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Responsabilizan al médico de Maradona por recomendar la atención domiciliaria | Video

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Jana Maradona, hija de Diego Armando Maradona, declaró este martes ante el tribunal que juzga a siete trabajadores de la salud por la muerte del astro argentino que fue el médico de su padre, Leopoldo Luque, quien convenció a ella y a sus hermanas Dalma y Giannina de realizar el tratamiento en un domicilio particular y no en una clínica.

Ante los jueces del tribunal en el juicio que se sigue en la localidad de San Isidro, en las afueras de Buenos Aires, Jana Maradona dijo:

Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque era el médico de cabecera quien recomendaba esa opción.

Según declaró la hija de Maradona, de 28 años, las autoridades de la Clínica Olivos, donde el astro del futbol estuvo ingresado hasta el 11 de noviembre, recomendaron continuar el tratamiento en una clínica de rehabilitación, pero Luque “estaba indignado” con la propuesta.

Luque dijo que era una locura llevarlo a una clínica, que mi papá no iba a querer y que los de Swiss Medical (empresa de medicina privada) querían promocionarse recomendando esta clínica.

Jana Maradona afirmó que el equipo que atendía a su padre dio a entender que contaría con todos “los aparatos médicos a disposición” y que “los médicos de Swiss Medical se comprometieron a ofrecer” todo lo que su padre necesitara, algo que a la luz de su testimonio y de otros testigos no sucedió.

En cuanto al equipamiento médico, Jana dijo que solo vio un oxímetro de pulso y que no había ambulancias en el domicilio, pese a que les habían comunicado que siempre habría una a disposición.

También declararon la agente inmobiliaria que gestionó el alquiler de la casa, Andrea Flavia Jordan; el propietario de la misma, Santiago Giorello; y el que fuera el guardaespaldas de Maradona, Julio César Coria, quien fue detenido durante la audiencia por el delito de falso testimonio ante el tribunal.

Maradona, fallecido a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, presentaba en el momento de su muerte graves patologías hepáticas, cardíacas y pulmonares, según un informe forense presentado por la Fiscalía.

En este juicio están siendo juzgados el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicoanalista Carlos Díaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical, Nancy Forlini, el médico Pedro Di Spagna, el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.

También está procesada la enfermera Gisela Madrid, quien solicitó un juicio por jurados y será juzgada en una causa separada en el segundo semestre de 2025, una vez finalizado el juicio principal.

Los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tommaso y Julieta Makintach deberán determinar si siete de los ocho acusados son culpables del delito de homicidio simple con dolo eventual, que tiene una pena máxima de 25 años de prisión.

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Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, a juicio por evasión fiscal

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El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, declaró el miércoles ante un tribunal español que creía que sus asuntos fiscales eran legales al comparecer en un juicio en el que se le acusa de no haber pagado un millón de euros en impuestos sobre ingresos por derechos de imagen.

“Para mí estaba todo correcto”, dijo Ancelotti. “Nunca he pensado en defraudar”.

Al subir al estrado en la primera sesión del juicio, el italiano dijo que cuando se incorporó al equipo español le ofrecieron un salario neto de 6 millones de euros y que dejó en manos del club y de su asesor británico cómo se estructuraba.

Me pareció bastante normal porque en aquel tiempo lo tenían todos los futbolistas y el entrenador anterior”, añadió Ancelotti, que declaró durante unos 40 minutos.

Ancelotti es la más reciente de las varias celebridades del futbol investigadas por la Agencia Tributaria, la autoridad fiscal española, por presunto fraude fiscal.

Mientras que algunos jugadores importantes, como el portugués Cristiano Ronaldo y el español Diego Costa, han llegado a acuerdos extrajudiciales con cuantiosas multas, otros, como el entrenador del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, decidieron defender su inocencia ante los tribunales.

El Tribunal Supremo confirmó en 2023 la absolución de Alonso.

Pena de prisión

El fiscal pide para Ancelotti una pena de prisión de cuatro años y nueve meses y una multa de 3,2 millones de euros por dos delitos de evasión fiscal en 2014 y 2015.

Argumenta que el italiano solo declaró el sueldo que le pagaba el Real Madrid y omitió en su declaración de la renta los ingresos por sus derechos de imagen.

Ancelotti dijo que los derechos de imagen no eran significativos para los entrenadores como lo son para los jugadores.

“Para los entrenadores (los derechos de imagen) no cuentan lo mismo porque no venden camisetas (…); es importante para los futbolistas”, añadió.

Antes de la vista, el fiscal dijo que la Agencia Tributaria española había embargado a Ancelotti la deuda más los intereses.

Las partes podrían llegar a un acuerdo extrajudicial en cualquier momento del proceso. Se espera un veredicto en unas semanas.

La esposa de Ancelotti, Mariann, su hijo Davide y su hijastra Chloe también testificaron el miércoles.

