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el nuevo frente de la guerra fría tecnológica
El gran talón de Aquiles de la transición energética en Europa no está a la vista. No son los paneles fotovoltaicos ni los molinos de viento, sino los chips y procesadores ocultos que los hacen funcionar. Consciente de este riesgo, la Unión Europea ha decidido blindar su red eléctrica con una medida drástica. Las empresas que quieran montar proyectos renovables con dinero comunitario tendrán que buscar alternativas: la tecnología china se queda, de momento, fuera de juego.
El veto, al detalle. Bruselas ha hecho público su plan para vetar la financiación europea a proyectos de energías renovables que utilicen equipos clave fabricados en países considerados de “alto riesgo”: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. La diana de esta prohibición tiene un nombre muy específico: los inversores (o conversores). De forma sencilla, se trata de dispositivos electrónicos críticos que actúan como procesadores de las plantas fotovoltaicas. Su función es transformar la corriente continua que generan las placas solares en la corriente alterna que finalmente llega a nuestros hogares y empresas.
La medida, de facto, ya está en marcha. Las instituciones financieras tienen hasta este 15 de mayo de 2026 para notificar a la Comisión los proyectos que tienen en cartera. A partir del 1 de noviembre, el veto será total para cualquier nueva instalación que aspire a recibir fondos comunitarios, especialmente aquellos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
¿Y por qué ahora? Como señala Expansión, el Ejecutivo comunitario ha enmarcado esta decisión bajo el paraguas de la “seguridad económica” y la protección frente a la dependencia estratégica, desmarcándose de quienes lo ven como una mera política industrial proteccionista.
El alcance de esta directriz es mayúsculo. Según detalla pv magazine, no solo se limita a los parques solares tradicionales, sino que se extiende a los vitales Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS). Esto supone un duro golpe para los gigantes asiáticos, que suelen vender soluciones integradas que combinan baterías y electrónica de potencia. A este cerco hay que sumarle una estricta “ley antitrampas”: la regulación no contempla excepciones significativas y afectará incluso a aquellos inversores que se fabriquen físicamente en Europa, siempre y cuando la empresa matriz esté controlada por entidades de estos países de riesgo.
El fantasma del apagón nacional. La contundencia de la UE responde a un miedo tangible. La Comisión basa su veto en informes de inteligencia e información clasificada aportada por varios Estados miembros que alertan sobre una amenaza gravísima: el ciberataque y el “apagado remoto”. Al estar los inversores conectados a internet y gestionar datos operativos críticos de la red eléctrica, un actor extranjero podría utilizarlos como caballo de Troya. Siobhan McGarry, portavoz de la Comisión, ha sido tajante: “En la práctica, esto podría implicar un apagado remoto de las redes de los Estados miembros, provocando apagones a nivel nacional”.
Esto no es ciencia ficción. El gran apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 demostró de forma empírica la vulnerabilidad de la red. Aunque en su momento se descartaron actos de sabotaje deliberado, el informe oficial de la red europea (ENTSO-E) concluyó que el colapso estuvo directamente vinculado a una gran oscilación de tensión provocada por la desconexión inesperada de inversores fotovoltaicos. Este precedente ha hecho revivir en Bruselas los fantasmas del 5G y la decisión de arrinconar a firmas como Huawei y ZTE en el sector de las telecomunicaciones.
¿Un tiro en el pie para España? La teoría de Bruselas es firme, pero choca con una realidad incómoda: la abrumadora dependencia del gigante asiático. Según datos aportados por SCMP, China controla en la actualidad el 80% del mercado global de inversores, con marcas como Huawei y Sungrow liderando el ranking mundial.
En España, el escenario es aún más monopolístico. Según revela el Consejo Europeo de Fabricación Solar (ESMC), que cerca del 70% de los inversores instalados en nuestro país son de origen chino. Solo Huawei aglutinó en 2023 el 36,5% de las instalaciones, seguido de Sungrow (29,7%) y GoodWe (14,5%). Pese a las advertencias de Bruselas, el Gobierno español mantiene una posición divergente y continúa certificando decenas de dispositivos de Huawei para su uso en redes sensibles, asegurando a sus aliados que no suponen un riesgo.
