La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que la exención de impuestos otorgada a la FIFA por la organización del Mundial de Fútbol 2026 en México se limitó a un periodo de un año.

Sheinbaum explicó, en su habitual conferencia de prensa, que dicha exención se dio por un acuerdo firmado en 2018, cuando se otorgó la sede de la Copa a México, Estados Unidos y Canadá, es decir, durante la Administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Agregó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisó el acuerdo y redujo a un año la exención de impuestos a la FIFA, esto, tras la publicación de un artículo que señalaba que el Gobierno de Sheinbaum “estaba dando muchísimas facilidades a la FIFA para disminución de impuestos”.

“Emitió la SHCP un comunicado muy importante, porque fue al revés: o sea, se había firmado algo (…) para que se llevara a cabo el Mundial en México, que daba varios años de exención de impuestos”, explicó Sheinbaum.

“Se redujo a un año y se acotó, por parte de la Secretaría de Hacienda”, añadió la mandataria y apuntó que el domingo la dependencia publicó un comunicado con detalles de esta situación”, apuntó.

El domingo, la SHCP informó que, en coordinación con diferentes autoridades, ha sostenido mesas de trabajo con la FIFA y Federación Mexicana de Fútbol (Femexfut) desde el inicio del Gobierno de la presidenta Sheinbaum “para adecuar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la garantía gubernamental firmada en enero de 2018, último año de la gestión de Peña Nieto, “con el fin de limitar su alcance en apego al marco jurídico nacional”.

La dependencia aclaró que dicha garantía, firmada en ese momento por la Secretaría de Gobernación (Interior), en el contexto de obtener la sede conjunta del la Copa del Mundo 2026 “hace referencia a exenciones generales de impuestos federales y locales”.

Así como a la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembro, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento.

En el documento expresamente se señala que: “México garantiza que las disposiciones contenidas en esta garantía gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos”.

El acuerdo del Gobierno de México con la FIFA señala que “se logró acotar su vigencia para ser aplicable exclusivamente hasta el ejercicio fiscal 2026”.

Y que la garantía gubernamental contemplaba “beneficios fiscales amplios y de alcance general, mismos que este gobierno limitó mediante la norma habilitante incluida en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado”.

Actualmente, los beneficios sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales.

La Secretaría de Turismo de México ha estimado que la Copa del Mundo 2026 atraerá a más de 5.5 millones de turistas extranjeros, quien dejarán un gasto de hasta 3,000 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó el domingo que México limitó los beneficios fiscales de la Garantía Gubernamental otorgada a la FIFA para la organización del Mundial de Fútbol 2026, restringiéndolos únicamente a los sujetos directamente involucrados en el evento y al ejercicio fiscal 2026.

En un comunicado, detalló que logró acotar la vigencia de esta garantía mediante acuerdos con la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol (FEMEXFUT) y la inclusión de una norma habilitante en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026, aprobada por el Poder Legislativo en octubre pasado.

Apuntó que desde el inicio del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha trabajado para ajustar las medidas fiscales y aduaneras derivadas de la Garantía Gubernamental firmada en enero de 2018, con motivo de la candidatura de México como sede conjunta del Mundial de Fútbol 2026.

Dicha garantía, suscrita por la Secretaría de Gobernación durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, contemplaba “exenciones generales de impuestos federales y locales, así como la eliminación de procesos de control y administrativos hasta 2028, aplicables a la FIFA, sus subsidiarias, asociaciones miembros, proveedores, contratistas, personas físicas y cualquier tercero relacionado con la organización del evento”.

El documento establecía, textualmente: “México garantiza que las disposiciones contenidas en esta Garantía Gubernamental son jurídicamente vinculantes y plenamente válidas, así como directamente aplicables y plenamente exigibles de conformidad con sus términos, y seguirán siendo jurídicamente vinculantes, plenamente válidas, directamente aplicables y plenamente exigibles, con independencia de cualquier cambio en el Gobierno de México, o de cualquier cambio en las leyes y reglamentos”.

