En noviembre de 2025, la Generalitat llegó a desplegar a la UME, drones y controles policiales alrededor de Collserola después de encontrar decenas de jabalíes muertos cerca de Barcelona. Lo que empezó con dos animales infectados acabó convirtiendo los bosques de la ciudad en una enorme zona de rastreo sanitario.

Una ciudad en “guerra”. Durante años, los jabalíes fueron una molestia creciente en Barcelona y su área metropolitana: animales que rebuscaban en la basura, cruzaban carreteras o aparecían en urbanizaciones junto a Collserola. En 2026 la situación cambió completamente de escala. La detección de la peste porcina africana convirtió una parte de Cataluña en un enorme perímetro sanitario donde la Generalitat empezó a desplegar una respuesta propia de una operación de emergencia. 

La zona cero alrededor de Cerdanyola quedó rodeada de vallas, cierres de pasos de fauna, trampas colectivas y restricciones de acceso. Más de 1.900 efectivos trabajan sobre el terreno mientras drones, unidades caninas y empresas especializadas “peinan” bosques y zonas periurbanas buscando cadáveres, animales enfermos y grupos de jabalíes. Contaba hace unos días El País que el lenguaje político dejó de parecer ambiental para acercarse al de una campaña militar: “vaciar” zonas enteras, “erradicar” focos y contener la expansión del virus antes de que alcanzara la industria porcina catalana.

La caza masiva de miles de animales. La magnitud del operativo explica hasta qué punto la Generalitat considera la situación una amenaza estratégica. El objetivo inicial era eliminar entre 8.000 y 10.000 jabalíes en el radio de 20 kilómetros alrededor del foco detectado en noviembre de 2025. Posteriormente la cifra se ajustó a unos 6.000 animales solo dentro del perímetro crítico, mientras el plan general aspira a reducir a la mitad toda la población de jabalíes de Cataluña, estimada entre 120.000 y 180.000 ejemplares. 

Desde enero ya se han sacrificado más de 26.000 animales en toda la comunidad. En algunos puntos de la llamada “zona cero” apenas quedarían una veintena de jabalíes tras meses de capturas continuas. El despliegue incluye cientos de trampas, redes Pig Brig, visores térmicos, cierres de pasos de fauna y controles constantes para impedir que los animales crucen corredores naturales alrededor de Barcelona.

Francotiradores, cazadores y empresas de control de fauna. Uno de los elementos más llamativos de toda la crisis es cómo los cazadores han pasado de ser una figura socialmente cuestionada a convertirse en pieza esencial del operativo. Algunos actúan prácticamente como tiradores especializados en zonas boscosas y periurbanas donde los drones funcionan mal y los animales se mueven cerca de áreas habitadas. 

Muchos describen jornadas nocturnas con visores térmicos, trampas de alta capacidad y rifles preparados para disparar a cualquier ejemplar que aparezca delante del visor. La Generalitat incluso ha comenzado a financiar combustible, asistencia veterinaria para perros de captura y material especializado. Paralelamente, el Govern ha contratado empresas acostumbradas a operar en entornos urbanos y periurbanos, especialmente en Collserola y otros espacios donde los jabalíes se han acostumbrado a convivir con la ciudad. El resultado recuerda cada vez más a una campaña permanente de control de fauna desplegada alrededor de una gran capital europea.

Una amenaza económica gigantesca. Detrás de esta ofensiva hay un miedo mucho mayor que la propia sobrepoblación de jabalíes. Cataluña concentra una parte esencial de la industria porcina española y la expansión de la peste porcina africana podría provocar un golpe multimillonario sobre exportaciones, granjas y mercados internacionales. Japón y Filipinas ya han aplicado restricciones y el Govern teme perder credibilidad sanitaria si el virus escapa del perímetro controlado. 

Por eso el discurso institucional insiste tanto en la “bioseguridad” y en la necesidad de actuar con rapidez extrema. La administración catalana defiende que no se trata de una decisión ideológica ni política, sino de una respuesta obligatoria para evitar un colapso económico. La presión es tan alta que incluso se ha abierto un debate sobre acelerar la comercialización de carne de caza para absorber las decenas de miles de capturas y mantener económicamente viable el sistema.

La batalla dentro de Collserola. El gran problema para las autoridades es que la guerra contra los jabalíes se desarrolla en uno de los entornos más complejos posibles: una enorme área metropolitana de cuatro millones de habitantes. Collserola funciona como refugio natural y corredor de movimiento para animales acostumbrados desde hace años a vivir junto a urbanizaciones, carreteras y barrios periféricos. 

