Previo a la reunión del G7 en Turín de esta semana, en la que se aprobó detener el uso de carbón para la generación de electricidad antes de 2035, Stamp Out Poverty presentó una nueva edición del Climate Damages Tax Report. Se trata de un informe que propone un impuesto a las empresas de combustibles fósiles que operan en los países más ricos de la OCDE, con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a las naciones vulnerables a enfrentar la creciente crisis climática.

El impuesto por daños climáticos podría generar 720,000 millones de dólares para el 2030, respaldando un fondo de pérdidas y daños establecido por la COP28. Los defensores argumentan que este impuesto responsabiliza a las naciones más ricas por sus contribuciones históricas al cambio climático. El impuesto propuesto, comenzando en 5 dólares por tonelada de CO2 equivalente en 2024, aumentaría anualmente. La distribución de lo recaudado asignaría 180,000 millones como un dividendo nacional para una transición climática a nivel internacional.

Este impuesto tiene como objetivo hacer que la industria de combustibles fósiles asuma la carga financiera de su impacto ambiental. Paralelamente, facilita una transición justa lejos de energías no renovables.

Es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger nuestros ecosistemas. Sin embargo, se debe pensar cómo financiar estas acciones de manera justa y equitativa. En este contexto, la implementación de este tipo de impuestos progresivos destinados al cuidado del medio ambiente serían herramientas esenciales para abordar tanto la urgencia climática como la desigualdad social.

Justicia fiscal y ambiental: por un sistema más equitativo

La justicia fiscal implica que aquellos que tienen mayores capacidades contributivas deben asumir una parte proporcionalmente mayor de la carga impositiva. Este principio se fundamenta en la idea de equidad y solidaridad social, garantizando que los recursos se distribuyan de manera justa para satisfacer las necesidades de toda una sociedad. En el contexto ambiental, la justicia fiscal adquiere una dimensión adicional, ya que busca internalizar los costos ambientales de las actividades económicas y promover comportamientos más sostenibles.

Los impuestos progresivos sobre el cuidado del medio ambiente son una manifestación concreta de esta sinergia entre justicia fiscal y ambiental. Al gravar a aquellos sectores y actividades que generan mayores impactos negativos en el medio ambiente, estos impuestos no sólo generan ingresos para financiar medidas de mitigación y adaptación. Más bien, incentivan la transición hacia una economía más verde y sostenible. Asimismo, al mitigar externalidades ambientales, contribuyen a una distribución más equitativa de los costos y beneficios asociados con la protección del medio ambiente.

Transiciones hacia una economía verde

La implementación de impuestos progresivos sobre el cuidado del medio ambiente también juega un papel crucial en la promoción de la transición hacia una economía más sostenible. Al gravar las actividades que contribuyen de manera desproporcionada al cambio climático y la degradación ambiental, estos impuestos hacen que las alternativas más respetuosas con el medio ambiente sean relativamente más atractivas desde el punto de vista económico.

Por ejemplo, un impuesto progresivo sobre las emisiones de carbono puede incentivar a las empresas a reducir su huella de carbono mediante la adopción de tecnologías más limpias y eficientes, o a los consumidores a optar por productos y servicios con menor impacto ambiental. Del mismo modo, un impuesto sobre la extracción de recursos naturales desincentivaría la sobreexplotación de los mismos. Además, fomentaría prácticas de producción más sostenibles y circulares.

Desafíos y oportunidades

La implementación de impuestos progresivos sobre el cuidado del medio ambiente presenta numerosos beneficios. Pero también plantea desafíos significativos en términos de diseño e implementación. Es crucial garantizar que estos impuestos sean efectivos en la reducción de las externalidades ambientales sin generar repercusiones adversas para los grupos más vulnerables de la sociedad. Para ello, es necesario diseñar mecanismos de compensación y protección social que mitiguen los impactos regresivos de dichos impuestos. De igual modo, establecer formas de monitoreo y evaluación para asegurar su eficacia y equidad.

Al internalizar los costos ambientales y promover comportamientos más sostenibles, estos impuestos no sólo generarían recursos para financiar acciones climáticas. También contribuirían a la construcción de una economía más justa y equitativa para todos.

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