Según la SHCP, actualmente los beneficios fiscales “sólo aplican a los sujetos directamente involucrados en la organización y celebración de la Copa Mundial FIFA 2026, consistentes en la liberación de ciertas obligaciones formales, de pago, traslado, retención, recaudación y entero previstas en las leyes fiscales”.

Las contrapartes no incluidas directamente en la norma habilitante que participen en juegos y eventos en territorio nacional sí deberán pagar ISR.

La dependencia federal precisó que estos límites se lograron “a través de acuerdos, sin que fuera necesario algún litigio o medio de controversia”.

En términos económicos, la Secretaría de Turismo estima que el Mundial atraerá más de 5.5 millones de turistas extranjeros adicionales y generará hasta 3 mil millones de dólares en divisas, además de un mayor dinamismo en el empleo y la actividad económica nacional.

El gobierno federal señaló que para hacer transparentes todos los actos celebrados publicó tres documentos relacionados con la organización del Mundial.

El primero es el Acuerdo Interinstitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 6 de agosto de 2025, que establece facilidades para el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias en la importación temporal de mercancías.

El segundo es la Regla para importación temporal, publicada en el portal del SAT el 7 de agosto de 2025, que incluye un procedimiento simplificado, exenta del derecho de trámite aduanero (DTA) y permite el uso de formato sin pedimento hasta diciembre de 2026 para personas autorizadas por FIFA México.

El tercero es la Norma habilitante en la LIF 2026, publicada en el DOF el 7 de noviembre de 2025, libera de obligaciones fiscales a los sujetos que participen en la Copa Mundial FIFA 2026, con reglas de control que emitirá el SAT hasta diciembre de 2026.

La periodista Peniley Ramírez reveló el pasado 16 de diciembre en Aristegui en Vivo los detalles de los convenios que los gobiernos de la Ciudad de México y Monterrey, así como el gobierno federal, firmaron con la FIFA para ser sedes del Mundial 2026, comprometiéndose a asumir una amplia gama de costos y concediendo exenciones fiscales totales al organismo.

Ramírez explicó que tuvo acceso confidencial a dos convenios idénticos firmados en Zúrich en junio de 2022: uno por el entonces alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, y otro dirigido a la entonces jefa de gobierno capitalina Claudia Sheinbaum y firmado por el titular del Instituto del Deporte capitalino, Javier Hidalgo. También accedió a un documento federal de garantías fechado en junio de 2025.

Uno de los puntos más relevantes, según el análisis de la periodista y tres abogados especializados que consultó, es la exención fiscal, lo que significa que la organización no pagará impuestos por los beneficios comerciales del evento en México.

Además, el documento agrega “otra categoría a la que llama clientes FIFA y dice que México también condonará impuestos” a todos ellos, un concepto que no está especificado y del cual el gobierno no tendría conocimiento pleno, extendiendo el beneficio fiscal a otras entidades privadas.

Ramírez también detalló una serie de obligaciones económicas que recaerán en el erario: México deberá financiar la “limpieza social de dos kilómetros a la redonda de los estadios”, pagar señalización del evento, proporcionar oficinas gratuitas a la FIFA, cubrir costos de logística y garantizar transporte público gratuito para los asistentes a los estadios.

En el ámbito legal, los convenios contienen cláusulas extraordinarias: México se compromete a no litigar casos derivados del evento en tribunales nacionales, dirimiendo controversias directamente en “tribunales internacionales”, y renuncia a la inmunidad, lo que permitiría que un juez extranjero embargue propiedades del Estado mexicano en caso de un fallo adverso.

Para Peniley Ramírez, la cláusula más problemática es una que otorga a la FIFA la potestad de modificar unilateralmente los acuerdos. “La FIFA unilateralmente podrá agregar otras obligaciones a los contratos… y México tendrá que aceptar”, explicó.

Una cláusula que, según sus fuentes, constituye un “cheque en blanco” donde México se obliga a cumplir compromisos futuros no especificados.