La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una fuerza que ya está reordenando empresas, infraestructuras, empleos, ciencia y poder económico. Lo que hemos visto hasta ahora probablemente sea solo una parte del cambio, pero ya basta para colocar a los gobiernos ante una decisión difícil: regular demasiado pronto puede frenar innovación, no hacer nada puede abrir riesgos difíciles de contener. En ese terreno intermedio, lleno de incertidumbre, muchos países buscan su sitio con las herramientas que tienen.

Esa decisión, sin embargo, no se toma desde el mismo punto de partida en todo el planeta. La IA de vanguardia exige una combinación difícil de replicar: capital abundante, acceso a chips, centros de datos, talento especializado, empresas capaces de escalar productos globales y energía suficiente para sostener esa infraestructura. Estados Unidos y China juegan buena parte de esa partida desde el centro del tablero. Argentina, en cambio, no cuenta con esa misma escala tecnológica, financiera e industrial, así que su margen de maniobra pasa necesariamente por otro lugar.

Argentina no parece estar intentando construir su propia OpenAI desde cero, ni disputarle a las grandes potencias la capa más sofisticada de la IA. Lo que empieza a dibujarse es otra estrategia: convertir al país en un lugar atractivo para que proyectos, infraestructuras y nuevas formas empresariales vinculadas a esta tecnología puedan instalarse con menos obstáculos. Ahí entran piezas menos espectaculares que un modelo de frontera, pero muy relevantes para esta economía: energía, suelo, incentivos, trámites, sociedades y reglas de funcionamiento.

La fórmula de Argentina para entrar en el mundo de la IA

La visión del presidente argentino quedó condensada en un artículo de opinión publicado en Financial Times. Milei defendió allí que la IA necesita espacio para desarrollarse antes de quedar atrapada por normas que considera prematuras, y vinculó esa idea con la historia de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Desde ese marco, propuso una figura para compañías operadas por agentes de IA o robots, acompañada de un impuesto de sociedades reducido y reglas atractivas para accionistas. Como podemos ver, el planteamiento combina desregulación, ingeniería societaria y una llamada abierta a la inversión.

El respaldo jurídico está en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional argentino, fechado el 29 de mayo de 2026, que reforma la Ley General de Sociedades. La clave no es solo que mencione la IA, sino dónde la coloca: dentro del marco que regula cómo nacen, funcionan y responden las empresas. El texto introduce una figura llamada Sociedad Automatizada, pensada para sociedades que desarrollen su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es decir, la propuesta lleva la IA al terreno societario, no solo al debate tecnológico.

El artículo 14 define esa figura con bastante claridad. “La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada”. La declaración de automatización, no obstante, deberá constar expresamente en el estatuto y la denominación tendrá que incluir la expresión “Automatizada”.

El proyecto también intenta resolver una pregunta inevitable: qué ocurre si esos sistemas causan daños. Su respuesta inicial está en el propio artículo 14, donde se establece que “la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”. La fórmula mantiene el problema dentro de una lógica conocida del derecho societario: quien responde es la empresa, no el algoritmo como si fuera una persona. Sobre el papel, por tanto, la automatización no elimina la responsabilidad, sino que la canaliza a través de la sociedad.

Javier Milei durante su intervención en la CPAC 2025

La pregunta es si esa respuesta alcanza para todos los escenarios que pueden abrirse. El mismo proyecto permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social, de modo que el patrimonio disponible para responder ante terceros puede convertirse en una pieza decisiva. También queda por ver cómo se probaría la cadena de decisiones cuando intervienen sistemas autónomos, proveedores externos, accionistas, administradores y posibles beneficiarios reales. En una empresa tradicional ya puede ser difícil reconstruir responsabilidades; en una sociedad operada mediante agentes de IA, esa tarea puede volverse bastante más compleja.