Algunas zonas son tan boscosas que ni siquiera los drones permiten calcular con precisión cuántos ejemplares quedan. Los técnicos reconocen que el control total es extremadamente difícil y por eso las restricciones de movilidad y acceso al medio natural siguen vigentes meses después del inicio de la crisis. Mientras tanto, continúan apareciendo nuevos positivos semana tras semana, alimentando la sensación de que la Generalitat libra una carrera contrarreloj para evitar que el brote se extienda definitivamente más allá de Barcelona.

La relación ciudad-naturaleza. La crisis también ha dejado una imagen incómoda sobre cómo ha cambiado la relación entre las grandes ciudades y la fauna salvaje. Durante años, Barcelona convivió con una población creciente de jabalíes que aprendió a aprovechar basura, parques y zonas urbanizadas. Los animales perdieron el miedo a las personas mientras las administraciones intentaban gestionar el problema sin recurrir a campañas masivas de sacrificio.

La peste porcina africana rompió ese equilibrio de golpe. Ahora la ciudad vive rodeada de controles, restricciones y operaciones de captura donde participan policías, cazadores, veterinarios y especialistas en fauna. La escena de equipos rastreando bosques con perros, redes y rifles a pocos kilómetros de zonas densamente pobladas ha terminado proyectando una sensación extraña: la de una gran capital europea convertida en el epicentro de una guerra sanitaria contra miles de animales salvajes.

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La práctica de la caza es un ‘hobbie’ que ha estado bastante en discusión entre diferentes sectores de la sociedad en los últimos años, pero más allá de sus aspectos éticos, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas ha decidido intervenir al plantear la prohibición del plomo en la munición de cacería. Y esto ha planteado un gran debate entre el sector cinegético y los ecologistas e investigadores que exigen medidas inmediatas, aunque de momento está en pausa. 

El cerco de Europa. Este cerco al plomo no es nuevo, sino que ya desde 2023 la Unión Europea prohíbe su uso en los humedales para la caza de aves acuáticas, una medida histórica para evitar la intoxicación por plomo en patos y otras especies que se comían los perdigones en el fondo de las lagunas. 

Pero ahora quieren ir un paso más allá, puesto que la ECHA ha recomendado a la Comisión Europea un veto total al prohibir la comercialización y uso de cartuchos y aparejos de pesca que contengan más de un 1% de plomo. Y para suavizar el golpe, los borradores europeos han planteado plazos de transición que oscilan entre los 18 meses para la caza mayor y hasta 5 años para la menor.

El papel de la ciencia. Para la comunidad científica española, estos plazos de gracia son un lujo que los ecosistemas no se pueden permitir. En concreto, 130 investigadores de diferentes instituciones han firmado un manifiesto instando al Gobierno a apoyar la restricción europea sin ningún tipo de concesión. Es decir, que la prohibición se aplique inmediatamente de la noche a la mañana. 

Los argumentos que ofrecen se centran principalmente en la gran toxicidad que genera el plomo cuando se deja abandonado en el campo, y sobre todo esgrimen que no hay un umbral seguro de exposición. Es decir, la única seguridad que podemos tener es cuando hay cero plomo en el ambiente. 

Su impacto. Por un lado, tenemos la afectación medioambiental, puesto que toneladas de plomo acaban esparcidas en el campo cada año por las prácticas de caza envenenando a la fauna, especialmente las aves carroñeras que consumen presas con perdigones. 

Por otro lado, tenemos un problema de salud pública. En este caso son varios los informes que existen advirtiendo sobre los riesgos alimentarios de consumir carne de caza abatida con este tipo de munición, recomendando a niños y mujeres embarazadas evitar su consumo por los datos neurológicos asociados al plomo. 

Los cazadores. Frente a la urgencia científica, piden pisar el freno ante la aplicación de estas medidas. Entidades como la Real Federación Española de Caza (RFEC) y la Federación Andaluza de Caza (FAC) argumentan que una prohibición brusca sería una sentencia de muerte para el sector y, por extensión, para la economía de muchas zonas rurales.

El problema que se plantea es que las alternativas al plomo no terminan de convencer, ya que, aunque existen opciones como el acero o el bismuto, el sector cinegético denuncia que no están validadas a nivel toxicológico, son mucho más caras y sobre todo, que no hay una producción a gran escala para cubrir la demanda. Además, el uso de perdigones de acero requiere en muchos casos adaptar o cambiar las escopetas más antiguas, ya que pueden dañar los cañones por la dureza del material. Es por todo esto que piden al menos 10 años para adaptarse. 

