NVIDIA ha presentado en el CES 2026 Alpamayo, una familia de modelos de IA de código abierto diseñada específicamente para vehículos autónomos. El sistema no solo detecta obstáculos y planifica rutas, sino que “razona” sobre situaciones complejas y explica sus decisiones de conducción.

Mercedes-Benz será el primero en implementarlo en el CLA, que llegará a Estados Unidos en el primer trimestre de 2026.

Por qué es importante. Tesla ha mantenido su sistema FSD completamente cerrado desde 2016, y ahora NVIDIA apuesta por liberar los pesos del modelo, el framework de simulación y más de 1.700 horas de datos de conducción.

Esta estrategia puede convertir a NVIDIA en “el Android de la movilidad autónoma” y permitir que cualquier fabricante acceda a capacidades comparables a las de Tesla sin necesidad de años de desarrollo interno.

El contraste:

1. Tesla vende su FSD como un sistema propietario integrado solo en sus coches, generando ingresos recurrentes de sus propios clientes.
2. NVIDIA quiere vender chips a toda la industria, proporcionando la tecnología base para que otros construyan sus sistemas.

El primer modelo gana más por venta individual, pero el segundo puede escalar exponencialmente si varios fabricantes adoptan la plataforma.

En detalle. Alpamayo 1 es un modelo de 10.000 millones de parámetros que procesa vídeo y genera tanto una trayectoria como la lógica detrás de cada decisión.

Jensen Huang lo ha descrito como el “momento ChatGPT para la IA física”. El Mercedes CLA integrará 30 sensores (cámaras, radares, ultrasónicos…) y se comercializará como sistema “Nivel 2+”, similar al FSD de Tesla en que requiere atención constante del conductor.

Entre líneas. La jugada de NVIDIA parece realmente buena desde el punto de vista regulatorio:

• Al generar una “trazabilidad de razonamiento” que explica cada decisión, tranquiliza a los reguladores, que suelen estar aterrados por los modelos de caja negra.
• Y al liberar el código, engancha a startups y fabricantes en su ecosistema CUDA.

Si no puedes desarrollar autonomía por ti mismo (la mayoría de fabricantes tradicionales no puede), simplemente usas Alpamayo… y lo ejecutas en chips de NVIDIA.

La amenaza. Para Tesla, esto supone la temida commoditización de una tecnología que ha sido su principal diferenciador. Si Mercedes entrega en marzo capacidades similares a FSD basadas en un sistema que cualquier marca puede comprar, el argumento de venta de Tesla se debilita.

Elon Musk ya ha comentado este anuncio en su perfil de X: “Es fácil llegar al 99%, luego es muy difícil resolver el resto”. También parece una admisión implícita de que Tesla tampoco ha resuelto ese problema final.

Sí, pero. El código abierto no garantiza el éxito ni el símil con Android en la telefonía. La implementación real, la integración con sensores concretos y la validación en condiciones reales siguen siendo complejas.

Tesla lleva años acumulando millones de kilómetros de datos de conducción. NVIDIA ofrece 1.700 horas, una fracción enana en comparación. La pregunta es si esa ventaja de datos de Tesla compensa la ventaja de distribución que NVIDIA puede conseguir al asociarse con varios fabricantes. El tiempo y el mercado dirán.

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Imagen destacada | Pixilustration

Puede que el gran tesoro de Venezuela no sea petróleo. De hecho, desde que Estados Unidos atacó Caracas, se ha empezado a escuchar con fuerza una serie de teorías que tienen un denominador común: el mayor botín venezolano está a miles de kilómetros de la nación, bajo el suelo de la capital de Reino Unido.

El oro atrapado en Londres. Sí, bajo las calles de la city, en las bóvedas de la Bank of England, permanecen inmovilizadas unas 31 toneladas de oro pertenecientes a Venezuela, un activo que en 2020 estaba valorado en torno a 1.400 millones de libras y que hoy vale bastante más tras el fuerte repunte del precio del metal. 

La captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos ha devuelto este asunto al primer plano internacional, reabriendo una pregunta que lleva años sin respuesta clara: quién tiene realmente derecho a controlar esas reservas. Aunque la atención global suele centrarse en el petróleo venezolano, el oro representa cerca del 15% de las reservas exteriores del país y se ha convertido en una pieza clave de un pulso político, jurídico y geopolítico que trasciende con mucho a Caracas.

Reconocimiento y bloqueo. El origen del bloqueo se remonta a 2018, tras unas elecciones presidenciales disputadas y el endurecimiento de las sanciones impulsadas por Trump durante su primer mandato. El Reino Unido, junto a decenas de países, dejó de reconocer a Maduro como presidente legítimo y, ante las presiones de la oposición venezolana, se negó a autorizar la repatriación del oro, alegando el riesgo de que fuera utilizado para apuntalar un régimen autoritario o directamente desviado. 

A ello se sumó, según reveló después el exasesor de seguridad nacional John Bolton, una petición expresa de Washington para que Londres mantuviera el bloqueo, lo que situó al banco central británico y al Gobierno en el centro de una batalla que mezclaba derecho internacional, sanciones y diplomacia.

Bank of England

Un laberinto judicial. En 2020, Caracas acudió a los tribunales británicos para reclamar el oro, argumentando que necesitaba esos fondos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, el proceso se complicó cuando Juan Guaidó, entonces reconocido por Londres como presidente interino, reclamó también la titularidad de las reservas. 

El litigio derivó en una maraña legal sobre a quién debía obedecer el Banco de Inglaterra, una cuestión que sigue sin resolverse incluso después de que Guaidó perdiera el reconocimiento internacional. El resultado es un limbo jurídico en el que el oro permanece inmovilizado, sin que ninguna de las partes pueda disponer de él.

Acusaciones de piratería. Desde el entorno chavista, la retención del oro fue denunciada como un acto de “piratería”, una acusación formulada en su día por Delcy Rodríguez, que posteriormente quedó salpicada por el escándalo conocido como Delcygate tras su supuesto viaje secreto a Madrid en 2020 pese a una prohibición de entrada en la UE y la presunta venta de lingotes venezolanos. 

Aunque Rodríguez ha adoptado un tono más conciliador tras la caída de Maduro, ofreciendo cooperación a Estados Unidos, la posición británica sigue siendo firme: la ministra de Exteriores Yvette Cooper ha reiterado que Londres mantiene la presión política porque considera clave forzar una transición democrática, aun subrayando la independencia formal del Banco de Inglaterra en la gestión de los activos.

El precedente peligroso. El caso venezolano no es una excepción, sino más bien parte de una tendencia cada vez más controvertida: la inmovilización de reservas soberanas en un contexto de creciente confrontación geopolítica. 

Lo hemos contado: tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, los países occidentales congelaron cerca de 300.000 millones de dólares del banco central ruso, en gran parte depositados en Euroclear, una medida que ha generado tensiones con Moscú y ha reavivado el debate sobre la seguridad de mantener activos en el extranjero. Históricamente, estas sanciones han sido raras pero no inéditas, desde la confiscación soviética de oro rumano en 1918 hasta los bloqueos a países como Irán o Corea del Norte en la segunda mitad del siglo XX.

Desconfianza global. Así, el clima de incertidumbre está llevando a muchos países a replantearse dónde guardan sus reservas, impulsando movimientos de repatriación y alimentando el reciente rally del oro como activo refugio. Para analistas y bancos centrales, el episodio venezolano es una advertencia clara de cómo la política puede interferir en activos que tradicionalmente se consideraban intocables. 

Mientras el Banco de Inglaterra guarda silencio oficial (y muchos lingotes), el oro venezolano sigue enterrado bajo Londres, convertido en símbolo de un orden financiero internacional cada vez más frágil y politizado.

Imagen | Bank of England, Eluveitie

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Miles de personas en Papúa Nueva Guinea se han quedado sin conexión a internet tras la orden del gobierno de suspender las operaciones de Starlink en el país. La decisión ha llegado en medio de un bloqueo legal que dura ya más de un año, y está afectando a negocios, centros de salud y comunidades rurales que dependían del servicio de satélite de Elon Musk para mantenerse conectados.