La discusión no termina en la responsabilidad por daños. El proyecto combina una fuerte autonomía estatutaria, límites a la capacidad de los registros para condicionar lo previsto por la ley, legajos registrales públicos sin información contable o económica y margen para que las relaciones internas de ciertas sociedades se sometan a derecho extranjero, aunque sin afectar a terceros ni a materias excluidas por el propio texto. Tomados por separado, esos elementos pueden explicarse como herramientas de agilidad empresarial. Leídos en conjunto, también pueden hacer de Argentina un lugar especialmente atractivo para actores externos que busquen operar con menos fricción.

Milei no menciona Stargate Argentina en su artículo de opinión, pero el anuncio ayuda a entender el tipo de país que el Gobierno quiere proyectar. OpenAI y Sur Energy lo presentaron como una posible gran infraestructura de IA en Argentina, con una comunicación muy ambiciosa alrededor de inversión, energía y capacidad de cómputo, justo las piezas que cualquier economía necesita para entrar en esta nueva fase tecnológica. Aun así, la cautela es obligatoria: lo que tenemos documentado es una carta de intención para explorar el proyecto. Hasta donde hemos podido verificar, no consta una ubicación definitiva, una fecha de obra ni una construcción iniciada.

La medida de esta apuesta no estará en lo llamativa que resulte la figura legal, sino en sus efectos. Una reforma así puede abrir actividad económica y atraer proyectos que quizá no llegarían con un marco más rígido. Pero también puede quedarse en una ventaja formal si la mayor parte del valor se decide, se financia y se explota fuera del país. El punto, por tanto, no es solo cuántas sociedades se crean o cuántos anuncios se acumulan, sino cuánto beneficio real termina quedándose en Argentina.

La apuesta de Milei, por tanto, no se juega solo en el texto de una reforma societaria. Se juega en algo más difícil de medir: si Argentina consigue convertir esa apertura en capacidades propias o si acaba ofreciendo un marco cómodo para que otros desplieguen tecnología, capital y riesgos desde fuera. La IA obliga a tomar decisiones, y no hacer nada también es una decisión. La cuestión es si esta puerta legal servirá para entrar en la nueva economía o para quedarse en el umbral mientras otros marcan el paso.

Imágenes |  Javier Milei (X) | Gage Skidmore

En Xataka | El mundo se está quedando sin datos para seguir entrenando a la IA. China tiene un as en la manga

La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una fuerza que ya está reordenando empresas, infraestructuras, empleos, ciencia y poder económico. Lo que hemos visto hasta ahora probablemente sea solo una parte del cambio, pero ya basta para colocar a los gobiernos ante una decisión difícil: regular demasiado pronto puede frenar innovación, no hacer nada puede abrir riesgos difíciles de contener. En ese terreno intermedio, lleno de incertidumbre, muchos países buscan su sitio con las herramientas que tienen.

Esa decisión, sin embargo, no se toma desde el mismo punto de partida en todo el planeta. La IA de vanguardia exige una combinación difícil de replicar: capital abundante, acceso a chips, centros de datos, talento especializado, empresas capaces de escalar productos globales y energía suficiente para sostener esa infraestructura. Estados Unidos y China juegan buena parte de esa partida desde el centro del tablero. Argentina, en cambio, no cuenta con esa misma escala tecnológica, financiera e industrial, así que su margen de maniobra pasa necesariamente por otro lugar.

Argentina no parece estar intentando construir su propia OpenAI desde cero, ni disputarle a las grandes potencias la capa más sofisticada de la IA. Lo que empieza a dibujarse es otra estrategia: convertir al país en un lugar atractivo para que proyectos, infraestructuras y nuevas formas empresariales vinculadas a esta tecnología puedan instalarse con menos obstáculos. Ahí entran piezas menos espectaculares que un modelo de frontera, pero muy relevantes para esta economía: energía, suelo, incentivos, trámites, sociedades y reglas de funcionamiento.

La fórmula de Argentina para entrar en el mundo de la IA

La visión del presidente argentino quedó condensada en un artículo de opinión publicado en Financial Times. Milei defendió allí que la IA necesita espacio para desarrollarse antes de quedar atrapada por normas que considera prematuras, y vinculó esa idea con la historia de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Desde ese marco, propuso una figura para compañías operadas por agentes de IA o robots, acompañada de un impuesto de sociedades reducido y reglas atractivas para accionistas. Como podemos ver, el planteamiento combina desregulación, ingeniería societaria y una llamada abierta a la inversión.

