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En Singapur, el lujo no es tener un Ferrari o un Lamborghini. El verdadero lujo es simplemente conducir
Singapur, esa pequeña ciudad/país-estado entre Malasia e Indonesia donde apenas superan los cinco millones de habitantes, es un lugar de contrastes. Mientras el enclave tiene un alto grado de control gubernamental y ciertas prácticas que pueden calificarse como represivas, por el otro se abraza a las nuevas tecnologías hasta el punto de ser un referente mundial en el ámbito público hacia la IA. Allí, tener un coche no es una necesidad práctica, es una declaración de estatus.
Conducir en Singapur. La historia la contó hace un año el New York Times. En Singapur, poseer un coche no es algo práctico, es más bien una declaración comparable a vestir un traje de diseñador o lucir un reloj de lujo. ¿La razón? El sistema de certificados de propiedad (introducido en 1990 para controlar la congestión y la contaminación) impone a los ciudadanos el pago de sumas astronómicas solo por el derecho a comprar un vehículo.
Estos certificados, conocidos como certificates of entitlement (COE), pueden alcanzar hasta 84.000 dólares, elevando el precio total de automóviles comunes a cifras desorbitadas más propias de un superdeportivo. Como le contaba al diario el agente de seguros Andre Lee, que en 2020 pagó 24.000 dólares por un Kia Forte de segunda mano, tener un coche era simplemente parte de su imagen profesional, aunque luego reconoció que el gasto no se justificaba y optó por venderlo.
El precio en 2026. Este año, el sistema COE tiene precios que superan habitualmente los 100.000 dólares singapurenses (unos 70.000–85.000 euros) solo por el derecho a circular durante diez años. Las distintas categorías oscilan en ese rango, con los coches grandes y premium alcanzando las cifras más altas, mientras que incluso los vehículos comerciales y motocicletas han visto incrementos notables respecto a años anteriores.
Dicha volatilidad, con subastas quincenales que pueden mover los precios en miles de euros, refleja un deja vú: un mercado extremadamente tensionado donde la escasez artificial impuesta por el Estado sigue siendo el factor dominante, por encima incluso del propio coste del vehículo.
Un lujo innecesario. El problema de fondo también se explica por otro lado. Con una red de transporte público asequible y eficaz, pocos residentes necesitan realmente un coche para moverse por la ciudad. Los trayectos largos cuestan menos de dos dólares y las apps de transporte como Grab están ampliamente disponibles. Pese a ello, dos veces al mes se celebran subastas de COE, con cupos limitados fijados por el gobierno.
Esta política ha resultado muy efectiva: Singapur cuenta con apenas 11 coches por cada 100 habitantes, muy por debajo de países como Estados Unidos o Italia, donde la cifra supera los 75. Otras urbes han adoptado por medidas contra la congestión, como peajes urbanos en Londres, Estocolmo o Nueva York, pero ninguna cobra tanto por poseer un coche como Singapur.
El coche y las clases sociales. Para los más ricos del país, adquirir un vehículo con todos los costes asociados no representa un problema. Su-Sanne Ching, empresaria, contaba que pagó 150.000 dólares por un Mercedes-Benz, incluyendo un COE de 60.000 dólares. En cambio, para la clase media, especialmente familias con hijos, el auto se convierte en un lujo difícil de sostener. Joy Fang y su esposo le contaron al Times que compraron en 2022 un Hyundai Avante usado por 58.000 dólares para llevar a sus dos hijos.
Cada mes destinan más del 10% de su presupuesto familiar a mantener el vehículo, lo que les ha obligado a reducir salidas y viajes. Aun así, consideran que la alternativa (moverse con niños pequeños y bolsas en transporte público) resulta inviable.
Ayudas a los eléctricos. En cuanto a la “electrificación”, la ayuda principal (EEAI) se ha reducido a la mitad. Antes hasta 15.000 SGD, y ahora tiene un máximo de 7.500 SGD. No solo eso, al parecer, ya tiene fecha de desaparición para 2027.