Qué ha pasado exactamente. A mediados de diciembre, la Autoridad Nacional de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (Nicta) ordenó a Starlink cesar todas sus operaciones en Papúa Nueva Guinea porque la compañía no tiene licencia para operar en el país. “Starlink actualmente no tiene licencia para operar en Papúa Nueva Guinea, y hasta que se complete el proceso legal, no se pueden permitir los servicios”, cuenta Lume Polume, director ejecutivo de Nicta, al medio The Guardian. La empresa ya ha retirado completamente sus servicios del territorio.

Por qué había tanto enganche. Aunque no existen cifras oficiales sobre cuántos usuarios tenía Starlink en el país, analistas de telecomunicaciones estiman que sus terminales daban servicio a miles de personas antes del cierre, incluyendo pueblos y distritos enteros en zonas remotas, según el medio. Para muchas comunidades rurales era la única opción viable ya que las redes móviles son poco fiables o directamente no existen, y otros servicios por satélite resultan mucho más caros. Starlink ofrecía internet rápido y relativamente económico en lugares donde la conectividad había sido históricamente un problema crónico.

El impacto real de quedarse sin conexión. El apagón ha generado una serie de problemas importantes en el día a día. Profesores como Simon Jack, que trabaja en una escuela secundaria remota en la provincia de Southern Highlands, han explicado al medio británico que los estudiantes necesitan internet para consultar sus resultados académicos y ver dónde han sido admitidos para estudiar este año. “Para muchos de ellos, Starlink era la única opción que funcionaba”, señala.

En el ámbito sanitario, la trabajadora de salud Theresa Juni, de la provincia de East Sepik, contó que su clínica usaba Starlink para comunicarse con médicos en la ciudad y enviar informes rápidamente. “Ahora tenemos que esperar días o viajar solo para enviar información. Para pacientes que necesitan atención urgente, estos retrasos pueden ser peligrosos”, advierte.

Por otro lado, el medio asegura que algunos agricultores y comerciantes deben ahora desplazarse largas distancias hasta las ciudades para acceder a servicios bancarios y otras gestiones que antes hacían online.

El lío legal detrás del apagón. El problema viene de lejos. Starlink lleva intentando conseguir licencia en Papúa Nueva Guinea desde diciembre de 2023, pero en marzo de 2024 la Comisión del Defensor del Pueblo bloqueó su aprobación alegando preocupaciones sobre la fiabilidad del servicio y el cumplimiento normativo, según informa RNZ.

Nicta llevó el caso a los tribunales meses después buscando anular esta directiva, pero la decisión judicial sigue pendiente. Mientras tanto, la autoridad reguladora está “legalmente impedida” de emitir una licencia hasta que el tribunal se pronuncie.

El Pacífico es de Starlink. Lo irónico es que Starlink se ha convertido en un servicio alabado en otras naciones del Pacífico, especialmente tras su despliegue en Tonga después de que la erupción volcánica de 2022 destrozara los cables submarinos de internet. Allí el servicio fue calificado como “transformacional”. Sin embargo, Papúa Nueva Guinea se ha quedado fuera de esta historia de momento.

Tal y como cuenta el medio RNZ, el pasado mes de noviembre, la directora de acceso a mercados globales de SpaceX, Rebecca Slick Hunter, aseguró en una conferencia en Port Moresby que la compañía estaba lista para activar servicios en cuanto recibiera autorización, y que Starlink ya había establecido una entidad local en el país.

Reacción ciudadana. Unas 200 personas han firmado una petición online pidiendo que se permita operar legalmente a Starlink, según confirma Nicta. El empresario y exdiputado John Simon ha criticado duramente la situación: “Esto es realmente malo para este país. Internet y los servicios online han sido muy caros y lentos durante años, sin embargo no podemos escuchar a la gente común en la calle y resolver esto”, declaraba a The Guardian. “El gobierno de Papúa Nueva Guinea debe hacer algo por las pequeñas empresas que luchan. La gente común y los pequeños negocios dependen de la opción más barata y rápida, y ahora mismo eso es Starlink. Este problema debe solucionarse”.

Imagen de portada | Starlink

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