El respaldo jurídico está en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional argentino, fechado el 29 de mayo de 2026, que reforma la Ley General de Sociedades. La clave no es solo que mencione la IA, sino dónde la coloca: dentro del marco que regula cómo nacen, funcionan y responden las empresas. El texto introduce una figura llamada Sociedad Automatizada, pensada para sociedades que desarrollen su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es decir, la propuesta lleva la IA al terreno societario, no solo al debate tecnológico.

El artículo 14 define esa figura con bastante claridad. “La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada”. La declaración de automatización, no obstante, deberá constar expresamente en el estatuto y la denominación tendrá que incluir la expresión “Automatizada”.

El proyecto también intenta resolver una pregunta inevitable: qué ocurre si esos sistemas causan daños. Su respuesta inicial está en el propio artículo 14, donde se establece que “la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”. La fórmula mantiene el problema dentro de una lógica conocida del derecho societario: quien responde es la empresa, no el algoritmo como si fuera una persona. Sobre el papel, por tanto, la automatización no elimina la responsabilidad, sino que la canaliza a través de la sociedad.

Javier Milei durante su intervención en la CPAC 2025

La pregunta es si esa respuesta alcanza para todos los escenarios que pueden abrirse. El mismo proyecto permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social, de modo que el patrimonio disponible para responder ante terceros puede convertirse en una pieza decisiva. También queda por ver cómo se probaría la cadena de decisiones cuando intervienen sistemas autónomos, proveedores externos, accionistas, administradores y posibles beneficiarios reales. En una empresa tradicional ya puede ser difícil reconstruir responsabilidades; en una sociedad operada mediante agentes de IA, esa tarea puede volverse bastante más compleja.

La discusión no termina en la responsabilidad por daños. El proyecto combina una fuerte autonomía estatutaria, límites a la capacidad de los registros para condicionar lo previsto por la ley, legajos registrales públicos sin información contable o económica y margen para que las relaciones internas de ciertas sociedades se sometan a derecho extranjero, aunque sin afectar a terceros ni a materias excluidas por el propio texto. Tomados por separado, esos elementos pueden explicarse como herramientas de agilidad empresarial. Leídos en conjunto, también pueden hacer de Argentina un lugar especialmente atractivo para actores externos que busquen operar con menos fricción.

Milei no menciona Stargate Argentina en su artículo de opinión, pero el anuncio ayuda a entender el tipo de país que el Gobierno quiere proyectar. OpenAI y Sur Energy lo presentaron como una posible gran infraestructura de IA en Argentina, con una comunicación muy ambiciosa alrededor de inversión, energía y capacidad de cómputo, justo las piezas que cualquier economía necesita para entrar en esta nueva fase tecnológica. Aun así, la cautela es obligatoria: lo que tenemos documentado es una carta de intención para explorar el proyecto. Hasta donde hemos podido verificar, no consta una ubicación definitiva, una fecha de obra ni una construcción iniciada.

La medida de esta apuesta no estará en lo llamativa que resulte la figura legal, sino en sus efectos. Una reforma así puede abrir actividad económica y atraer proyectos que quizá no llegarían con un marco más rígido. Pero también puede quedarse en una ventaja formal si la mayor parte del valor se decide, se financia y se explota fuera del país. El punto, por tanto, no es solo cuántas sociedades se crean o cuántos anuncios se acumulan, sino cuánto beneficio real termina quedándose en Argentina.

La apuesta de Milei, por tanto, no se juega solo en el texto de una reforma societaria. Se juega en algo más difícil de medir: si Argentina consigue convertir esa apertura en capacidades propias o si acaba ofreciendo un marco cómodo para que otros desplieguen tecnología, capital y riesgos desde fuera. La IA obliga a tomar decisiones, y no hacer nada también es una decisión. La cuestión es si esta puerta legal servirá para entrar en la nueva economía o para quedarse en el umbral mientras otros marcan el paso.

