En el verano de 1996, un laboratorio escocés logró un avance que alteraría para siempre nuestra comprensión de la genética y encendería intensos debates sobre la ética y las posibilidades de la clonación. 

Ese día nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula somática adulta. Este hito, logrado por investigadores del Instituto Roslin, abrió una nueva era en la ingeniería genética y destrozó la creencia de que solo las células embrionarias poseen el potencial para el desarrollo completo de un nuevo individuo.

Desde entonces se ha venido debatiendo sobre la posibilidad de clonar seres humanos, pero ni lo hemos hecho ni parece que vayamos a hacerlo jamás. De eso y muchas cosas más nos habla esta semana Serezade, bióloga molecular, investigadora y divulgadora científica.

Pero es que además comentamos con ella otro tema fascinante: el de cómo los últimos avances parecen estar logrando algo largamente buscado: frenar el envejecimiento. 

Aquí hay mucha tela que cortar, y por ejemplo el ambiente, la cultura y los hábitos moldean nuestro ADN. Pero es que además hay riesgos, ética y privacidad genética entremezclados. Y todo ello plantea una pregunta clave: ¿tiene sentido ser inmortales?

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El interior de un misil dice mucho más de lo que parece a simple vista. Más allá de su función militar, es también el resultado de una cadena de diseño, fabricación y distribución que atraviesa fronteras. En varios análisis realizados en Ucrania, técnicos han identificado componentes extranjeros integrados en armas rusas. Ese dato, por sí solo, no explica cómo han llegado hasta ahí, pero sí abre una investigación que empieza en el terreno técnico y acaba conectando con el comercio internacional y los tribunales.

De este modo, esa pista se traslada al terreno judicial. Esta semana se presentaron varias demandas civiles en un tribunal estatal de Texas, en Dallas, en nombre de decenas de ciudadanos ucranianos contra Intel, AMD y Texas Instruments, además de Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes vinculado a Berkshire Hathaway. Los demandantes sostienen que estas compañías no evitaron que chips restringidos acabaran siendo revendidos a Rusia a través de terceros, pese a las sanciones en vigor. El lugar elegido no es casual, ya que las empresas mencionadas presencia operativa en ese estado.

La acusación en una frase. Como recoge Bloomberg, las demandas sostienen que las empresas incurrieron en lo que los abogados califican como “willful ignorance”, una ignorancia deliberada ante el desvío de chips a Rusia a través de intermediarios previsibles. Según los demandantes, existían señales suficientes de que componentes de estas compañías estaban siendo revendidos en violación de las sanciones estadounidenses, pero alegan que no se reforzaron los controles para impedirlo. Esa omisión es la base de una acusación más amplia de negligencia corporativa en materia de control de exportaciones y prevención del desvío.

Entonces, ¿cómo llegan los chips? El trasfondo del litigio enlaza con investigaciones que llevan tiempo apuntando a la presencia de tecnología extranjera en armas rusas. Vladyslav Vlasiuk, comisionado presidencial de Ucrania para la política de sancione, explicó en septiembre a CNN que muchos de estos componentes son de uso dual y que su entrada en programas militares suele producirse a través de intermediarios y empresas pantalla.

Las demandas no se apoyan solo en un planteamiento general, sino en episodios concretos. Los escritos citan cinco ataques ocurridos entre 2023 y 2025 que mataron o hirieron a civiles en Ucrania. Según la documentación presentada, uno de esos ataques habría involucrado drones de fabricación iraní, mientras que otros se atribuyen a misiles de crucero KH-101 y misiles balísticos Iskander de producción rusa. En varios casos, los demandantes afirman que los sistemas utilizados incorporaban componentes electrónicos asociados a las empresas señaladas.

El foco de las demandas no se limita a los fabricantes. En los documentos judiciales aparece Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes con sede en Mansfield (Texas) y propiedad de Berkshire Hathaway desde 2007, cuando adquirió la empresa matriz TTI. Los demandantes sostienen que Mouser facilitó transferencias de chips a sociedades pantalla controladas por intermediarios vinculados a Rusia, y que sus decisiones y operaciones logísticas fueron un componente doméstico relevante de la conducta denunciada. Mouser y Berkshire Hathaway tampoco respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

Postura de las compañías y sanciones. Las compañías citadas no han hecho comentarios públicos al respecto. En el pasado, eso sí, han dicho que cumplen con los requisitos de sanciones, que cesaron su actividad en Rusia cuando comenzó la guerra y que mantienen políticas estrictas para supervisar el cumplimiento.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha endurecido los controles sobre la exportación de semiconductores y otros componentes electrónicos, pero los resultados han sido desiguales. Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado concluyó el año pasado que componentes fabricados en Estados Unidos siguen apareciendo en armamento ruso. Como podemos ver, las sanciones y los controles de exportación no parecen estar logrando evitar que los chips occidentales acaben en manos de empresas vinculadas al complejo militar ruso.

