Donald Trump inicia hoy su segundo mandato en el Gobierno de EEUU, y la expectación en torno a él es máxima. Durante los últimos meses ha criticado con ferocidad en varias ocasiones el programa ‘Chips and Science Act’ aprobado por la Administración liderada por Joe Biden en julio de 2022. Este plan destina nada menos que 52.000 millones de dólares específicamente a las empresas que se dedican al diseño o la fabricación de circuitos integrados.

Durante su campaña electoral Trump expresó que el programa ‘CHIPS’ es tan malo que si ganaba las elecciones utilizaría en su lugar aranceles para obligar a las empresas a fabricar semiconductores en EEUU. La última vez que expuso este argumento fue en octubre, en el podcast de Joe Rogan: “Pusimos millones de dólares encima de la mesa para que compañías ricas vinieran, tomaran prestado el dinero y construyeran empresas de chips aquí. Y de todos modos no nos van a dar las mejores empresas”.

Finalmente Trump se ha moderado

Gina Raimondo, la Secretaria de Comercio de EEUU, no seguirá en su puesto. Como cabía esperar, Donald Trump colocará al frente del Departamento de Comercio a Howard Lutnick, un hombre de su confianza. Si tenemos presentes los precedentes que acabamos de repasar parece razonable asumir que Lutnick no dará luz verde a las subvenciones pendientes de entrega del programa ‘CHIPS’, pero, según Bloomberg, finalmente esto no sucederá.

Y es que según este medio estadounidense Gina Raimondo se ha reunido con su sucesor al frente del Departamento de Comercio y este último le ha confirmado que la Administración liderada por Donald Trump finalmente respaldará el plan ‘CHIPS’ del Gobierno de Joe Biden. Este giro tan abrupto del equipo de Trump en lo que se refiere a este programa resulta sorprendente, pero, al mismo tiempo, es muy probable que ya sea demasiado tarde para revertirlo.

Las declaraciones en contra del plan ‘CHIPS’ que ha hecho Donald Trump durante los últimos meses han provocado que la Administración de Biden pisase el acelerador durante noviembre y diciembre con el propósito de entregar las subvenciones sin más demora a los principales fabricantes de chips, entre los que se encuentran Intel, TSMC o Samsung. A estas alturas presumiblemente la mayor parte de ellos ya ha percibido el dinero que había pactado con el Departamento de Comercio, aunque por el momento es solo una especulación. Os contaremos más tan pronto como se confirme el que sin duda ya es un secreto a voces.

Más información | Bloomberg

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Que Japón vive inmerso en una crisis demográfica marcada por el envejecimiento de la población está fuera de toda duda, pero pocos datos nos acercan al problema como el que se ha conocido estos días. En 1990, los crímenes cometidos por los japoneses mayores de 60 años no llegaban ni al 5% respecto del total, según la Agencia Nacional de Policía. Un porcentaje que ha aumentado hasta superar los 20 puntos porcentuales en los últimos años con un incremento del 450%. Hace un tiempo supimos que los ancianos de la nación habían encontrado en estos delitos una vía por la que tener un hogar y asistencia social gratis.

La situación se ha agravado.

Contexto. Como contamos entonces, estos delitos que no paraban de aumentar eran pequeños robos, y la razón parecía clara. En muchos enclaves, el hurto, como por ejemplo el robo de un sándwich de 200 yenes, puede generar una sentencia de prisión de hasta dos años. De esta forma, los ancianos tenían esa vía por la que tener un hogar y asistencia social gratis: la cárcel.

De fondo, aquel era el camino por el que habían optado muchos ancianos en el país con tal de no pasar sus últimos años de vida en soledad y sin recursos económicos. Algo que estaba ocasionando una ola de delitos sin precedentes, uno donde casi un 40% de los hurtos eran cometidos por personas de más de 60 años. Casi el doble que una década atrás.

El problema de la soledad en las mujeres. Pero el problema no era exclusivo de los hombres, por supuesto. El envejecimiento de la población en Japón ha generado serios desafíos sociales, particularmente en lo que respecta a la soledad y la pobreza de las personas mayores, lo que ha llevado a un nuevo fenómeno preocupante: las ancianas también prefieren la prisión a la vida en libertad.

