Este invierno que está llegando a su fin está siendo más frío de lo previsto, algo que como hemos visto ha causado estragos. Sin ir más lejos, ha habido aviones que no han podido volar por falta de anticongelante. Si hablamos de gas para calefacciones, el almacenamiento también ha llegado a los números rojos: los Países Bajos tienen una reserva de aproximadamente el 12%, Alemania y Francia rondan el 21%, según datos de AGSI. 

En ese escenario bajo mínimos, hay dos países que se salen de la norma: España y Portugal, con unas reservas del 56,87%  y un 76,7%, respectivamente. Eso sí, la diferencia en capacidad es abismal: 3,57 TWh del primero por 35,9 TWh del segundo. No es algo casual: es que el estado español tiene una infraestructura particular que le ha llevado a este punto. 

El contexto. El conflicto entre Ucrania y Rusia que empezó en 2022 aceleró la independencia del viejo continente del gas ruso. Entre las medidas de Bruselas, una norma de emergencia por la cual todos los estados miembros de la UE debían empezar el invierno con sus reservas de gas al 90% para asegurar el suministro.

Sin embargo, en 2025 la UE decidió mantener ese objetivo del 90% pero relajando la norma para optimizar costes. Esta mayor flexibilidad unida a un invierno más duro de lo previsto ha traído un fin de invierno con unas reservas que marcan mínimos en el último lustro. 

El crudo invierno europeo. A mediados de enero los depósitos cayeron por debajo del 50%. Si el invierno termina con una capacidad del 30%, Europa tendrá que inyectar 60.000 millones de metros cúbicos de gas. Para hacernos a la idea, aproximadamente el consumo anual de gas de toda Alemania. 

En resumen, Europa tiene que rellenar sus depósitos en verano y va a necesitar muchísimo gas importado para hacerlo, lo que implica salir al mercado y enfrentarse a otros competidores y la logística de traerlo hasta aquí en un escenario geopolítico cada vez más complicado. 

La estrategia española. El sistema de almacenamiento de gas español se sustenta en dos pilares: el almacenamiento subterráneo y la regasificación de GNL. La segunda pata es providencial, en tanto en cuanto es donde España marca la diferencia y además, es toda una potencia. De hecho, España posee el 35% de toda la capacidad de almacenamiento de GNL de la UE, como recoge Sedigas. 

Su enorme capacidad de regasificación posibilita la diversificación de origen, con EEUU como primer proveedor con un el 44,4% del gas total y otros 15 países distintos después, según datos de Enagás. España dispone de una infraestructura de siete plantas que hace posible la recepción de barcos GNL con diferentes procedencias, asegurando así el suministro en caso de que por cualquier percance (problemas técnicos, conflictos, decisiones políticas) alguno falle. 

España empezó el invierno tomando decisiones. Pese a que la estrategia anterior le hace partir con ventaja frente a otros estados miembro, España adoptó una estrategia conservadora al afrontar este invierno 25/26 ajustando para concentrar las reservas en enero y febrero, los más fríos y con más demanda. Una decisión de gestión para no desperdiciar ese colchón antes de tiempo. 

Acertó de pleno: en enero el consumo de gas subió un 10,2% respecto al año anterior, con un aumento del 30% en el destinado para generar electricidad porque las renovables aportaron menos de lo esperado. 

España juega en otra liga. Gracias a su infraestructura, España ya no solo consume gas: lo reexporta. Se ha convertido en un hub para redistribuir gas hacia  Europa como una suerte de plataforma logística energética, aportando valor geopolítico y económico a un estado que, por su situación geográfica, está aislado (lo que por ejemplo en el terreno eléctrico le juega una mala pasada)

¿Hay riesgo real? Si bien es cierto que no entra dentro de lo esperable que haya desabastecimiento generalizado, sí que hay riesgos localizados en Europa. Como sintetiza El Economista, España tiene precedentes de niveles similares, como 2016, 2017, 2019, 2022, donde no se vio comprometido el suministro. 

