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de los 164 euros de Ucrania a los 4.789 euros de Suiza
Hay algo que llama poderosamente la atención cuando se coloca en el mismo mapa el salario mínimo de todos los países europeos: la diferencia entre unos y otros no es una grieta, es un abismo.
Dos trabajadores en el mismo continente y haciendo la misma jornada, pueden terminar el mes con una nómina que ni siquiera se parece. Los datos de Eurostat sobre el salario mínimo en 2026 lo confirman.
El portal Visual Capitalist ha recogido esos datos y los ha representado en un mapa en el que se pueden comparar, de un solo vistazo, el Salario Mínimo Interprofesional de cada país en Europa, dejando constancia de la variedad salarial (y económica) del continente.
Qué es el salario mínimo y por qué importa
El salario mínimo es la retribución más baja fijada por la ley que un empleador puede abonar legalmente a sus trabajadores. De ese modo, se garantiza a los empleados un nivel de vida digno y evitar situaciones de explotación laboral. Según la Autoridad Laboral Europea (EURES), este mínimo salarial también contribuye a reducir la desigualdad económica y contribuye al consumo interno en los países, ya que los trabajadores con salarios más bajos tienden a gastar una mayor proporción de sus ingresos.
No todos los países establecen igual este salario mínimo. Austria, Dinamarca, Finlandia, Italia y Suecia, no tienen salario mínimo legal y dejan esa negociación en manos de sindicatos y empresas mediante convenios colectivos.
Suiza tampoco tiene umbral federal y cada cantón negocia su propio mínimo salarial. Por ejemplo, el salario mínimo en Ginebra en 2024 era de 24,59 francos por hora, lo que supone unos 4.640 euros al mes, pero el alquiler en Ginebra oscila entre 1.580 y 2.630 euros y el seguro médico obligatorio supera los 370 euros por adulto. Eso hace que una parte considerable del sueldo desaparezca en gastos fijos, mientras que en otros países europeos cubrir esos costes fijos sería mucho más asumibles.
Comparar las cifras del salario mínimo entre países sin tener en cuenta el coste de vida puede llevar a conclusiones engañosas. Un salario de 1.139 euros en Polonia equivale, en términos de poder adquisitivo, a más de 1.800 euros en países con mayor coste de vida como Alemania o Francia.


Los que más cobran: Europa occidental al frente
Dentro del ámbito de la Unión Europea, Luxemburgo lidera la tabla con un salario mínimo de 2.704 euros mensuales, seguido de Irlanda con 2.391 euros, Alemania con 2.343 euros y los Países Bajos con un SMI de 2.295 euros.
Si nos fijamos en los vecinos continentales que no forman parte de la UE, el salario mínimo en Reino Unido se aplica por rangos de edad, por lo que los mayores de 21 años cobran 12,71 libras por hora (el equivalente a unos 15,20 euros). Eso implica que su salario mínimo sería de unos 2.279 euros mensuales para una jornada estándar de 37,5 horas semanales.
Europa del Este por debajo de la media
Los salarios mínimos más bajos se dan en la mitad oriental de Europa, con Bulgaria como el país de la UE con el SMI más bajo con 551 euros mensuales, seguida de Hungría con 727 euros, Letonia con un SMI de 740 euros y Rumanía con 797 euros.
La diferencia entre Luxemburgo y Bulgaria es abismal, con una brecha salarial entre los dos países que supera los 2.150 euros, en dos países con la misma moneda y el mismo mercado único.
Fuera del bloque comunitario, Ucrania marca el suelo del continente con apenas 164 euros mensuales según los datos de Eurostat, lo que significa que un trabajador con salario mínimo en Luxemburgo gana más de 16 veces más al mes que uno en Ucrania.
España: el SMI como termómetro de los salarios bajos
En España, la última subida del SMI se aplicó en febrero de 2026, dejándolo en un salario bruto de 1.221 euros mensuales en 14 pagas (1.424,50 euros brutos en 12 pagas). Ese salario sitúa a España en el décimo puesto de la tabla, justo detrás de los 1.802 euros de Francia y por delante de los 1.278 euros de Eslovenia.
España ha sido uno de los países que más ha incrementado este mínimo salarial, pasando de los 735 euros de 2018, a los 1.381 euros que tenía en 2025, y que recogen las estadísticas de Eurostat.