Una batalla política. Ahora mismo el Gobierno apoya el hecho de alinearse con la línea dura que viene desde Europa, pero los partidos de la oposición, como el Partido Popular, piden que se pelee en Bruselas por conseguir esas décadas de margen y fondos para la investigación balística alternativa y segura. 

Y es que ahora mismo la pelota está literalmente encima del tejado de Bruselas y del comité REACH encargado de regular las sustancias químicas en la UE. Ahora mismo lo único que queda es abrir un espacio de debate que no se presenta para nada fácil. 

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La Fórmula 1 es mucho más que un deporte de motor. Cada Gran Premio mueve miles de millones en intereses publicitarios e inversiones, por eso las principales de ciudades del mundo pugnan por tener su propio circuito en el campeonato.

En Dinamarca, un grupo de inversores quiere levantar un circuito capaz de entrar en la órbita de la Fórmula 1. El plan pone sobre la mesa unos 510 millones de euros al cambio, y se plantea sobre los cimientos de un pequeño circuito que ya existe ubicado en Padborg un pueblo al sur de Dinamarca de solo 4.393 habitantes.

Dos millonarios y el primer GP de Dinamarca

Tal vez no te sonarán los nombres de Henrik Lyngbye Pedersen y el de su hijo Mathias Lyngbye Villadsen. Pero si te decimos que su apellido proviene de uno de los miembros fundadores de la principal empresa farmacéutica de Dinamarca, igual te dan alguna pista.

Ambos son herederos de la fortuna de los hermanos Harald y Thorvald Pedersen, fundadores de Novo Nordisk, creadora de Ozempic, y han planteado una inversión de 3.800 millones de coronas danesas, unos 510 millones de euros, para levantar un circuito con aspiraciones muy serias.

Tal y como publica Motorpasión, su objetivo es construir una pista de 6.006 metros de recorrido, con 18 curvas y capacidad para 100.000 espectadores. Junto a la ampliación del actual trazado, también se contempla construir un complejo de hoteles, un centro de conferencias y un circuito de karting y motocross. Todo ello con la intención de que el recinto no dependa únicamente de la celebración de un Gran Premio al año, sino que deje la puerta abierta a otros eventos relacionados con el mundo del motor.

El actual circuito de Padborg Park se encuentra entre Padborg y Tinglev, sobre el terreno de un antiguo aeródromo que abrió como circuito en 2003. Ahora, Henrik Lyngbye Pedersen y su hijo Mathias quieren ampliar ese espacio y convertirlo oficialmente en el Circuito de Dinamarca.

Estado actual del circuito de Padborg

La propuesta de remodelación de este viejo aeródromo en un circuito de primera categoría homologado para la Fórmula 1 busca atraer a público de Dinamarca, Alemania y Países Bajos, aprovechando su cercanía con la frontera y con las vías de conexión con ciudades como Flensburg.

Rebecca Palmberg Steele, directora del proyecto, aseguraba que “el circuito estará ubicado en un lugar que constituye la puerta de entrada a Europa, y este proyecto tiene el potencial de impulsar tanto el deporte como el mundo empresarial y la comunidad local”, declaraba la responsable al medio danés Børsen.

510 millones por traer la Formula 1 a su casa

Los herederos de Novo Nordisk han estimado una inversión inicial de 3.800 millones de coronas danesas para crear el que sería el primer circuito capaz de albergar un Gran Premio de Dinamarca en el futuro. Es una inversión enorme para una instalación que, hasta ahora, funcionaba como circuito de menor y como espacio de entrenamiento.

El diseño del circuito ya se ha asignado al estudio Wurz Design, fundado por el expiloto de Fórmula 1 Alexander Wurz, que ya cuenta con una amplia experiencia en el diseño de trazados privados para formación y para competición, como el circuito Qiddiya Speed ​​Park de Riad o el Centro de formación de conductores del RACC en Madrid.

Los más de seis kilómetros de pista lo colocaría entre los trazados más largos de Europa, mientras que el aforo de 100.000 personas lo convierten en uno de los recintos más grandes del norte del continente.

No obstante, para que un circuito pueda acoger un Gran Premio hace falta una licencia FIA Grado 1, el nivel más alto de homologación. Los impulsores del proyecto aseguran que esa es la meta del proyecto, aunque también dejan claro que entrar en el calendario de Fórmula 1 no será sencillo ya que solo se incorporan nuevas pruebas cuando alguna de las sedes deja de celebrarlos, por lo que los herederos de Novo Nordisk afrontan una inversión cuyo retorno no está asegurado.

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Imagen | Unsplash (Martí Sierra , hannah thiel)