Hay proyectos que se fabrican literalmente con los ahorros de toda una vida. ‘Soy Frankelda’, el primer largometraje de animación stop motion producido íntegramente en México y que viene con el sello de la producción de Guillermo del Toro, llega a Netflix este 12 de junio con más de cien marionetas construidas a mano, cuatro años de trabajo artesanal. El inicio de su historia se remonta a 2021 y a una miniserie antológica semidesconocida.

Fue en ese año cuando el estudio mexicano Cinema Fantasma, fundado por los hermanos Arturo y Roy Ambriz, estrenó en HBO Max (no disponible en España) ‘Los sustos ocultos de Frankelda’, una miniserie antológica de stop motion protagonizada por una escritora fantasma que narra historias de terror a los niños. El éxito de la serie propició el salto al largo, inicialmente como un especial de 30 minutos, que creció hasta convertirse en una película de dos horas. Los hermanos Ambriz terminaron financiando la producción con sus propios ahorros.

Conoceremos a Francisca Imelda en el México del siglo XIX, escritora de relatos de terror cuyos textos son ignorados y desestimados por su entorno. Forzada al silencio, adopta el seudónimo de Frankelda y continúa escribiendo hasta que un atormentado príncipe de apariencia sobrenatural, Herneval, la guía en un viaje a su propio subconsciente. Convertida en fantasma, descubre que los monstruos que inventó han cobrado vida y amenazan el equilibrio entre la ficción y la realidad. Tal y como explicaba Roy Ambriz: “Cuando Mary Shelley publicó sus libros tuvo que hacerlo bajo el nombre de su esposo, Percy Shelley. Entonces nos preguntamos: ¿cuántas Mary Shelley habría habido en México?”.

Tras ver un montaje provisional, Del Toro felicitó a los creadores y apadrinó el proyecto. El director ya estaba en contacto con los hermanos desde 2015 y el cortometraje ‘Revoltoso’, que produjo. En ‘Soy Frankelda’ ejerció de asesor creativo. Es un papel en el que el director encaja a la perfección, ya que no solo ganó el Oscar con su propia versión de ‘Pinocho’ para Netflix, sino que ha apoyado el arte del stop motion de formas muy diversas, como con la creación, junto a la plataforma y la escuela de animación parisina Gobelins, de un estudio-laboratorio de stop-motion.

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La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una fuerza que ya está reordenando empresas, infraestructuras, empleos, ciencia y poder económico. Lo que hemos visto hasta ahora probablemente sea solo una parte del cambio, pero ya basta para colocar a los gobiernos ante una decisión difícil: regular demasiado pronto puede frenar innovación, no hacer nada puede abrir riesgos difíciles de contener. En ese terreno intermedio, lleno de incertidumbre, muchos países buscan su sitio con las herramientas que tienen.

Esa decisión, sin embargo, no se toma desde el mismo punto de partida en todo el planeta. La IA de vanguardia exige una combinación difícil de replicar: capital abundante, acceso a chips, centros de datos, talento especializado, empresas capaces de escalar productos globales y energía suficiente para sostener esa infraestructura. Estados Unidos y China juegan buena parte de esa partida desde el centro del tablero. Argentina, en cambio, no cuenta con esa misma escala tecnológica, financiera e industrial, así que su margen de maniobra pasa necesariamente por otro lugar.

Argentina no parece estar intentando construir su propia OpenAI desde cero, ni disputarle a las grandes potencias la capa más sofisticada de la IA. Lo que empieza a dibujarse es otra estrategia: convertir al país en un lugar atractivo para que proyectos, infraestructuras y nuevas formas empresariales vinculadas a esta tecnología puedan instalarse con menos obstáculos. Ahí entran piezas menos espectaculares que un modelo de frontera, pero muy relevantes para esta economía: energía, suelo, incentivos, trámites, sociedades y reglas de funcionamiento.

La fórmula de Argentina para entrar en el mundo de la IA

La visión del presidente argentino quedó condensada en un artículo de opinión publicado en Financial Times. Milei defendió allí que la IA necesita espacio para desarrollarse antes de quedar atrapada por normas que considera prematuras, y vinculó esa idea con la historia de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Desde ese marco, propuso una figura para compañías operadas por agentes de IA o robots, acompañada de un impuesto de sociedades reducido y reglas atractivas para accionistas. Como podemos ver, el planteamiento combina desregulación, ingeniería societaria y una llamada abierta a la inversión.

El respaldo jurídico está en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional argentino, fechado el 29 de mayo de 2026, que reforma la Ley General de Sociedades. La clave no es solo que mencione la IA, sino dónde la coloca: dentro del marco que regula cómo nacen, funcionan y responden las empresas. El texto introduce una figura llamada Sociedad Automatizada, pensada para sociedades que desarrollen su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es decir, la propuesta lleva la IA al terreno societario, no solo al debate tecnológico.

El artículo 14 define esa figura con bastante claridad. “La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada”. La declaración de automatización, no obstante, deberá constar expresamente en el estatuto y la denominación tendrá que incluir la expresión “Automatizada”.