Sin embargo, la onda expansiva del veto europeo ya está rompiendo proyectos a nivel nacional. Tal y como explicamos en Xataka, la Generalitat de Cataluña ha tenido que dar marcha atrás recientemente en la adjudicación de su macroproyecto de red pública (XCAT) a la alianza formada por Sirt y Huawei. El temor a tener que desmantelar la infraestructura en menos de un año para cumplir con la nueva normativa europea ha dejado en el aire un contrato de 127 millones de euros.
¿Miedo infundado a los costes? Hay muchas preguntas abiertas. ¿Paralizará este veto el despliegue renovable en Europa por falta de suministro o sobrecostes? La industria europea asegura que no hay motivos para el pánico. Según el ESMC, la capacidad de producción actual en la UE supera los 100 GW anuales (frente a una demanda de unos 65 GW). Además, la Comisión señala a Japón, Corea del Sur, Suiza y Estados Unidos como proveedores alternativos fiables.
Respecto al impacto económico, los datos desmontan el mito de un encarecimiento drástico. Tal y como recoge Euronews, el coste de los inversores apenas representa un 5% del presupuesto total de un parque solar. Un análisis de Wood Mackenzie calcula que sustituir los componentes chinos por tecnología occidental apenas encarecerá un 2% el coste total en los proyectos a gran escala. Un “sobrecoste mínimo”, según Bruselas, a cambio de blindar la red.
El “efecto boomerang”. Esta estrategia de aislamiento occidental tiene una consecuencia paralela silenciosa pero gigantesca. Al expulsar a China de las redes de energía y telecomunicaciones europeas, se está forzando a Pekín a crear un ecosistema tecnológico cien por cien autónomo.
Entidades chinas, como la Universidad Tsinghua o la propia Huawei, están registrando un volumen inusualmente elevado de patentes en fotolitografía para poder fabricar sus propios chips de vanguardia sin depender de la europea ASML. Paralelamente, están construyendo alternativas sólidas a los estándares occidentales de Inteligencia Artificial (como el monopolio de CUDA de NVIDIA). Al cerrarles la puerta, Europa y Estados Unidos podrían estar incubando a un competidor tecnológico global totalmente incontrolable e independiente.
Indignación en Pekín. Como era de esperar, la reacción de China ha sido inmediata. La Cámara de Comercio de China en la UE (CCCEU) ha rechazado de plano las acusaciones a través de declaraciones recogidas por Euronews. Los portavoces chinos acusan a Europa de politizar productos comerciales, exigen “neutralidad tecnológica” y advierten de que esta “sobre-segurización” de los componentes verdes podría dañar la confianza de los inversores internacionales. Por su parte, Pekín insiste en que sus productos tecnológicos no tienen fines políticos.
Además, el veto nace con una limitación fundamental: Bruselas solo puede bloquear el acceso a los fondos comunitarios. No tiene potestad legal, por ahora, para prohibir que una empresa privada compre tecnología china con su propio dinero. Por ello, según Expansión, la Comisión está instando intensamente a los Estados miembros a que repliquen esta directiva en sus licitaciones públicas nacionales.
No obstante, la pinza legal se estrecha. Este es solo el primer paso antes de la inminente revisión del Reglamento de Ciberseguridad (CSA 2) y la aplicación de la Directiva NIS2 sobre infraestructuras críticas, normativas que terminarán imponiendo restricciones vinculantes en toda Europa, independientemente del origen de los fondos, aunque países como España acumulan retrasos en su transposición. Como nota técnica pendiente, la UE aún debe abordar qué pasará con los componentes pasivos críticos (como los transistores IGBT), que están dentro de inversores occidentales pero suelen venir de fábricas chinas.