El problema de fondo en España es que el SMI se ha convertido en el salario más habitual, por lo que, lejos de ser un suelo excepcional para los empleos menos cualificados, actúa como el salario habitual de sectores enteros. Las estadísticas salariales reflejan que, las últimas subidas del SMI han servido para tirar al alza los salarios más bajos, creando una pirámide salarial con una base excesivamente ancha y unos tramos intermedios que no han subido al mismo ritmo.
Imagen | VisualCapitalist
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EEUU dice que la guerra ha terminado… mientras vuelan misiles y drones kamikaze
Durante la llamada “Guerra de los Petroleros” entre Irán e Irak, varias compañías marítimas llegaron a pintar banderas de otros países sobre sus buques y a cambiar nombres y registros casi de un día para otro para intentar cruzar el Golfo Pérsico sin ser atacadas. Aun así, muchas tripulaciones seguían navegando convencidas de que cualquier error, radar o movimiento extraño podía convertir un viaje comercial rutinario en una zona de combate improvisada.
La guerra más incierta. La situación alrededor de Irán y el estrecho de Ormuz se ha convertido en una paradoja difícil de sostener. Hace escasas horas, la Casa Blanca ha insistido en afirmar que la guerra terminó hace semanas. De hecho, Marco Rubio asegura que la operación “Epic Fury” ya concluyó mientras Trump habla ahora del conflicto como una suerte de “miniwar” o un episodio temporal donde se están terminando las pequeñas y últimas rencillas..
Ocurre que al mismo tiempo siguen volando drones y misiles, los buques estadounidenses continúan interceptando ataques iraníes y las fuerzas de ambos países siguen cruzando fuego por todo el Golfo. Dicho de otra forma, Washington intenta vender la idea de que el conflicto ya está en fase diplomática mientras sobre el terreno continúan ocurriendo acciones militares casi diarias, especialmente en Emiratos Árabes Unidos, donde los incidentes de bombardeos son casi diarios.
Cómo bloquear Ormuz sin cerrarlo del todo. La gran baza iraní no ha sido destruir flotas estadounidenses, sino convertir el estrecho en un lugar demasiado peligroso para el comercio normal. Aunque prácticamente cada día algunos barcos atraviesan la zona escoltados por EEUU, el tráfico sigue muy por debajo de los niveles previos a la guerra porque navieras y aseguradoras continúan viendo el paso como una apuesta arriesgada.
Irán mantiene así una presión enorme sobre la economía global sin necesidad de imponer un bloqueo absoluto, utilizando ataques limitados, amenazas constantes y la sensación permanente de que cualquier tránsito puede acabar en un incidente militar.
El fracaso del plan de EEUU. Trump presentó “Project Freedom” como la operación que demostraría que Washington podía reabrir Ormuz por la fuerza y restaurar la libertad de navegación. Sin embargo, el plan apenas consiguió mover unos pocos barcos antes de quedar pausado menos de dos días después de arrancar.
La decisión del presidente norteamericano refleja el gran problema de Washington: proteger el estrecho exige asumir riesgos militares constantes, pero abandonar la operación deja a Irán con capacidad para seguir condicionando el comercio energético mundial. Estados Unidos ha quedado atrapado entre evitar otra gran guerra en Oriente Medio y no parecer incapaz de imponer su propia estrategia.


La tregua funciona como una guerra limitada y controlada. Lo cierto es que sobre el papel existe un alto el fuego, pero en la práctica ambos países siguen actuando como si el conflicto continuara abierto. El Pentágono describe los ataques iraníes como “hostigamiento” por debajo del umbral de una nueva guerra total, lo que permite a Trump evitar una gran escalada.
Mientras tanto, Irán continúa lanzando ataques limitados y poniendo a prueba hasta dónde puede tensar la situación sin provocar una respuesta masiva estadounidense. El resultado es una especie de guerra híbrida donde oficialmente no hay guerra… pero tampoco paz.
Los aliados árabes empiezan a desconfiar de EEUU. Los ataques iraníes sobre Emiratos Árabes Unidos han provocado una creciente inquietud entre las monarquías del Golfo. Muchos gobiernos de la región perciben que Trump está más centrado en salir del conflicto que en responder con dureza a Teherán, incluso después de nuevos lanzamientos de misiles y drones.
La sensación es que albergar bases estadounidenses puede convertir a esos países en objetivos prioritarios sin garantizar necesariamente una protección total. Esa duda empieza a extenderse también entre aliados europeos y asiáticos que observan cómo Washington redefine continuamente qué considera una guerra real.