Eso sí, habrá que ver qué pasa con la demanda de GNL en verano a nivel global, porque puede encarecer notablemente la reposición europea. En cualquier caso, España llegará mejor a ese momento que la mayoría. El escenario no es demasiado halagüeño en estos momentos precisamente, con el estrecho de Ormuz cerrado y la crisis diplomática entre España y EEUU, su principal proveedor.

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Portada | Pronor

Cada vez que le pides a una IA generativa que te resuelva un problema, un servidor al otro lado del mundo necesita energía para procesarlo y refrigeración para no fundirse. El problema es que ese contador de la luz que gira a toda velocidad no es solo el de las grandes empresas tecnológicas: es el de toda la comunidad. La revolución de la IA tiene un coste físico y económico real que ya ha empezado a golpear el bolsillo de las familias, desatando una crisis que ha obligado al mismísimo Gobierno de Estados Unidos a dar un golpe en la mesa.

El gobierno estadounidense ha dicho basta. Según datos federales, los precios residenciales de la electricidad aumentaron una media nacional del 6% en 2025. Los ciudadanos, ahogados por el coste de la vida, han empezado a atar cabos y a señalar a los inmensos centros de datos que proliferan en sus vecindarios. Tal y como detalla Politico, actualmente hay unos 680 centros de datos planificados en el país, infraestructuras gigantescas que requerirán una energía equivalente a la de 186 grandes centrales nucleares. Esta demanda brutal ha provocado una fuerte oposición ciudadana, como explica The Guardian, numerosas comunidades han empezado a rechazar y bloquear estos proyectos por miedo a que sus recibos se disparen.

La presión ha sido tan fuerte que la rebelión ha calado en feudos tradicionalmente conservadores. Según Financial Times, los legisladores republicanos en estados como Misuri, Ohio y Oklahoma han sugerido paralizar la construcción de centros de datos, mientras que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha impulsado leyes para regularlos y proteger a las familias de las subidas de precios. Ante este panorama, la administración de Donald Trump se ha visto obligada a intervenir.

El “pacto histórico” de Washington. Según relata The New York Times, ejecutivos de Google, Microsoft, Meta, Amazon, OpenAI, Oracle y xAI peregrinaron a Washington para reunirse con el presidente Trump y firmar la llamada “Promesa de Protección al Contribuyente” (Ratepayer Protection Pledge). El objetivo del acuerdo es blindar a los consumidores frente al aumento de los costes eléctricos. Las empresas tecnológicas se han comprometido a “construir, aportar o comprar” los nuevos recursos de generación eléctrica que necesiten, asumiendo el 100% de los costes de las infraestructuras y las mejoras en la red de transmisión.

Durante el encuentro, Trump dejó una frase que resume a la perfección la crisis de reputación del sector: “Necesitan ayuda con las relaciones públicas, porque la gente piensa que si se instala un centro de datos, el precio de la electricidad va a subir”. El presidente aseguró que, gracias al pacto, eso “ya no va a ocurrir”. Por su parte, directivas como Ruth Porat (Google) o Dina Powell McCormick (Meta) confirmaron su compromiso de pagar por la infraestructura “terminen usando o no esa energía”, según las declaraciones publicadas por el medio neoyorkino. 

No podemos entender este movimiento de Washington sin mirar al calendario electoral. Políticamente, como señalan Financial Times, los estrategas republicanos alertaron a la Casa Blanca de que la inflación energética era un riesgo inminente de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato (midterms). Los demócratas, como el senador Mark Kelly, ya estaban usando el enfado ciudadano como arma política, tachando el pacto de Trump de ser un simple “acuerdo de apretón de manos” insuficiente.

Y el choque con la realidad: una red al límite. Sobre el papel, la promesa suena perfecta. Como ironiza el medio especializado Engadget, “las grandes tecnológicas acuerdan no arruinar tu factura de la luz”. Sin embargo, el periodismo y los expertos del sector energético coinciden en señalar que del dicho al hecho hay un trecho gigantesco. Como advierte Politico, el acuerdo es, en el fondo, “un apretón de manos” voluntario, sin fuerza legal vinculante. Rob Gramlich, exasesor económico citado por CNBC, recuerda que la Casa Blanca no tiene jurisdicción directa sobre este asunto: las reglas de la red eléctrica están descentralizadas y dependen de las comisiones de servicios públicos de los 50 estados. Son ellos, y no el Gobierno federal, quienes aprueban cómo se reparten los costes.