Plus: el sistema VES también se ha ajustado y ha reducido progresivamente los incentivos. Dicho de otra forma, este año, la nación parece estar en fase de retirada progresiva de ayudas a los eléctricos.
A veces ni el simbolismo. Hay casos más extremos. Incluso para quienes adquieren un coche por razones simbólicas o profesionales, como Andre Lee, los gastos acumulativos pueden hacer que la decisión pierda sentido. Mantenimiento, gasolina, estacionamiento y seguros acaban superando las expectativas iniciales.
Lee, por ejemplo, vendió su coche tres años después de comprarlo y ahora se desplaza en transporte público, o toma prestado el vehículo de su padre cuando necesita reunirse con clientes. A su juicio, hay otras prioridades que terminaron por pesar más que la imagen que proyectaba tener coche propio.
Elección racional frente al caos. El modelo restrictivo de Singapur contrasta con el de otras ciudades del sudeste asiático como Yakarta o Bangkok, donde el tráfico extremo convierte los desplazamientos en una odisea. Para muchos singapurenses, renunciar al coche personal es un precio razonable por disfrutar de calles más despejadas y trayectos rápidos. A este respecto y según el sociólogo Chua Beng Huat, la elección es cultural y práctica: la población prefiere evitar las largas horas al volante. Él hombre mismo, pese a poseer un SUV BYD para mover a sus nietos, dice recurrir al metro cuando va al centro.
En última instancia, el coche en Singapur parece haberse convertido en un bien aspiracional más que funcional, uno reservado para quienes pueden permitírselo sin comprometer su economía. A diferencia de otras partes del mundo donde el vehículo representa una necesidad casi imperiosa de movilidad o independencia, en la isla-estado es, para muchos, un lujo que se compara con los objetos más ostentosos.
Allí conducir es como tener un Rolex, o casi.
Imagen | William Cho
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Una versión de este artículo se publicó en 2025. Hemos actualizado su contenido con todo lo que ha sucedido desde entonces.
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Cuando un ciberataque dejó “out” a los hospitales rumanos, los médicos recuperaron un clásico: lápiz y papel
La tecnología informática ha llegado para facilitarnos la vida. En el ámbito de la salud, por ejemplo, los hospitales están cada vez más interconectados. Los médicos de muchos países del mundo tienen acceso a historias clínicas electrónicas y los pacientes a recetas sin papel. Todo esto puede ser fantástico, siempre y cuando funcione bien, claro.
Rumanía lo vivió en febrero de 2024, cuando parte de su sistema sanitario quedó atrapado en un ataque de ransomware que afectó a la plataforma Hipocrate utilizada por hospitales de todo el país. Dos años después, una reconstrucción de la BBC permite entender mejor qué ocurrió, cuántos hospitales fueron realmente infectados y cómo logró contenerse la crisis.
El problema fue especialmente delicado porque Hipocrate estaba integrado en tareas muy distintas del día a día hospitalario. La plataforma se utilizaba para registrar pacientes, solicitar pruebas, consultar resultados, gestionar medicamentos y organizar suministros. En la práctica, su caída dejó a muchos centros sin una de sus principales herramientas de coordinación.
La variante de ransomware identificada fue BackMyData. Como suele ocurrir en este tipo de ataques, los archivos quedaron cifrados, renombrados e inutilizables para los administradores del sistema. Se habló de un rescate de 3,5 bitcoins, unos 175.000 euros al cambio de entonces, a cambio de la supuesta clave para recuperar la información.
A medida que llegaban nuevos avisos desde los hospitales, la Dirección Nacional de Seguridad Cibernética de Rumanía, la DNSC, tomó una decisión drástica: ordenar a más de 100 hospitales que se desconectaran de la red. La medida los dejó sin herramientas digitales, pero permitió aislar el problema y ganar tiempo.
