Comprar algo barato por internet se ha convertido en un gesto casi automático para para muchos. Un par de camisetas, un accesorio para el móvil o un pequeño gadget que cuesta poco más que un café llegan a casa en pocos días, muchas veces desde plataformas como Shein, AliExpress o Temu. No es una percepción aislada. Los propios reportes de cumplimiento bajo la Ley de Servicios Digitales muestran hasta qué punto estas plataformas se han integrado en el día a día del consumo digital en el Viejo Continente.

Ese cambio de hábitos tiene una traducción muy concreta en cifras y logística. En 2024, la Unión Europea recibió 4.600 millones de envíos de bajo valor, lo que equivale a más de doce millones al día. Según la Comisión Europea, el 91% de esos envíos procedía de China, un flujo constante que no solo ha crecido de forma exponencial en los últimos años, sino que ha puesto bajo una presión inédita a los sistemas aduaneros y de control, pensados para otro volumen y otra realidad del comercio internacional.

Qué cambios llegan y cuándo. La respuesta de Bruselas a este escenario tiene calendario y medidas concretas. Se ha acordado aplicar un arancel fijo de tres euros a ítems contenidos en pequeños envíos que entren en la Unión Europea y tengan un valor inferior a 150 euros. Estamos ante una solución transitoria que empezará a aplicarse el 1 de julio de 2026 y que servirá de puente hasta la entrada en funcionamiento del nuevo sistema aduanero europeo, con un gran nodo de datos para centralizar información y mejorar la gestión del riesgo, y con una autoridad comunitaria para coordinar y homogenizar la aplicación de las normas.

La UE lleva tiempo trabajando en una reforma estructural de su unión aduanera para unificar datos, agilizar procedimientos y reforzar la supervisión a escala comunitaria. La creación de un sistema común de información y de una autoridad aduanera europea busca corregir la fragmentación entre Estados miembros, un problema que el aumento masivo de pequeños envíos ha hecho evidente. Frente a un comercio cada vez más atomizado y de bajo valor, Bruselas aspira a un modelo distinto, con más coordinación y una aplicación más homogénea de las reglas en todo el mercado interior.

El detrás de escena de la medida. El impulso político detrás de esta reforma responde a varios frentes abiertos al mismo tiempo. Por un lado, las autoridades europeas llevan años alertando de prácticas de infravaloración que distorsionan la competencia y penalizan a los comercios que sí cumplen las reglas. A ello se suman “riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores, altos niveles de fraude y preocupaciones ambientales”.

¿Cuándo se paga la tasa? La clave de esta medida está en el momento en que se activa el gravamen. El arancel de tres euros se aplica cuando la mercancía entra en la Unión Europea, es decir, en el acto de importación. Esto implica una diferencia fundamental para nuestras compras. Si el producto se envía directamente desde fuera de la UE, el envío queda sujeto a esa tasa. Las cosas cambian cuando el pedido sale de un almacén situado dentro del mercado único, el paquete no vuelve a cruzar una frontera aduanera y el gravamen no se activa en este caso porque la importación debió producirse antes.

El documento aprobado por la UE no dice en ningún momento que el consumidor vaya a pagar directamente este arancel. La norma se limita a establecer que el gravamen se aplicará sobre los bienes en el momento de su importación. A partir de ahí, la lógica del mercado apunta a que serán las plataformas, los vendedores o los operadores logísticos quienes gestionen el pago ante la autoridad aduanera y decidan después cómo integrar ese coste. En la práctica, lo más habitual es que termine reflejándose en el precio final o en los gastos del pedido, es decir, que lo veríamos reflejado en el momento del “checkout” de nuestra compra.

¿Tres euros por producto o por ítem? El documento del Consejo es preciso en un matiz clave. El arancel se define como un gravamen fijo de tres euros sobre los ítems contenidos en pequeños envíos, y no como una tasa plana por paquete ni como un recargo por cada unidad individual. Esa elección de palabras apunta a que el cálculo se vincula al contenido declarado del envío, y no únicamente a la caja en la que viaja.

A falta de una guía operativa más detallada por parte de las autoridades, y siguiendo la lógica habitual de las aduanas, esto permite interpretar que varios productos iguales se agruparían bajo un mismo ítem. Por ejemplo, si un pedido incluye tres pares de zapatillas y tres relojes, el gravamen no se aplicaría seis veces, sino una por las zapatillas y otra por los relojes. Es decir, tres euros por cada tipo de producto incluido en el envío, y no por cada unidad comprada.

Temu se adelanta al cambio. Ante este nuevo escenario, Temu lleva tiempo ajustando su modelo en Europa. La plataforma ha reforzado acuerdos con operadores logísticos locales para ampliar opciones de entrega y apoyar su programa de vendedores locales, con una apuesta por servir más pedidos desde dentro del mercado comunitario. En sus comunicaciones oficiales, la compañía señala que espera que los vendedores locales y el cumplimiento logístico dentro de la UE lleguen a representar hasta el 80% de sus ventas europeas, una estrategia que busca ganar agilidad, acortar plazos y adaptarse a un entorno regulatorio más exigente.

La pregunta clave es si este modelo compensa. Centralizar stock en la UE aporta control y velocidad, pero obliga a seleccionar mejor qué productos se ofrecen y en qué cantidades. El calendario, en cualquier caso, ya está definido y la cuenta atrás para que entren en vigor los cambios en el sistema aduanero comunitario está en marcha. Al mismo tiempo, las plataformas de comercio electrónico están empezando a responder. Todo apunta a que parte de ese ajuste acabará reflejándose en precios más altos para algunos productos procedentes de China, aunque su alcance real dependerá de cómo se reordene la logística en los próximos meses.