El daño en algunas zonas ya está hecho. Argus Media reporta que en la red PJM —la más grande de EEUU, que abarca 13 estados e incluye el mayor clúster de centros de datos del mundo en Virginia—, los costes de capacidad se han disparado en 23.000 millones de dólares, unas tarifas récord que están bloqueadas hasta 2028, haciendo “virtualmente imposible” bajar los precios a los consumidores a corto plazo. Un organismo de control independiente llegó a calificar esta situación como una “transferencia masiva de riqueza” de los ciudadanos a las corporaciones.

La competencia por los recursos es feroz. Abe Silverman, investigador de la Universidad Johns Hopkins citado por Politico, compara la situación con “una guerra de ofertas por una entrada para un concierto de Taylor Swift”. Hay una lista de espera de cinco años para conseguir turbinas de gas, y sus precios se han duplicado. Esta urgencia tecnológica no solo encarece la red, sino que está frenando en seco la transición verde. Tal y como exponen Argus Media, la inmensa demanda de los servidores no puede ser cubierta lo suficientemente rápido con fuentes renovables. Esto está obligando a las compañías eléctricas a retrasar el cierre de plantas de carbón contaminantes y a invertir fuertemente en generación por gas natural, perpetuando la dependencia de los combustibles fósiles. El mayor riesgo, advierte Silverman, es qué pasa si Silicon Valley se equivoca en sus cálculos de crecimiento: “Gastas 3.000 millones en mejorar la red, y luego el centro de datos no se materializa (…) ¿Quién se queda con el problema? La abuela”.

¿Europa debería exigir lo mismo? Si cruzamos el charco, la situación no es menos preocupante, y el enfoque normativo es drásticamente distinto. Según datos de la Comisión Europea, los centros de datos consumen actualmente 415 Teravatios-hora (TWh) a nivel global (un 1,5% del total mundial), una cifra que, impulsada por la IA, se duplicará hasta los 945 TWh en 2030. En la Unión Europea, el consumo rondó los 70 TWh en 2024 y saltará a 115 TWh a finales de la década. Europa ha lanzado un sistema de monitorización obligatorio bajo la Directiva de Eficiencia Energética para exigir transparencia sobre este consumo y su huella hídrica y de carbono.

Pero en España, el problema ya es un atasco físico en las redes. Como hemos descrito en Xataka, la red eléctrica española es como una autopista saturada a la que, de repente, ha llegado “un convoy de camiones de tonelaje industrial”. La normativa técnica de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) provocó un “efecto en cascada” que bloqueó los permisos de conexión.

La gran paradoja es la respuesta de las administraciones. Mientras Estados Unidos exige a las tecnológicas que se paguen su propia fiesta eléctrica, España está desplegando una alfombra roja para atraerlas. El Gobierno español quiere convertir al país en la gran “nube” del sur de Europa. Para ello, les ha concedido una “amnistía técnica”: ha eliminado el antiguo requisito que obligaba a la industria a consumir en “horas valle” (de noche), adaptándose a la realidad actual donde la energía solar tumba los precios al mediodía (la famosa “curva de pato”).

El objetivo final del Ministerio de Industria es otorgar a los centros de datos el estatus de “Consumidores Electrointensivos” (añadiendo su código de actividad, el CNAE 6311, a la normativa). Esto les permitiría recibir compensaciones millonarias en su factura de la luz. Mientras el Gobierno “blinda” a las tecnológicas ante los costes, las previsiones apuntan a que los ciudadanos verán subir sus recibos en 2026 un 4% en peajes y un 10,5% en los cargos del sistema eléctrico.

Europa y España deben abrir un debate urgente: si queremos liderar la infraestructura de la IA, ¿deberíamos copiar el modelo estadounidense y obligar a firmas como Amazon y Google a costear la modernización de nuestra red, o seguiremos subvencionando su despliegue a costa del consumidor local?