El proyecto también intenta resolver una pregunta inevitable: qué ocurre si esos sistemas causan daños. Su respuesta inicial está en el propio artículo 14, donde se establece que “la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”. La fórmula mantiene el problema dentro de una lógica conocida del derecho societario: quien responde es la empresa, no el algoritmo como si fuera una persona. Sobre el papel, por tanto, la automatización no elimina la responsabilidad, sino que la canaliza a través de la sociedad.

Javier Milei durante su intervención en la CPAC 2025

La pregunta es si esa respuesta alcanza para todos los escenarios que pueden abrirse. El mismo proyecto permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social, de modo que el patrimonio disponible para responder ante terceros puede convertirse en una pieza decisiva. También queda por ver cómo se probaría la cadena de decisiones cuando intervienen sistemas autónomos, proveedores externos, accionistas, administradores y posibles beneficiarios reales. En una empresa tradicional ya puede ser difícil reconstruir responsabilidades; en una sociedad operada mediante agentes de IA, esa tarea puede volverse bastante más compleja.

La discusión no termina en la responsabilidad por daños. El proyecto combina una fuerte autonomía estatutaria, límites a la capacidad de los registros para condicionar lo previsto por la ley, legajos registrales públicos sin información contable o económica y margen para que las relaciones internas de ciertas sociedades se sometan a derecho extranjero, aunque sin afectar a terceros ni a materias excluidas por el propio texto. Tomados por separado, esos elementos pueden explicarse como herramientas de agilidad empresarial. Leídos en conjunto, también pueden hacer de Argentina un lugar especialmente atractivo para actores externos que busquen operar con menos fricción.

Milei no menciona Stargate Argentina en su artículo de opinión, pero el anuncio ayuda a entender el tipo de país que el Gobierno quiere proyectar. OpenAI y Sur Energy lo presentaron como una posible gran infraestructura de IA en Argentina, con una comunicación muy ambiciosa alrededor de inversión, energía y capacidad de cómputo, justo las piezas que cualquier economía necesita para entrar en esta nueva fase tecnológica. Aun así, la cautela es obligatoria: lo que tenemos documentado es una carta de intención para explorar el proyecto. Hasta donde hemos podido verificar, no consta una ubicación definitiva, una fecha de obra ni una construcción iniciada.

La medida de esta apuesta no estará en lo llamativa que resulte la figura legal, sino en sus efectos. Una reforma así puede abrir actividad económica y atraer proyectos que quizá no llegarían con un marco más rígido. Pero también puede quedarse en una ventaja formal si la mayor parte del valor se decide, se financia y se explota fuera del país. El punto, por tanto, no es solo cuántas sociedades se crean o cuántos anuncios se acumulan, sino cuánto beneficio real termina quedándose en Argentina.

La apuesta de Milei, por tanto, no se juega solo en el texto de una reforma societaria. Se juega en algo más difícil de medir: si Argentina consigue convertir esa apertura en capacidades propias o si acaba ofreciendo un marco cómodo para que otros desplieguen tecnología, capital y riesgos desde fuera. La IA obliga a tomar decisiones, y no hacer nada también es una decisión. La cuestión es si esta puerta legal servirá para entrar en la nueva economía o para quedarse en el umbral mientras otros marcan el paso.

Imágenes |  Javier Milei (X) | Gage Skidmore

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La inteligencia artificial ha dejado de ser una promesa lejana para convertirse en una fuerza que ya está reordenando empresas, infraestructuras, empleos, ciencia y poder económico. Lo que hemos visto hasta ahora probablemente sea solo una parte del cambio, pero ya basta para colocar a los gobiernos ante una decisión difícil: regular demasiado pronto puede frenar innovación, no hacer nada puede abrir riesgos difíciles de contener. En ese terreno intermedio, lleno de incertidumbre, muchos países buscan su sitio con las herramientas que tienen.

Esa decisión, sin embargo, no se toma desde el mismo punto de partida en todo el planeta. La IA de vanguardia exige una combinación difícil de replicar: capital abundante, acceso a chips, centros de datos, talento especializado, empresas capaces de escalar productos globales y energía suficiente para sostener esa infraestructura. Estados Unidos y China juegan buena parte de esa partida desde el centro del tablero. Argentina, en cambio, no cuenta con esa misma escala tecnológica, financiera e industrial, así que su margen de maniobra pasa necesariamente por otro lugar.

Argentina no parece estar intentando construir su propia OpenAI desde cero, ni disputarle a las grandes potencias la capa más sofisticada de la IA. Lo que empieza a dibujarse es otra estrategia: convertir al país en un lugar atractivo para que proyectos, infraestructuras y nuevas formas empresariales vinculadas a esta tecnología puedan instalarse con menos obstáculos. Ahí entran piezas menos espectaculares que un modelo de frontera, pero muy relevantes para esta economía: energía, suelo, incentivos, trámites, sociedades y reglas de funcionamiento.