La soberanía energética como fin último. La decisión de la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, certifica un cambio de paradigma total en el viejo continente. Europa ha interiorizado, a base de crisis geopolíticas, que la transición ecológica no consiste únicamente en instalar más paneles y reducir las emisiones de CO2; consiste, fundamentalmente, en no cambiar la dependencia del gas ruso por la dependencia de la tecnología asiática.
El mensaje que lanza Bruselas con este bloqueo a la financiación es rotundo: de nada sirve garantizar una energía limpia, barata e inagotable gracias al sol y al viento europeos, si el interruptor general que da luz a nuestros hospitales, fábricas y hogares puede ser apagado en remoto, con un solo clic, desde un servidor situado a diez mil kilómetros de distancia.
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sus módulos se están corroyendo
La Lunar Gateway, la estación lunar en órbita que se pensaba utilizar como parada estratégica en los viajes hacia nuestro satélite, ha sufrido muchísimos retrasos desde que se puso en marcha su fabricación. Hoy en día, tras la retirada de financiación del Gobierno de Estados Unidos, se encuentra cancelada. Pero incluso así sigue dando de lo que hablar. El último conflicto en torno a ella ha surgido tras demostrarse que dos importantes módulos que ya estaban fabricados y listos para su lanzamiento se han corroído. Si el plan hubiese seguido en marcha, esto hubiese sido un quebradero de cabeza más. De hecho, lo está siendo igualmente.
Los hechos. Tras la cancelación del proyecto inicial, la empresa encargada de la puesta en marcha de los dos módulos habitables de la Lunar Gateway ha solicitado a la NASA reutilizarla en las bases que se planea construir en la superficie lunar. La respuesta de Jared Isaacman, el administrador de la agencia espacial, fue hacer público un problema un tanto desagradable. El metal de ambos módulos se ha corroído. ¿Cómo van a usarlos en esas condiciones?
La compañía responsable, Northrop Grumman, no lo ha negado, pero sí que se ha quitado toda culpa, acusando a otra empresa de lo ocurrido. Según ellos, ha sido cosa de Thales Alenia Space, una compañía franco-italiana a la que encargaron la construcción de la estructura principal de estos módulos.
Thales da la cara. Inicialmente, la compañía en cuestión no respondió a las acusaciones. Sin embargo, unos días después, en un comunicado para la prensa, han reconocido el problema. Aseguran que se ha detectado en ambos módulos un “comportamiento metalúrgico bien conocido” y que planean solucionarlo para el tercer trimestre de 2026. Añaden que no es un gran problema, pues se detectó algo similar en algunos módulos de la Estación Espacial Internacional durante su construcción y que, tras solucionarlo, estos siguen funcionando sin problemas.
Ese comportamiento metalúrgico debe ser su forma elegante de hablar de corrosión. No han mencionado esta palabra, mucho más desagradable, pero parecen reconocer el problema.
La NASA no se fía. De momento, no parece que la NASA tenga intención de esperar a que Thales solucione el problema en el tercer trimestre. En sus declaraciones a la prensa, Isaacman ha recordado que si se hubiese seguido adelante con la Lunar Gateway este problema habría retrasado el lanzamiento, programado para 2026. Posiblemente se habría pospuesto hasta 2030. Hubiese sido un serio inconveniente, por lo que no creen que ahora valga la pena confiar en que se solucione fácilmente.

Módulo Halo de la Lunar Gateway
Una estación maldita. Lunar Gateway ha sufrido muchísimos retrasos desde que se puso en marcha el proyecto. Inicialmente se iba a lanzar un primer componente dirigido a la obtención de energía y la propulsión en 2022. Después, la NASA decidió que era más eficiente enviarlo junto al primer módulo habitable. Eso retrasaba el primer lanzamiento hasta 2024. Sin embargo, hubo una serie de problemas relacionados con el cálculo de la masa de ambos componentes y, para poder solventarlo, se retrasó el lanzamiento hasta 2026. El Gobierno de Trump veía que se estaba perdiendo mucho tiempo y gastando mucho dinero, mientras que China daba pasos hacia la Luna, por lo que optó por retirar la financiación del proyecto. En marzo de 2026 se anunció su cancelación.