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En el verano de 1996, un laboratorio escocés logró un avance que alteraría para siempre nuestra comprensión de la genética y encendería intensos debates sobre la ética y las posibilidades de la clonación. 

Ese día nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula somática adulta. Este hito, logrado por investigadores del Instituto Roslin, abrió una nueva era en la ingeniería genética y destrozó la creencia de que solo las células embrionarias poseen el potencial para el desarrollo completo de un nuevo individuo.

Desde entonces se ha venido debatiendo sobre la posibilidad de clonar seres humanos, pero ni lo hemos hecho ni parece que vayamos a hacerlo jamás. De eso y muchas cosas más nos habla esta semana Serezade, bióloga molecular, investigadora y divulgadora científica.

Pero es que además comentamos con ella otro tema fascinante: el de cómo los últimos avances parecen estar logrando algo largamente buscado: frenar el envejecimiento. 

Aquí hay mucha tela que cortar, y por ejemplo el ambiente, la cultura y los hábitos moldean nuestro ADN. Pero es que además hay riesgos, ética y privacidad genética entremezclados. Y todo ello plantea una pregunta clave: ¿tiene sentido ser inmortales?

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El interior de un misil dice mucho más de lo que parece a simple vista. Más allá de su función militar, es también el resultado de una cadena de diseño, fabricación y distribución que atraviesa fronteras. En varios análisis realizados en Ucrania, técnicos han identificado componentes extranjeros integrados en armas rusas. Ese dato, por sí solo, no explica cómo han llegado hasta ahí, pero sí abre una investigación que empieza en el terreno técnico y acaba conectando con el comercio internacional y los tribunales.

De este modo, esa pista se traslada al terreno judicial. Esta semana se presentaron varias demandas civiles en un tribunal estatal de Texas, en Dallas, en nombre de decenas de ciudadanos ucranianos contra Intel, AMD y Texas Instruments, además de Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes vinculado a Berkshire Hathaway. Los demandantes sostienen que estas compañías no evitaron que chips restringidos acabaran siendo revendidos a Rusia a través de terceros, pese a las sanciones en vigor. El lugar elegido no es casual, ya que las empresas mencionadas presencia operativa en ese estado.

La acusación en una frase. Como recoge Bloomberg, las demandas sostienen que las empresas incurrieron en lo que los abogados califican como “willful ignorance”, una ignorancia deliberada ante el desvío de chips a Rusia a través de intermediarios previsibles. Según los demandantes, existían señales suficientes de que componentes de estas compañías estaban siendo revendidos en violación de las sanciones estadounidenses, pero alegan que no se reforzaron los controles para impedirlo. Esa omisión es la base de una acusación más amplia de negligencia corporativa en materia de control de exportaciones y prevención del desvío.

Entonces, ¿cómo llegan los chips? El trasfondo del litigio enlaza con investigaciones que llevan tiempo apuntando a la presencia de tecnología extranjera en armas rusas. Vladyslav Vlasiuk, comisionado presidencial de Ucrania para la política de sancione, explicó en septiembre a CNN que muchos de estos componentes son de uso dual y que su entrada en programas militares suele producirse a través de intermediarios y empresas pantalla.

Las demandas no se apoyan solo en un planteamiento general, sino en episodios concretos. Los escritos citan cinco ataques ocurridos entre 2023 y 2025 que mataron o hirieron a civiles en Ucrania. Según la documentación presentada, uno de esos ataques habría involucrado drones de fabricación iraní, mientras que otros se atribuyen a misiles de crucero KH-101 y misiles balísticos Iskander de producción rusa. En varios casos, los demandantes afirman que los sistemas utilizados incorporaban componentes electrónicos asociados a las empresas señaladas.

El foco de las demandas no se limita a los fabricantes. En los documentos judiciales aparece Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes con sede en Mansfield (Texas) y propiedad de Berkshire Hathaway desde 2007, cuando adquirió la empresa matriz TTI. Los demandantes sostienen que Mouser facilitó transferencias de chips a sociedades pantalla controladas por intermediarios vinculados a Rusia, y que sus decisiones y operaciones logísticas fueron un componente doméstico relevante de la conducta denunciada. Mouser y Berkshire Hathaway tampoco respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

Postura de las compañías y sanciones. Las compañías citadas no han hecho comentarios públicos al respecto. En el pasado, eso sí, han dicho que cumplen con los requisitos de sanciones, que cesaron su actividad en Rusia cuando comenzó la guerra y que mantienen políticas estrictas para supervisar el cumplimiento.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha endurecido los controles sobre la exportación de semiconductores y otros componentes electrónicos, pero los resultados han sido desiguales. Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado concluyó el año pasado que componentes fabricados en Estados Unidos siguen apareciendo en armamento ruso. Como podemos ver, las sanciones y los controles de exportación no parecen estar logrando evitar que los chips occidentales acaben en manos de empresas vinculadas al complejo militar ruso.

A partir de ahora, el recorrido del caso dependerá de cuándo el tribunal procese las demandas y queden públicamente visibles en el registro judicial. A partir de ahí, los jueces decidirán si el litigio avanza y con qué calendario. Más allá del resultado, el caso pone el foco en una cuestión difícil de resolver con reglas simples, hasta dónde llega la responsabilidad cuando un componente se revende una y otra vez y termina en un uso final prohibido, con consecuencias humanas lejos de su punto de origen.

Imágenes | Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0) | Rubaitul Azad

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