China se ha convertido en la pieza diplomática clave. En medio del bloqueo parcial de Ormuz, Pekín intenta mantener el equilibrio entre su relación con Irán y la necesidad de estabilizar los mercados energéticos. Estados Unidos está presionando a China para que convenza a Teherán de reabrir completamente el estrecho, especialmente antes de la próxima reunión entre Trump y Xi Jinping.
El problema es que China sigue comprando petróleo iraní y rechaza parte de las sanciones estadounidenses, aunque al mismo tiempo la subida de los precios energéticos está perjudicando seriamente a su economía. Eso convierte a Pekín en un actor indispensable para cualquier salida negociada.
Irán cree que el tiempo juega a su favor. La dirigencia iraní parece convencida de que Estados Unidos quiere evitar a toda costa otra guerra larga en Oriente Medio y posiblemente por ello está utilizando esa percepción para aumentar poco a poco la presión. Teherán mantiene los ataques limitados, conserva parcialmente cerrado Ormuz y continúa demostrando que todavía puede alterar los mercados mundiales sin cruzar una línea roja definitiva.
El resultado es una situación de lo más inédita, una donde Washington intenta declarar victoria y pasar página, mientras Irán sigue utilizando la amenaza militar como herramienta de negociación diaria.
Imagen | USN, Mostafa Tehrani
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un campamento minero y un enigmático rastro de rocas verdes
La alta montaña siempre ha sido vista como un límite casi natural para la supervivencia debido a las condiciones extremas que se tienen que vivir, y es por eso que los arqueólogos asumieron que esta ubicación era un entorno demasiado hostil para nuestros antepasados. Sin embargo, un nuevo y sorprendente descubrimiento a más de 2.200 metros de altitud acaba de hacer saltar por los aires esa idea al apuntar que no solo subían allí, sino que se tiraron muchos años trabajando para buscar minerales.
Qué se ha visto. Un reciente estudio publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology apunta a la primera prueba que tenemos de que en los Pirineos hubo presencia humana prehistórica. Aquí el escenario no es otro que la Cova 338, un abrigo rocoso situado a 2.235 metros de altitud donde se ha visto que nuestros antepasados tuvieron su actividad laboral.
Unas piedras verdes. Lo que los arqueólogos han encontrado en la Cova 338 no es un simple refugio para resguardarse de una tormenta. Aquí se ha visto que el yacimiento alberga múltiples estructuras de combustión, como por ejemplo hogares o zonas donde se hacía fuego para cocinar o simplemente calentarse, que indican que el lugar fue habitado de manera continua y planificada. Y sabemos que eran de la prehistoria debido al carbono-14,14 que no deja lugar a dudas.
Pero el hallazgo que más ha llamado la atención a los expertos son unos fragmentos de roca verde, que se apunta que son de malaquita, que es un mineral rico en cobre.
¿Por qué? El hecho de tener aquí malaquita ha hecho pensar a los investigadores que estamos ante un campamento orientado a la prospección minera y al trabajo metalúrgico temprano. De esta manera, nuestros antepasados prehistóricos estaban peinando las cumbres pirenaicas en busca de los recursos necesarios para fabricar las primeras herramientas y joyas de metal.
Un niño en las alturas. La Cova 338 esconde, además, un componente humano y profundamente conmovedor, ya que entre los restos de fuegos extintos y fragmentos de malaquita, el equipo investigador ha hallado restos humanos pertenecientes a un niño.
Ahora mismo, los motivos exactos de por qué está ahí o de por qué terminó muriendo son un gran misterio, por lo que añade una capa de complejidad social al yacimiento. Esto nos demuestra que las expediciones a la alta montaña no estaban compuestas exclusivamente por grupos aislados de cazadores o mineros adultos, sino que involucraban dinámicas familiares o de grupos demográficos más amplios.
La arqueología europea. Hasta la fecha, la narrativa arqueológica tradicional consideraba las zonas por encima de los 2.000 metros como “espacios marginales” durante la prehistoria. Literalmente, se pensaba que la verdadera innovación tecnológica y social ocurría en los valles bajos y las llanuras donde las condiciones climatológicas eran mucho más favorables.
Pero este nuevo estudio obliga a reescribir los libros de historia alpina y pirenaica, ya que la Cova 338 demuestra que los humanos prehistóricos tenían un gran conocimiento de la geología de la alta montaña y la capacidad logística para establecer campamentos estables, encender fuegos a temperaturas extremas y procesar minerales en condiciones durísimas.