Con el tiempo, la fotografía del incidente se ha afinado. La cifra de hospitales infectados directamente por BackMyData fue de 26. El impacto operativo, sin embargo, fue mucho mayor: más de 100 hospitales quedaron desconectados o sin acceso normal a sus servicios digitales.
Dentro de los hospitales, la respuesta fue mucho más terrenal. Algunos médicos pidieron al laboratorio que entregara los resultados en papel, otros recurrieron a hojas de cálculo sin conexión y muchos volvieron a registrar pacientes a mano. No fue una metáfora: durante varios días, parte de la sanidad rumana funcionó con herramientas analógicas.


Rumanía optó por no pagar el rescate y centró la recuperación en las copias de seguridad disponibles. La estrategia permitió recuperar la operativa, al menos en lo esencial. Según la información actualizada, la mayoría de hospitales volvió a funcionar casi con normalidad en unos cinco días.
Si bien no se registraron muertes ni daños graves a pacientes, la interrupción dejó trabajo pendiente durante semanas. Toda la información anotada en papel tuvo que volver a introducirse en los sistemas y algunos datos se perdieron para siempre.
Las autoridades rumanas no han atribuido públicamente el ataque a un grupo concreto. Sí hubo después una operación internacional contra una banda relacionada con el ecosistema de BackMyData, con cuatro ciudadanos rusos arrestados fuera de Rusia, pero la BBC no lo presenta como una resolución directa del caso.
Aquellos días dejaron una imagen difícil de olvidar para muchos: hospitales modernos, pantallas inútiles y médicos haciendo algo tan antiguo como escribir para seguir atendiendo. Este caso, sin embargo, también mostró que las copias de seguridad y los planes de recuperación son esenciales en el mundo interconectado en el que vivimos.
Imágenes | Pixabay | Tima Miroshnichenko | Miguel Ausejo
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la app de la Casa Blanca se autodescarga en móviles oficiales y no se puede borrar
La Administración de Donald Trump estrenó recientemente una nueva aplicación oficial de la Casa Blanca para iPhone y Android. En principio, nada demasiado raro: muchos gobiernos tienen apps públicas para difundir comunicados, retransmisiones, alertas o información institucional. Pero esta no ha llegado precisamente limpia de ruido. Primero surgieron preguntas por su contenido. Después, por la decisión de llevarla a móviles oficiales de empleados federales. Y ahora la controversia ha escalado: varios trabajadores citados por WIRED aseguran que la app apareció en sus teléfonos de trabajo y que, tras borrarla, volvió a instalarse.
Los testimonios apuntan a varias agencias federales. Empleados del Departamento de Agricultura, del Departamento de Estado y del Departamento de Trabajo aseguran que la aplicación apareció en sus dispositivos, y lo hicieron bajo condición de anonimato por temor a represalias. La frase más concreta llega desde el USDA: “La borré como prueba y volvió inmediatamente”, dijo uno de sus trabajadores. Otro empleado, esta vez del Departamento de Estado, contó que la eliminó de su teléfono, pero que en menos de 24 horas había reaparecido.
Una app pública en móviles oficiales
Ahí está buena parte del choque. La aplicación, presentada por la Casa Blanca como una vía para recibir “actualizaciones en tiempo real, eventos en directo y acceso directo a la Presidencia”, no parece una herramienta interna para empleados públicos. WIRED señala que es, aparentemente, la misma versión disponible para el público en las tiendas de Apple y Google, aunque desde España, al menos en iPhone, no hemos podido descargarla. Dentro de la app hay una sección social con publicaciones de la Casa Blanca, mensajes de Trump en Truth Social y vídeos de cuentas oficiales en plataformas como TikTok e Instagram. También incluye una sección de noticias con comunicados, documentos oficiales y artículos seleccionados de distintos medios.