¿Y ahora qué? Inicialmente, en Artemis III y en las misiones posteriores del programa se usaría la Lunar Gateway para acoplar tanto el módulo de aterrizaje como la cápsula con los astronautas. Allí, los dos tripulantes destinados al aterrizaje pasarían de una nave a la otra. Ahora, en cambio, se planea producir el acoplamiento de ambos vehículos directamente en órbita, sin necesidad de una estación lunar.
Los objetivos de la NASA, en cambio, se centran en construir a partir de 2028 una base directamente en la superficie de la Luna. Pero aún queda bastante para eso. Primero, habrá que comprobar si todo va bien en 2027. Lo que está claro es que, visto lo visto, no hay mucha fe en reciclar los módulos habitables de Lunar Gateway. Por mucho que a Northrop le pese.
Imagen | NASA | Northrop Grumman
En Xataka | Aún no hemos colonizado la Luna y ya la hemos llenado de basura: hay hasta pelotas de golf abandonadas
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un peaje insólito para revolucionar el comercio marítimo mundial
En pleno siglo XVI, varios sultanes del Imperio otomano llegaron a estudiar seriamente la posibilidad de abrir una vía artificial junto al Bósforo para controlar mejor el tráfico marítimo entre el mar Negro y el Mediterráneo… el proyecto fue cancelado una y otra vez durante siglos por guerras, falta de dinero y dudas estratégicas, pero la idea nunca desapareció del todo de Turquía.
La vieja obsesión turca. Mientras el estrecho de Ormuz se ha convertido en uno de los mayores focos de tensión del planeta por la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel, ha vuelto a ganar protagonismo una idea que lleva años rondando la política y la estrategia de Turquía: construir un gigantesco canal artificial paralelo al Bósforo para crear una nueva ruta marítima bajo control directo de Ankara.
No se trata solo de descongestionar el tráfico naval de Estambul. Detrás del proyecto aparece una ambición mucho mayor: convertir un paso natural gratuito en un corredor alternativo capaz de generar ingresos, influencia geopolítica y capacidad de presión sobre parte del comercio internacional. Precisamente ahora, cuando Ormuz demuestra hasta qué punto un cuello de botella marítimo puede alterar la economía mundial, esa vieja idea turca vuelve a sonar con más fuerza.
El Bósforo y su importancia. El Bósforo es mucho más que un estrecho que divide Estambul entre Europa y Asia. En realidad es la única salida marítima hacia el Mediterráneo para países como Ucrania, Georgia, Bulgaria o parte del sur de Rusia, y uno de los corredores más transitados del mundo. Miles de petroleros y cargueros atraviesan cada año una vía estrecha, llena de curvas y rodeada por una ciudad gigantesca de millones de habitantes.
Turquía lleva años defendiendo que ese tráfico supone un riesgo enorme tanto para la seguridad marítima como para la propia Estambul, especialmente tras varios accidentes de buques ocurridos junto a zonas históricas y residenciales. El problema para Ankara es que el Bósforo está regulado por la Convención de Montreux de 1936, que garantiza el libre tránsito y limita enormemente la posibilidad de cobrar peajes directos a los barcos.
La idea que podría cambiar las reglas. Ahí aparece el núcleo real del proyecto del Canal de Estambul. Al ser una vía artificial y no un estrecho natural, Turquía podría intentar aplicar tarifas y servicios de tránsito similares a los de Suez o Panamá sin romper formalmente el derecho internacional marítimo. Durante años, esa posibilidad parecía más una fantasía geopolítica que una realidad cercana, pero la crisis de Ormuz apunta a devolver protagonismo a una pregunta incómoda: qué ocurre cuando los grandes corredores marítimos dejan de ser simples rutas y se convierten en herramientas de presión económica y política.
Irán ya ha insinuado incluso la posibilidad de exigir pagos en Ormuz, algo que ha alarmado a organismos internacionales y a las grandes potencias marítimas. En ese contexto, el viejo proyecto turco empieza a encajar dentro de una tendencia más amplia: transformar ciertos pasos estratégicos en infraestructuras capaces de generar ingresos multimillonarios y aumentar el peso político de los países que los controlan.

