terror de miles de familias que ven cómo se instala un monstruo industrial en la puerta de sus casas. En los próximos años se decidirá el desenlace; mientras tanto, los barrios del sur seguirán saliendo a la calle, mirando con recelo al cielo y esperando que la justicia actúe antes de que cambie el viento.

Imagen | Wikieditorarigurosa y Asociación de Vecinos Barrio de La Lastra

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