Imágenes | UAB
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el nuevo frente de la guerra fría tecnológica
El gran talón de Aquiles de la transición energética en Europa no está a la vista. No son los paneles fotovoltaicos ni los molinos de viento, sino los chips y procesadores ocultos que los hacen funcionar. Consciente de este riesgo, la Unión Europea ha decidido blindar su red eléctrica con una medida drástica. Las empresas que quieran montar proyectos renovables con dinero comunitario tendrán que buscar alternativas: la tecnología china se queda, de momento, fuera de juego.
El veto, al detalle. Bruselas ha hecho público su plan para vetar la financiación europea a proyectos de energías renovables que utilicen equipos clave fabricados en países considerados de “alto riesgo”: China, Rusia, Irán y Corea del Norte. La diana de esta prohibición tiene un nombre muy específico: los inversores (o conversores). De forma sencilla, se trata de dispositivos electrónicos críticos que actúan como procesadores de las plantas fotovoltaicas. Su función es transformar la corriente continua que generan las placas solares en la corriente alterna que finalmente llega a nuestros hogares y empresas.
La medida, de facto, ya está en marcha. Las instituciones financieras tienen hasta este 15 de mayo de 2026 para notificar a la Comisión los proyectos que tienen en cartera. A partir del 1 de noviembre, el veto será total para cualquier nueva instalación que aspire a recibir fondos comunitarios, especialmente aquellos provenientes del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
¿Y por qué ahora? Como señala Expansión, el Ejecutivo comunitario ha enmarcado esta decisión bajo el paraguas de la “seguridad económica” y la protección frente a la dependencia estratégica, desmarcándose de quienes lo ven como una mera política industrial proteccionista.
El alcance de esta directriz es mayúsculo. Según detalla pv magazine, no solo se limita a los parques solares tradicionales, sino que se extiende a los vitales Sistemas de Almacenamiento de Energía en Baterías (BESS). Esto supone un duro golpe para los gigantes asiáticos, que suelen vender soluciones integradas que combinan baterías y electrónica de potencia. A este cerco hay que sumarle una estricta “ley antitrampas”: la regulación no contempla excepciones significativas y afectará incluso a aquellos inversores que se fabriquen físicamente en Europa, siempre y cuando la empresa matriz esté controlada por entidades de estos países de riesgo.
El fantasma del apagón nacional. La contundencia de la UE responde a un miedo tangible. La Comisión basa su veto en informes de inteligencia e información clasificada aportada por varios Estados miembros que alertan sobre una amenaza gravísima: el ciberataque y el “apagado remoto”. Al estar los inversores conectados a internet y gestionar datos operativos críticos de la red eléctrica, un actor extranjero podría utilizarlos como caballo de Troya. Siobhan McGarry, portavoz de la Comisión, ha sido tajante: “En la práctica, esto podría implicar un apagado remoto de las redes de los Estados miembros, provocando apagones a nivel nacional”.
Esto no es ciencia ficción. El gran apagón que sufrió España y Portugal el 28 de abril de 2025 demostró de forma empírica la vulnerabilidad de la red. Aunque en su momento se descartaron actos de sabotaje deliberado, el informe oficial de la red europea (ENTSO-E) concluyó que el colapso estuvo directamente vinculado a una gran oscilación de tensión provocada por la desconexión inesperada de inversores fotovoltaicos. Este precedente ha hecho revivir en Bruselas los fantasmas del 5G y la decisión de arrinconar a firmas como Huawei y ZTE en el sector de las telecomunicaciones.
¿Un tiro en el pie para España? La teoría de Bruselas es firme, pero choca con una realidad incómoda: la abrumadora dependencia del gigante asiático. Según datos aportados por SCMP, China controla en la actualidad el 80% del mercado global de inversores, con marcas como Huawei y Sungrow liderando el ranking mundial.
En España, el escenario es aún más monopolístico. Según revela el Consejo Europeo de Fabricación Solar (ESMC), que cerca del 70% de los inversores instalados en nuestro país son de origen chino. Solo Huawei aglutinó en 2023 el 36,5% de las instalaciones, seguido de Sungrow (29,7%) y GoodWe (14,5%). Pese a las advertencias de Bruselas, el Gobierno español mantiene una posición divergente y continúa certificando decenas de dispositivos de Huawei para su uso en redes sensibles, asegurando a sus aliados que no suponen un riesgo.