La fórmula de Argentina para entrar en el mundo de la IA

La visión del presidente argentino quedó condensada en un artículo de opinión publicado en Financial Times. Milei defendió allí que la IA necesita espacio para desarrollarse antes de quedar atrapada por normas que considera prematuras, y vinculó esa idea con la historia de la responsabilidad limitada en el capitalismo moderno. Desde ese marco, propuso una figura para compañías operadas por agentes de IA o robots, acompañada de un impuesto de sociedades reducido y reglas atractivas para accionistas. Como podemos ver, el planteamiento combina desregulación, ingeniería societaria y una llamada abierta a la inversión.

El respaldo jurídico está en un proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional argentino, fechado el 29 de mayo de 2026, que reforma la Ley General de Sociedades. La clave no es solo que mencione la IA, sino dónde la coloca: dentro del marco que regula cómo nacen, funcionan y responden las empresas. El texto introduce una figura llamada Sociedad Automatizada, pensada para sociedades que desarrollen su objeto mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial. Es decir, la propuesta lleva la IA al terreno societario, no solo al debate tecnológico.

El artículo 14 define esa figura con bastante claridad. “La Sociedad de cualquiera de los tipos previstos en esta ley que desarrolle su objeto social, mediante sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial, sin requerir trabajadores en relación de dependencia ni recursos humanos para su operación ordinaria será considerada una Sociedad Automatizada”. La declaración de automatización, no obstante, deberá constar expresamente en el estatuto y la denominación tendrá que incluir la expresión “Automatizada”.

El proyecto también intenta resolver una pregunta inevitable: qué ocurre si esos sistemas causan daños. Su respuesta inicial está en el propio artículo 14, donde se establece que “la sociedad automatizada responde con su patrimonio frente a terceros por los daños causados por sus sistemas algorítmicos autónomos o agentes de inteligencia artificial”. La fórmula mantiene el problema dentro de una lógica conocida del derecho societario: quien responde es la empresa, no el algoritmo como si fuera una persona. Sobre el papel, por tanto, la automatización no elimina la responsabilidad, sino que la canaliza a través de la sociedad.

Javier Milei durante su intervención en la CPAC 2025

La pregunta es si esa respuesta alcanza para todos los escenarios que pueden abrirse. El mismo proyecto permite que los socios fijen libremente la cifra del capital social, de modo que el patrimonio disponible para responder ante terceros puede convertirse en una pieza decisiva. También queda por ver cómo se probaría la cadena de decisiones cuando intervienen sistemas autónomos, proveedores externos, accionistas, administradores y posibles beneficiarios reales. En una empresa tradicional ya puede ser difícil reconstruir responsabilidades; en una sociedad operada mediante agentes de IA, esa tarea puede volverse bastante más compleja.

La discusión no termina en la responsabilidad por daños. El proyecto combina una fuerte autonomía estatutaria, límites a la capacidad de los registros para condicionar lo previsto por la ley, legajos registrales públicos sin información contable o económica y margen para que las relaciones internas de ciertas sociedades se sometan a derecho extranjero, aunque sin afectar a terceros ni a materias excluidas por el propio texto. Tomados por separado, esos elementos pueden explicarse como herramientas de agilidad empresarial. Leídos en conjunto, también pueden hacer de Argentina un lugar especialmente atractivo para actores externos que busquen operar con menos fricción.

Milei no menciona Stargate Argentina en su artículo de opinión, pero el anuncio ayuda a entender el tipo de país que el Gobierno quiere proyectar. OpenAI y Sur Energy lo presentaron como una posible gran infraestructura de IA en Argentina, con una comunicación muy ambiciosa alrededor de inversión, energía y capacidad de cómputo, justo las piezas que cualquier economía necesita para entrar en esta nueva fase tecnológica. Aun así, la cautela es obligatoria: lo que tenemos documentado es una carta de intención para explorar el proyecto. Hasta donde hemos podido verificar, no consta una ubicación definitiva, una fecha de obra ni una construcción iniciada.

La medida de esta apuesta no estará en lo llamativa que resulte la figura legal, sino en sus efectos. Una reforma así puede abrir actividad económica y atraer proyectos que quizá no llegarían con un marco más rígido. Pero también puede quedarse en una ventaja formal si la mayor parte del valor se decide, se financia y se explota fuera del país. El punto, por tanto, no es solo cuántas sociedades se crean o cuántos anuncios se acumulan, sino cuánto beneficio real termina quedándose en Argentina.

La apuesta de Milei, por tanto, no se juega solo en el texto de una reforma societaria. Se juega en algo más difícil de medir: si Argentina consigue convertir esa apertura en capacidades propias o si acaba ofreciendo un marco cómodo para que otros desplieguen tecnología, capital y riesgos desde fuera. La IA obliga a tomar decisiones, y no hacer nada también es una decisión. La cuestión es si esta puerta legal servirá para entrar en la nueva economía o para quedarse en el umbral mientras otros marcan el paso.

Imágenes |  Javier Milei (X) | Gage Skidmore

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