Casos como el de la prisión de mujeres de Tochigi, donde la población envejecida refleja una problemática social extendida en el país, y donde la falta de apoyo familiar y las dificultades económicas han convertido a las cárceles en un refugio para muchas que enfrentan la exclusión y la desesperanza en el exterior.

La prisión como refugio. Contaba este fin de semana la CNN que dentro de Tochigi, la vida en prisión ofrece una estabilidad que muchas de estas mujeres no encuentran en la sociedad. Aquí reciben tres comidas al día, atención médica gratuita y compañía, algo que les resulta difícil de obtener fuera de los muros carcelarios.

Muchas de las internas, como Akiyo, de 81 años, han reincidido en delitos menores como el hurto de alimentos debido a la precariedad económica. Akiyo, quien fue encarcelada por segunda vez tras robar alimentos cuando su pensión no le alcanzaba, reconoce que su decisión estuvo motivada por la desesperación y la falta de apoyo familiar. El caso de Akiyo es representativo de una tendencia creciente en la que las mujeres mayores ven la prisión como una opción más estable que la incertidumbre económica en el exterior.

Factores para reincidir. Como decíamos, el robo es el delito más común entre las mujeres mayores encarceladas en Japón. Los datos oficiales indican que en 2022 más del 80% de las reclusas ancianas fueron encarceladas por hurto, en muchos casos por necesidad económica o por la falta de opciones de sustento. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 20% de las personas mayores de 65 años en Japón vive en la pobreza, una cifra superior al promedio del 14.2% de los países miembros.

De ahí que muchas ancianas recurran deliberadamente a cometer delitos menores para ser arrestadas y regresar a la cárcel, donde encuentran ese refugio ante la inseguridad económica y la falta de atención médica en libertad. Dicho de otra forma, la prisión se ha convertido para algunas en una especie de hogar seguro, donde pueden recibir los cuidados básicos que no pueden costearse fuera.

El desafío de la reinserción. Es la otra de las patas a tratar. Uno de los mayores problemas que enfrentan las autoridades japonesas es la falta de apoyo para las personas mayores una vez que salen de prisión. Muchas ex convictas carecen de redes de apoyo familiar y se encuentran aisladas, lo que aumenta la probabilidad de reincidencia.

Las iniciativas gubernamentales han reconocido esta problemática, con el Ministerio de Justicia implementando programas de apoyo para ayudar a las ex reclusas a vivir de manera independiente, superar adicciones y/o reconstruir relaciones familiares. Sin embargo, la efectividad de estas iniciativas sigue siendo incierta en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y escasez de recursos.

La adaptación de un anciano en la cárcel. Ante el creciente número de reclusas ancianas, las prisiones japonesas han tenido que adaptar sus servicios, transformándose en espacios que cada vez se asemejan más a hogares de ancianos. En Tochigi, por ejemplo, el personal penitenciario ha introducido cambios significativos para atender las necesidades de esta población, desde la asistencia en la higiene personal hasta el suministro de equipos médicos especializados.

Incluso se ha recurrido a internas más jóvenes, como Yoko, de 51 años, quien obtuvo una certificación en enfermería durante una de sus condenas y ahora ayuda a otras reclusas en sus actividades diarias. De alguna forma, la cárcel ha asumido un doble papel: ser un centro de reclusión y, a la vez, un espacio de asistencia geriátrica.

El futuro y desafíos. Lo hemos venido contando estos meses atrás: Japón enfrenta un desafío demográfico sin precedentes. Con una de las tasas de natalidad más bajas del mundo y una esperanza de vida alta, se estima que para 2040 se necesitarán al menos 2.72 millones de trabajadores de cuidados para atender a la creciente población anciana.

En respuesta, el gobierno ha implementado medidas para fomentar la contratación de trabajadores de la salud y atraer mano de obra extranjera para llenar los vacíos del sector. Con todo, la necesidad de soluciones integrales que aborden tanto el aspecto económico como el social sigue siendo un desafío crucial.

El fenómeno de las mujeres mayores que recurren a la cárcel, como el de los hombres que lleva sucediendo varios años, es una respuesta a esa soledad y pobreza que reflejan el tamaño de la crisis. Una especie de distopia donde el Gobierno nipón también se ha visto obligado a construir nuevas salas de prisión por un importe de más de 40 millones de euros, espacios para albergar a esos miles de ancianos reclusos. Cárceles convertidas, en esencia, en geriátricos.

Imagen | Itoldya, 663highland

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