Sin embargo, la onda expansiva del veto europeo ya está rompiendo proyectos a nivel nacional. Tal y como explicamos en Xataka, la Generalitat de Cataluña ha tenido que dar marcha atrás recientemente en la adjudicación de su macroproyecto de red pública (XCAT) a la alianza formada por Sirt y Huawei. El temor a tener que desmantelar la infraestructura en menos de un año para cumplir con la nueva normativa europea ha dejado en el aire un contrato de 127 millones de euros.
¿Miedo infundado a los costes? Hay muchas preguntas abiertas. ¿Paralizará este veto el despliegue renovable en Europa por falta de suministro o sobrecostes? La industria europea asegura que no hay motivos para el pánico. Según el ESMC, la capacidad de producción actual en la UE supera los 100 GW anuales (frente a una demanda de unos 65 GW). Además, la Comisión señala a Japón, Corea del Sur, Suiza y Estados Unidos como proveedores alternativos fiables.
Respecto al impacto económico, los datos desmontan el mito de un encarecimiento drástico. Tal y como recoge Euronews, el coste de los inversores apenas representa un 5% del presupuesto total de un parque solar. Un análisis de Wood Mackenzie calcula que sustituir los componentes chinos por tecnología occidental apenas encarecerá un 2% el coste total en los proyectos a gran escala. Un “sobrecoste mínimo”, según Bruselas, a cambio de blindar la red.
El “efecto boomerang”. Esta estrategia de aislamiento occidental tiene una consecuencia paralela silenciosa pero gigantesca. Al expulsar a China de las redes de energía y telecomunicaciones europeas, se está forzando a Pekín a crear un ecosistema tecnológico cien por cien autónomo.
Entidades chinas, como la Universidad Tsinghua o la propia Huawei, están registrando un volumen inusualmente elevado de patentes en fotolitografía para poder fabricar sus propios chips de vanguardia sin depender de la europea ASML. Paralelamente, están construyendo alternativas sólidas a los estándares occidentales de Inteligencia Artificial (como el monopolio de CUDA de NVIDIA). Al cerrarles la puerta, Europa y Estados Unidos podrían estar incubando a un competidor tecnológico global totalmente incontrolable e independiente.
Indignación en Pekín. Como era de esperar, la reacción de China ha sido inmediata. La Cámara de Comercio de China en la UE (CCCEU) ha rechazado de plano las acusaciones a través de declaraciones recogidas por Euronews. Los portavoces chinos acusan a Europa de politizar productos comerciales, exigen “neutralidad tecnológica” y advierten de que esta “sobre-segurización” de los componentes verdes podría dañar la confianza de los inversores internacionales. Por su parte, Pekín insiste en que sus productos tecnológicos no tienen fines políticos.
Además, el veto nace con una limitación fundamental: Bruselas solo puede bloquear el acceso a los fondos comunitarios. No tiene potestad legal, por ahora, para prohibir que una empresa privada compre tecnología china con su propio dinero. Por ello, según Expansión, la Comisión está instando intensamente a los Estados miembros a que repliquen esta directiva en sus licitaciones públicas nacionales.
No obstante, la pinza legal se estrecha. Este es solo el primer paso antes de la inminente revisión del Reglamento de Ciberseguridad (CSA 2) y la aplicación de la Directiva NIS2 sobre infraestructuras críticas, normativas que terminarán imponiendo restricciones vinculantes en toda Europa, independientemente del origen de los fondos, aunque países como España acumulan retrasos en su transposición. Como nota técnica pendiente, la UE aún debe abordar qué pasará con los componentes pasivos críticos (como los transistores IGBT), que están dentro de inversores occidentales pero suelen venir de fábricas chinas.
La soberanía energética como fin último. La decisión de la Comisión Europea, liderada por Ursula von der Leyen, certifica un cambio de paradigma total en el viejo continente. Europa ha interiorizado, a base de crisis geopolíticas, que la transición ecológica no consiste únicamente en instalar más paneles y reducir las emisiones de CO2; consiste, fundamentalmente, en no cambiar la dependencia del gas ruso por la dependencia de la tecnología asiática.
El mensaje que lanza Bruselas con este bloqueo a la financiación es rotundo: de nada sirve garantizar una energía limpia, barata e inagotable gracias al sol y al viento europeos, si el interruptor general que da luz a nuestros hospitales, fábricas y hogares puede ser apagado en remoto, con un solo clic, desde un servidor situado a diez mil kilómetros de distancia.
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