Estambul, Turquía, dividida por el Cuerno de Oro y el estrecho del Bósforo.
El sueño de Erdogan. Sí, porque Recep Tayyip Erdogan convirtió el Canal de Estambul en uno de sus grandes símbolos políticos. De hecho, lo ha comparado con Suez y Panamá, lo ha descrito como un proyecto destinado a transformar el papel internacional de Turquía y lo ha presentado como una obra capaz de convertir Estambul en uno de los grandes centros logísticos del mundo.
Sobre el papel, el canal tendría unos 45 kilómetros de longitud, permitiría el paso de grandes petroleros y cargueros y estaría acompañado por puertos, zonas logísticas, nuevas urbanizaciones y enormes desarrollos inmobiliarios. También partiría físicamente la parte europea de Estambul, creando una especie de isla artificial gigantesca entre el Bósforo y el nuevo canal.
La gran duda: si alguien pagaría por usarlo. El enorme problema del proyecto siempre ha sido el mismo. Aunque Turquía podría cobrar peajes en el nuevo canal, el Bósforo seguiría existiendo como alternativa gratuita. Esa duda lleva años persiguiendo al plan: por qué una naviera aceptaría pagar millones por cruzar una vía artificial cuando dispone de otra ruta sin peajes relativamente cercana.
Ankara confía en que la congestión, los riesgos de navegación y los posibles retrasos empujen a muchas compañías a elegir el nuevo corredor, especialmente para mercancías peligrosas y grandes petroleros. Pero numerosos economistas y expertos marítimos creen que la rentabilidad real del proyecto sigue siendo incierta y dependería de escenarios internacionales muy concretos, precisamente como los que hoy está provocando la crisis de Ormuz.
Críticas dentro de Turquía. Además, el Canal de Estambul nunca ha sido únicamente una discusión sobre comercio marítimo. Desde hace años acumula críticas por su impacto ecológico, urbanístico y económico. Científicos y urbanistas advierten de que el canal atravesaría bosques, acuíferos, zonas agrícolas y ecosistemas muy sensibles del norte de Estambul.
No solo eso. También existen temores sobre cómo podría alterar las corrientes entre el mar Negro y el mar de Mármara, afectar a la biodiversidad marina o aumentar problemas relacionados con terremotos y deslizamientos de tierra en una región ya muy vulnerable sísmicamente. Plus: el coste proyectado (que distintas estimaciones sitúan entre 15.000 y más de 60.000 millones de dólares) sigue generando dudas incluso entre sectores que apoyan reforzar la posición estratégica turca.
Ormuz ha reactivado el sueño. Durante años, el Canal de Estambul pareció moverse entre anuncios grandilocuentes, retrasos, disputas políticas y dudas financieras. Pero la guerra alrededor de Ormuz ha vuelto a poner sobre la mesa una cuestión mucho más amplia: el enorme poder que tienen ciertos puntos marítimos para alterar cadenas de suministro, mercados energéticos y equilibrios geopolíticos enteros.
Turquía observa ahora cómo el mundo entero discute sobre bloqueos, seguros marítimos, peajes y control de rutas estratégicas mientras su viejo proyecto vuelve a parecer, al menos en algunos sectores del país, como una posible herramienta para aumentar su influencia global en un siglo donde los corredores marítimos vuelven a convertirse en piezas centrales del poder internacional.
Imagen | Wikimedia, NASA
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En 2014 se inauguró como la gran planta de energía solar térmica del mundo. 12 años después la quieren cerrar tras incinerar pájaros
La enorme planta de energía termosolar de Ivanpah, inaugurada en 2014 en el desierto de Mojave, estuvo a punto de cerrar después de apenas 11 años de operación. Un final acelerado por su historial de problemas técnicos, económicos y ambientales que, sin embargo, fue paralizado en enero de este año tras el acuerdo de todos los implicados.