Ancelotti, exjugador que fue internacional 26 veces con Italia y disputó el Mundial de 1990, regresó al Real Madrid para una segunda etapa como entrenador en 2021.

Ha ganado cinco veces la Liga de Campeones como entrenador, dos con el AC Milan y tres con el Real Madrid.

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Apelarán la sentencia absolutoria para Dani Alves | Video

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La Fiscalía Superior de Cataluña presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España contra la sentencia que absuelve al exfutbolista hispano-brasileño Dani Alves de la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

Según informó en un comunicado, el ministerio público formalizó este miércoles ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el anuncio del recurso, que corresponderá presentar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El recurso se basará en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revoca la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a Alves de Silva infringe preceptos constitucionales y principios del Código Penal.

La Fiscalía, de hecho, ya había recurrido la condena de Alves, pero en el sentido contrario a la resolución del Tribunal Superior, pues pedía que se le elevara la pena a nueve años de prisión al cuestionar que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para cubrir una futura indemnización a la víctima.

También la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García, anunció el pasado viernes su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque pendiente de valorar si la denunciante está en disposición de sobrellevar el desgaste “emocional” que supone seguir adelante con el caso, teniendo en cuenta que el alto tribunal puede tardar más de un año en resolver.

La Fiscalía fundamenta su recurso de casación en los únicos resquicios legales que le facultan a apelar la sentencia, que son vulneración de preceptos legales o constitucionales, dado que el Supremo no puede revisar las pruebas de un proceso penal, incluidas las testificales o la documentación.

Precisamente, la documentación del caso, en concreto el video de los momentos previos a los hechos que muestran a la denunciante y a Alves bailando y charlando en un reservado de la discoteca, ha resultado clave en la decisión del Tribunal Superior de absolver a Alves, dado que la sala estima que el testimonio de la joven no es fiable.

El margen del Supremo para revisar la sentencia de Alves es, sin embargo, limitado, ya que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior.

Por ese motivo, en caso de apreciar que la absolución está basada en argumentos erróneos, puede ordenar que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia, explicaron a EFE fuentes jurídicas.

La absolución ha generado una fuerte polémica en España y la vicepresidenta primera del Gobierno español, la socialista María Jesús Montero, llegó a calificarla de “vergüenza”, mientras que instancias como el Consejo General del Poder Judicial respaldan al tribunal.



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La Fiscalía Superior de Cataluña presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo de España contra la sentencia que absuelve al exfutbolista hispano-brasileño Dani Alves de la violación de una joven en una discoteca de Barcelona en diciembre de 2022.

Según informó en un comunicado, el ministerio público formalizó este miércoles ante la sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el anuncio del recurso, que corresponderá presentar a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El recurso se basará en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que revoca la condena de cuatro años y medio de prisión que la Audiencia de Barcelona impuso a Alves de Silva infringe preceptos constitucionales y principios del Código Penal.

La Fiscalía, de hecho, ya había recurrido la condena de Alves, pero en el sentido contrario a la resolución del Tribunal Superior, pues pedía que se le elevara la pena a nueve años de prisión al cuestionar que se le aplicara la atenuante de reparación del daño por los 150.000 euros que entregó al juzgado para cubrir una futura indemnización a la víctima.

También la acusación particular, ejercida por la abogada Ester García, anunció el pasado viernes su intención de recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, aunque pendiente de valorar si la denunciante está en disposición de sobrellevar el desgaste “emocional” que supone seguir adelante con el caso, teniendo en cuenta que el alto tribunal puede tardar más de un año en resolver.

La Fiscalía fundamenta su recurso de casación en los únicos resquicios legales que le facultan a apelar la sentencia, que son vulneración de preceptos legales o constitucionales, dado que el Supremo no puede revisar las pruebas de un proceso penal, incluidas las testificales o la documentación.

Precisamente, la documentación del caso, en concreto el video de los momentos previos a los hechos que muestran a la denunciante y a Alves bailando y charlando en un reservado de la discoteca, ha resultado clave en la decisión del Tribunal Superior de absolver a Alves, dado que la sala estima que el testimonio de la joven no es fiable.

El margen del Supremo para revisar la sentencia de Alves es, sin embargo, limitado, ya que de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español, no puede imponer una condena a un fallo absolutorio de una instancia inferior.

Por ese motivo, en caso de apreciar que la absolución está basada en argumentos erróneos, puede ordenar que un tribunal de composición distinta dicte una nueva sentencia, explicaron a EFE fuentes jurídicas.

La absolución ha generado una fuerte polémica en España y la vicepresidenta primera del Gobierno español, la socialista María Jesús Montero, llegó a calificarla de “vergüenza”, mientras que instancias como el Consejo General del Poder Judicial respaldan al tribunal.



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