A partir de ahora, el recorrido del caso dependerá de cuándo el tribunal procese las demandas y queden públicamente visibles en el registro judicial. A partir de ahí, los jueces decidirán si el litigio avanza y con qué calendario. Más allá del resultado, el caso pone el foco en una cuestión difícil de resolver con reglas simples, hasta dónde llega la responsabilidad cuando un componente se revende una y otra vez y termina en un uso final prohibido, con consecuencias humanas lejos de su punto de origen.

Imágenes | Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0) | Rubaitul Azad

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Se presentó el pasado 4 de diciembre y promete estar activo el 2 de enero de 2026. Ese día, si todo sale adelante, podremos ir al concesionario, comprometer nuestro coche eléctrico y ver en la factura final un descuento. Eso, al menos, es lo que se prometió el día que se presentó el Plan Auto+. Los últimos en dudar de ello: los concesionarios. 

La presentación. Hace ocho días que se presento el Plan Auto+, un programa de ayuda a la compra encuadrado dentro del Plan Auto 2030, una estrategia transversal para promocionar el coche eléctrico y mejoras generales en la movilidad de nuestro país. 

La medida estrella: descuentos directos a la compra de coches eléctricos. Es una decisión que viene a cubrir las exigencias de los compradores y los fabricantes que llevan años pidiendo esta medida para favorecer la expansión de este tipo de vehículos. Y es que, con el Plan MOVES III y todas las ediciones anteriores, la entrega de las ayudas se retrasaba en algunos casos hasta 18 meses. 

Muchas dudas. Pese al anuncio, muchas dudas quedaron flotando en el aire: 

• No se sabe a cuánto ascenderán las ayudas para coches eléctricos.
• No se sabe si las ayudas también cubrirán la compra de híbridos enchufables.
• No se sabe si las ayudas tendrán que declararse en la declaración de la renta, aunque si se aplica como un descuento a la compra es previsible que no sea así.
• Se ha anunciado que se cubrirán las ayudas del Plan MOVES III que no han sido ingresadas pero no se ha aclarado de cuánto tiempo estamos hablando.

Para estar intranquilo. Cuando se anunció este Plan Auto+ podíamos esperar que todos los agentes estuvieran al corriente y se hubieran puesto de acuerdo. Mucho más si tenemos en cuenta que faltan 20 días para que las nuevas ayudas a la compra estén disponibles. 

Pero lo cierto es que los concesionarios están dejando entrever sus dudas. Según El Economista, los concesionarios están negociando con el Ministerio de Industria la entrega de las ayudas pero tienen una línea roja: no adelantarán las ayudas. Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Faconauto, patronal de los concesionarios en España, pero han rechazado hacer comentarios al respecto.

El problema, señalan desde el medio, es que los concesionarios no cuentan con la salud financiera suficiente para adelantar el dinero si el Estado se extiende en el ingreso posterior del mismo. Según datos de la propia Facoauto, la rentabilidad del sector es de apenas un 1,38% y tres de cada diez concesionarios están en pérdidas. 

El caso valenciano. Una de las propuestas que se había puesto sobre la mesa era actuar igual que con el Plan Reinicia Auto+ cuando se ofrecieron hasta 10.000 euros de ayuda para los compradores de un coche eléctrico después de la DANA de Valencia. El objetivo fue aprovechar la renovación forzosa del parque automovilístico con la entrega de coches eléctricos. 

Entonces ya se trabajó con la idea de que el dinero de la ayuda se descontara del pago total del vehículo. Sin embargo, la burocracia volvió a hacer acto de presencia hasta el punto de que algunos concesionarios adelantaron la ayuda a los clientes con un descuento en la compra a expensas de que su solicitud fuera luego aprobada pero sin aceptación previa mediante. 

En El Economista señalan que desde los concesionarios recuerdan que esta forma de actuar sólo la llevaron a cabo algunas marcas, entregando el coche antes de tener el visto bueno a la ayuda. Además, recuerdan que el caso valenciano fue excepcional y que resulta complicado que algo similar pueda aplicarse de manera estatal si no cuentan con el compromiso del Estado de entregar las ayudas en un corto plazo de tiempo. 

Quedan 20 días. Ahora, con esta posición de los concesionarios delante, el Gobierno tiene menos de tres semanas para negociar unas ayudas que se anunciaron para el 2 de enero de 2026. Una situación compleja y que recuerda a las últimas prórrogas del Plan MOVES III. 

Hay que recordar que en febrero de 2024, el Gobierno ya se comprometió a entregar la ayuda a la compra de coches eléctricos con un descuento en el contrato. Durante todo ese año, esta posibilidad se fue retrasando hasta que llegó la renovación del Plan MOVES III con las mismas condiciones de siempre. 

Ese mismo programa de ayudas cayó al encontrarse dentro del Decreto Ómnibus tumbado por el Congreso de los Diputados pese a estar anunciado y activo. Meses más tarde, en abril de 2025, el Plan MOVES III volvió… con los mismos problemas de siempre. Es decir, con una gestión que dejaba al cliente a expensas de cobrar la ayuda hasta pasados 18 meses en algunos casos. 

Foto | Robin Le Mee y Mohamed B.

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