Contexto. La energía termosolar de concentración, alguna vez considerada una de las tecnologías más vanguardistas para la generación limpia de electricidad, no está pasando por su mejor momento. Especialmente en Nevada, donde ya fue muy sonado el fiasco de Crescent Dunes.
La termosolar de concentración utiliza miles de espejos, o “heliostatos”, que siguen la trayectoria del sol para concentrar su luz sobre unas torres centrales. En estas torres, el calor extremo se aprovecha para calentar agua y producir vapor, que impulsa unas turbinas conectadas a generadores eléctricos.
El caso Ivanpah. La planta de Ivanpah fue construida con una inversión de 1.600 millones de dólares en préstamos del Departamento de Energía de Estados Unidos y contratos a largo plazo de importantes compañías eléctricas. Fue la mayor central de energía solar térmica del mundo hasta la inauguración de Port Augusta en Australia.
11 años después de su inauguración, la enorme termosolar comenzó a echar el cierre al no cumplir con sus expectativas iniciales. La falta de rentabilidad la condenó, al menos a priori. Una sucesión de fallos y quejas de grupos ambientalistas por su impacto en la vida silvestre aceleraron su final, aprobado por el Departamento de Energía de EEUU.
Continuidad. Sin embargo, la decisión fue revertida en enero de 2026 por la Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC). Ivanpah seguirá abierta. Su argumento es que la incertidumbre en las políticas federales de energías renovables obliga a priorizar la fiabilidad del suministro eléctrico actual. Además, la comisión busca evitar que se pierda la enorme inversión en infraestructura ya realizada, a pesar de los altos costes operativos y el grave impacto ambiental sobre la fauna local.
La medida ignora el acuerdo previo entre las empresas para cerrar la planta y ahorrar dinero a los usuarios. A priori, seguirá abierta hasta que expire su contrato 2039.
Una tecnología compleja. Uno de los principales problemas ha sido la dificultad de mantener los espejos alineados de forma precisa. La tecnología, que requiere un seguimiento exacto del sol, ha demostrado ser inestable y poco confiable en la práctica, dice un reportaje de la CNN.
El mantenimiento de los complejos mecanismos y la gestión de las turbinas generan a su vez altos costos operativos, lo que ha hecho que la termosolar de concentración pierda competitividad frente a otras tecnologías renovables, especialmente la solar fotovoltaica, cuyos precios se han desplomado.
Una máquina de incinerar pájaros. Las críticas no se limitan a los aspectos técnicos. La planta de Ivanpah ha sido cuestionada durante años por su impacto ambiental, especialmente en la vida silvestre del desierto.
Grupos ambientalistas denuncian el daño irreparable en el hábitat de especies como la tortuga del desierto. Pero también la muerte de aves que son incineradas por los intensos rayos concentrados por los espejos.
Un segundo Crescent Dunes. El caso de Crescent Dunes, también ocurrido en Nevada, refuerza esta imagen de fracaso de la energía termosolar. Este proyecto, que pretendía ser uno de los hitos en innovación y almacenamiento de energía mediante sales fundidas, terminó convirtiéndose en un despilfarro multimillonario.
Desarrollada por el grupo español ACS, prometía una producción continua de electricidad, incluso durante las horas sin luz, gracias al almacenamiento térmico en sales. En la práctica, Crescent Dunes nunca logró entregar la cantidad de energía prometida y acabó quebrando por problemas de ingeniería y gestión.
A la sombra de la fotovoltaica. En definitiva, la rápida caída de precios de la tecnología fotovoltaica y su menor impacto en la vida silvestre han dejado obsoleta la termosolar de concentración.
Mientras que los paneles solares han ido ganando eficiencia y reduciendo sus costes de instalación y mantenimiento, las plantas termosolares se han quedado rezagadas en términos de competitividad, lo que ha llevado a que inversores y compañías eléctricas reconsideren sus apuestas en este tipo de proyectos.
En Xataka | Chile tiene uno de los cielos más valiosos de la Tierra. Las renovables lo están poniendo contra las cuerdas
Imagen | Pexels
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