Mientras EEUU cobra la entrada, Europa paga la fiesta. La Inteligencia Artificial tiene el potencial de redefinir nuestra economía y resolver problemas médicos e industriales complejos, pero en su estado actual, su apetito voraz la ha puesto a competir directamente con las familias por un recurso básico: la electricidad.

Estados Unidos ha dado el primer paso —impulsado por el miedo a las urnas y el descontento social— para recordar a los gigantes de Silicon Valley que la innovación no puede financiarse vaciando los bolsillos de la clase media. Ahora el balón está en el tejado de Europa. Inmersos en el miedo a perder el tren del progreso tecnológico, los gobiernos europeos (y particularmente el español) deben decidir si su estrategia para seducir a las grandes tecnológicas terminará cargando la millonaria factura de la modernización eléctrica sobre los hombros de sus propios ciudadanos. El enchufe es el mismo para todos; la pregunta es quién lo paga.

Imagen | Gage Skidmore y Rawpixel 

Xataka | Meta ha gastado varios años desarrollando sus chips IA para terminar rendida a la evidencia: mejor usar los de NVIDIA

El 28 de febrero Estados Unidos e Israel bombardeaban varias ciudades de Irán iniciando un conflicto que ya se ha desplazado a otros países de Oriente Medio, cuando los misiles iraníes respondían sobre Bahréin, Qatar, Arabia Saudí, Kuwait o Dubai y otros emiratos. 

Una de las consecuencias ha sido la subida del precio de los combustibles a ritmo vertiginoso por la paralización de un corredor clave para la energía mundial: el estrecho de Ormuz. Los días pasan, los precios siguen al alza y cuando algo tan estratégico como el petróleo sube, es cuestión de tiempo que no salgan las cuentas. Deutsche Bank advierte: la espada de Damocles está sobre el cuello de las aerolíneas.

El contexto. Bloomberg recoge la información enviada por la entidad financiera alemana a sus clientes: mientras el precio del crudo ha aumentado un 50% en lo que va de año, quien se lleva la palma es el combustible para la aviación. La británica Argus Media recopila el precio del jet en los últimos días para los hubs de Chicago, Houston, Los Ángeles y Nueva York, donde vemos cómo pasa de 2,17 dólares el galón el 5 de enero a 2,29 el 5 de febrero hasta frisar los 4 dólares el galón el 5 de marzo (3,95). 

En Estados Unidos los diferenciales de precio del combustible para aviones y el precio del crudo oscila entre entre 85 y 95 dólares por barril, igual o superior al coste del petróleo. Esa enorme brecha entre el precio del petróleo crudo y el de los productos refinados (llamada crack spread) causa estragos. La última vez que se produjo un crack spread así fue en 2005, cuando los huracanes Katrina y Rita.

Por qué es importante. Porque como resalta la entidad teutona, hace 20 años el crack spread produjo un daño significativo y generalizado en la industria aérea que fue el detonante para que las aerolíneas Delta Air Lines y Northwest Airlines declarándose en quiebra. El precedente histórico hace que salten todas las alarmas. 

Y Deustche Bank no está sola: el CEO de United Airlines de momento ya ha avisado de que el aumento en los precios del combustible para aviones tendrá un impacto “significativo” en los resultados del primer trimestre y que podría haber un aumento en las tarifas aéreas. El analista de Deutsche Bank Michael Linenberg es contundente: sin un alivio inmediato en los precios, “algunas de las aerolíneas con mayor vulnerabilidad financiera podrían detener sus operaciones” y “las aerolíneas de todo el mundo podrían verse obligadas a dejar en tierra miles de aviones”.

En detalle. De momento, las aerolíneas se han desplomado en bolsa desde el inicio del conflicto. American Airlines ha perdido un 19% en lo que va de año, pero el golpe es global: un grupo de 29 aerolíneas, hoteles y compañías de viajes de Europa, Asia y Norteamérica perdió conjuntamente 22.600 millones de dólares en capitalización bursátil en un solo día, según Reuters.

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Portada |  Dawn McDonald y Daniel Shapiro