Ese contenido es lo que ha llevado a algunos empleados a describir la situación en términos mucho más duros que una simple queja informática. Uno de los trabajadores citados lo resumió así: “Nos están inyectando propaganda pura y dura directamente en vena”. La frase apunta al fondo del conflicto: no es solo que una app haya llegado a un dispositivo oficial, sino que el contenido que aparece en ella se percibe, al menos entre esos empleados, como una extensión del mensaje político de la Administración.
La Casa Blanca, por su parte, defendió la medida ante la publicación tecnológica con un argumento centrado en la utilidad y la seguridad. Su portavoz, Olivia Wales, afirmó que la aplicación “no requiere que nadie cree una cuenta ni introduzca datos” y sostuvo que cualquier información dentro de la app es “segura”. También añadió que los dispositivos gubernamentales suelen incluir aplicaciones preinstaladas que aportan valor al trabajo diario de los empleados.


El caso tiene ecos de otros intentos recientes de llevar aplicaciones estatales a los móviles, aunque la comparación exige cuidado. En India, el Gobierno acabó retirando la preinstalación obligatoria de Sanchar Saathi, una app pública contra el fraude y para la seguridad móvil, y explicó oficialmente que ya no la haría obligatoria para los fabricantes. En Rusia, Reuters informó de que MAX, una mensajería respaldada por el Estado, debía venir preinstalada en móviles y tablets vendidos en el país. La diferencia es importante: esos casos miraban al mercado de consumo; el estadounidense afecta a teléfonos oficiales de trabajo.
La cuestión de fondo no es si la Casa Blanca puede gestionar los móviles oficiales que entrega a sus empleados. La cuestión es qué significa usar esa capacidad para colocar en esos dispositivos una app pública de comunicación política. Un empleado federal puede tener sus ideas, simpatías o preferencias, pero su función dentro de la Administración no debería pasar por convivir con mensajes políticos en una herramienta pensada para trabajar. Por eso la protesta recogida por WIRED tiene una lectura más amplia que una queja por una descarga automática: algunos trabajadores rechazan que un móvil oficial termine convertido en otro canal del mensaje presidencial.
Imágenes | Casa Blanca | Captura de pantalla Play Store y App Store
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Varias pistas apuntan que Taylor Swift y Travis Kelce se casarán en Nueva York el 3 de julio
Reuters.- ¿Estás preparado? Fuentes y documentos oficiales apuntan a que la cantante Taylor Swift y el futbolista Travis Kelce se casarán en Nueva York la próxima semana, publicó el miércoles el New York Times.
Swift, una de las cantantes más exitosas de todos los tiempos, y Kelce, tres veces campeón de la Super Bowl, anunciaron su compromiso en agosto. Desde entonces, no han dejado de surgir especulaciones sobre cuándo y dónde se casaría la pareja.
Se ha solicitado un permiso al Ayuntamiento de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden desde el 2 de julio hasta el mediodía del 4 de julio con motivo de un evento que tendrá lugar el 3 de julio, informó el Times, citando a tres personas con conocimiento del asunto.
Varios miembros del equipo de fútbol americano de Kelce, los Kansas City Chiefs, han reservado habitaciones de hotel para fechas en torno al 3 de julio en el hotel Marriott Marquis de Times Square, según el periódico.
El Times señaló que una cuarta persona, un funcionario municipal informado de los preparativos, dijo que el Madison Square Garden tenía previsto acoger los actos de la boda el 3 de julio.
Winick Productions, una empresa de organización de eventos, presentó una solicitud ante la Oficina de Permisos para Actividades en la Vía Pública de la ciudad a principios de junio, según el periódico. La empresa solicitó autorización para instalar una carpa o un toldo en el exterior del recinto para el evento, que, según el informe, contaría con entre 500 y 999 asistentes.
Reuters no pudo confirmar de inmediato que se hubiera presentado la solicitud de permiso ni que la boda fuera a celebrarse en julio. Los representantes de Swift, del Madison Square Garden y de Winick no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.
Nueva York estará muy animada alrededor del 3 de julio con los actos conmemorativos del 250 aniversario de los Estados Unidos y un partido del Mundial.
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