Imágenes |  Javier Milei (X) | Gage Skidmore

En Xataka | El mundo se está quedando sin datos para seguir entrenando a la IA. China tiene un as en la manga

La última novedad china en inteligencia artificial no tiene forma de chatbot ni de chip. Tiene forma de una enorme base eléctrica prefabricada para alimentar centros de datos orientados a cargas intensivas de cálculo. Puede sonar menos llamativo, pero explica muy bien uno de los problemas de fondo del sector: los centros de datos necesitan cada vez más electricidad, y esa electricidad debe llegar de forma estable, eficiente y con plazos de construcción razonables. China está intentando resolver esa parte menos visible de la IA convirtiendo la base energética en una pieza industrial pensada para replicarse.

Una base eléctrica prefabricada. Según CCTV, el 6 de junio entró en funcionamiento en Qingdao lo que la cadena presenta como la primera base prefabricada del mundo para centros de computación. Explican que se trata del “corazón” energético del centro, la pieza encargada de suministrar electricidad continua y estable. No hablamos de una sala llena de servidores, sino de la parte que hace posible que esa sala trabaje. Fabricada por TGOOD, tiene unos 53 metros de largo, 41 de ancho y ocupa alrededor de 2.200 metros cuadrados.

De la obra a la fábrica. Para entender el cambio, imaginemos la escena al revés: en lugar de levantar sobre el terreno cada parte de la infraestructura eléctrica, una parte importante llega ya integrada desde fábrica. En paralelo, Xinhua describe la solución como una estación que agrupa transformadores de alta tensión, equipos de media tensión, sistemas de protección, control, comunicaciones y otros componentes necesarios para conectar el centro a la red. La compañía asegura que sus 167 módulos funcionales se prefabrican y calibran antes de llegar al proyecto.

Construir antes, ocupar menos. La parte interesante no está solo en que la infraestructura llegue más preparada, sino en lo que eso promete cambiar en el calendario de un proyecto. La base prefabricada promete reducir casi un 70% el ciclo de construcción frente a una solución tradicional, ocupar más de un 30% menos de superficie y rebajar el coste global en torno a un 20%. También se habla de un ahorro cercano al 80% en obra civil y de una ejecución que, en el escenario más rápido, podría completarse en cinco meses.

El otro frente. Hay otra parte de la propuesta que conviene separar de los plazos de construcción: cómo se alimenta el centro una vez está en marcha. Según CCTV, esta base puede conectarse directamente a energía verde y favorecer su aprovechamiento local al 100%, apoyándose además en almacenamiento para coordinar mejor suministro eléctrico y demanda de computación. Según las cifras comunicadas por TGOOD y recogidas por Xinhua, el coste eléctrico por token podría reducirse alrededor de un 30% si el sistema funciona como plantea la compañía.

Un problema que ya no es marginal. El interés por este tipo de soluciones se entiende mejor cuando miramos alrededor. La Agencia Internacional de la Energía prevé que el consumo eléctrico global de los centros de datos se duplique hasta alcanzar unos 945 TWh en 2030, y recuerda una diferencia importante: un centro de datos puede estar operativo en dos o tres años, pero ampliar la red, la generación y el resto del sistema energético suele requerir plazos más largos.

No es magia. La lectura más razonable es esta: China está probando una forma concreta de responder a algunos de los problemas que trae la expansión de los centros de datos. No todos, ni de manera definitiva. Esta base prefabricada apunta a retos muy físicos, como el espacio disponible, la velocidad de construcción, la conexión al suministro eléctrico y, según las cifras comunicadas por sus impulsores, un mejor encaje con energía más limpia. En otros países veremos estrategias distintas, porque cada red, cada territorio y cada regulación tienen sus propias limitaciones.

Imágenes | TGOOD

En Xataka | España produce tanta energía solar que es la envidia de Europa. Y aun así importa el 70% de la que consume