Una experiencia común entre millones de espectadores: estás viendo tu serie favorita a un volumen cómodo cuando irrumpe un bloque publicitario que te obliga a lanzarte de cabeza hacia el mando a distancia. Ese sobresalto calculado podría tener los días contados en España gracias a criterios técnicos cuantificables para supervisar el nivel sonoro de los anuncios. 

La ley. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha establecido por primera vez una serie de criterios con el fin de que el nivel sonoro de los bloques de publicidad no supere al de los programas, según el acuerdo INF/DTSA/083/25 publicado el 20 de noviembre de 2025. La normativa extiende la regulación que desde verano de 2025 rige en la TDT a todo el ecosistema audiovisual: plataformas de streaming de vídeo como YouTube y servicios bajo demanda, aplicaciones de música como Spotify, televisión de pago y emisoras de radio convencional y digital. 

El regulador avisa de que el incumplimiento constituye una infracción leve con sanciones que pueden alcanzar los 200.000 euros en casos graves.

El engaño técnico: dB vs. LUFS. La industria publicitaria ha explotado durante décadas una fisura en la medición tradicional del sonido. Los decibelios convencionales registran la amplitud eléctrica de la señal, pero ignoran un factor crucial: cómo procesa el cerebro humano esa información sonora. Dos grabaciones pueden marcar valores idénticos en un medidor de picos tradicional y, sin embargo, una se percibe notablemente más fuerte que la otra.

El secreto está en la composición frecuencial. Nuestro sistema auditivo responde de forma desigual según el tono: las frecuencias medias (especialmente entre 1 y 4 kHz, donde se concentra la voz humana) nos resultan mucho más audibles que los graves profundos o los agudos extremos. Esta característica fisiológica permite a los anunciantes crear mensajes que suenan más fuertes sin violar los límites técnicos de decibelios.

El nacimiento de los LUFS. La solución llegó cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones publicó el estándar ITU-R BS.1770, adoptado en agosto de 2010 por la European Broadcasting Union. Este sistema introduce los LUFS (Loudness Units relative to Full Scale), que integran un filtro de ponderación K que replica matemáticamente la sensibilidad del oído. El resultado: una medición que refleja la percepción real, no solo la potencia eléctrica.

España se alinea con Europa. El Real Decreto 250/2025, aprobado en marzo, estableció por primera vez un parámetro objetivo para la TDT española: -23,0 LUFS con una tolerancia de ±1,0 LU (Loudness Unit). Esta cifra no es arbitraria, sino que coincide exactamente con el valor normalizado que la European Broadcasting Union lleva recomendando desde 2010. La CNMC ha dado ahora el siguiente paso y ha extendido estos criterios más allá de la televisión tradicional. 

Implementación. El regulador español ha optado por un enfoque gradual. La CNMC no exige a las plataformas reencodificar millones de horas de contenido histórico de forma inmediata. El documento permite que los operadores adopten “criterios técnicos que ofrezcan un nivel de protección equivalente”, una fórmula flexible que reconoce las características de cada medio. Pero la implementación se enfrenta a obstáculos complejos.

Mientras las cadenas tradicionales de televisión controlan cada segundo de emisión desde una sala de realización, el streaming funciona con arquitecturas distribuidas donde la publicidad se inserta dinámicamente mediante sistemas programáticos. YouTube, por ejemplo, aloja contenido generado por millones de usuarios con equipamiento dispar, desde estudios profesionales hasta smartphones. Supervisar técnicamente cada anuncio insertado en tiempo real en esta maraña se convierte en un desafío logístico considerable.

Foto de Vadim Babenko en Unsplash / Elyas Pasban en Unsplash

En el verano de 1996, un laboratorio escocés logró un avance que alteraría para siempre nuestra comprensión de la genética y encendería intensos debates sobre la ética y las posibilidades de la clonación. 

Ese día nació Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula somática adulta. Este hito, logrado por investigadores del Instituto Roslin, abrió una nueva era en la ingeniería genética y destrozó la creencia de que solo las células embrionarias poseen el potencial para el desarrollo completo de un nuevo individuo.

Desde entonces se ha venido debatiendo sobre la posibilidad de clonar seres humanos, pero ni lo hemos hecho ni parece que vayamos a hacerlo jamás. De eso y muchas cosas más nos habla esta semana Serezade, bióloga molecular, investigadora y divulgadora científica.

Pero es que además comentamos con ella otro tema fascinante: el de cómo los últimos avances parecen estar logrando algo largamente buscado: frenar el envejecimiento. 

Aquí hay mucha tela que cortar, y por ejemplo el ambiente, la cultura y los hábitos moldean nuestro ADN. Pero es que además hay riesgos, ética y privacidad genética entremezclados. Y todo ello plantea una pregunta clave: ¿tiene sentido ser inmortales?

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El interior de un misil dice mucho más de lo que parece a simple vista. Más allá de su función militar, es también el resultado de una cadena de diseño, fabricación y distribución que atraviesa fronteras. En varios análisis realizados en Ucrania, técnicos han identificado componentes extranjeros integrados en armas rusas. Ese dato, por sí solo, no explica cómo han llegado hasta ahí, pero sí abre una investigación que empieza en el terreno técnico y acaba conectando con el comercio internacional y los tribunales.

De este modo, esa pista se traslada al terreno judicial. Esta semana se presentaron varias demandas civiles en un tribunal estatal de Texas, en Dallas, en nombre de decenas de ciudadanos ucranianos contra Intel, AMD y Texas Instruments, además de Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes vinculado a Berkshire Hathaway. Los demandantes sostienen que estas compañías no evitaron que chips restringidos acabaran siendo revendidos a Rusia a través de terceros, pese a las sanciones en vigor. El lugar elegido no es casual, ya que las empresas mencionadas presencia operativa en ese estado.

La acusación en una frase. Como recoge Bloomberg, las demandas sostienen que las empresas incurrieron en lo que los abogados califican como “willful ignorance”, una ignorancia deliberada ante el desvío de chips a Rusia a través de intermediarios previsibles. Según los demandantes, existían señales suficientes de que componentes de estas compañías estaban siendo revendidos en violación de las sanciones estadounidenses, pero alegan que no se reforzaron los controles para impedirlo. Esa omisión es la base de una acusación más amplia de negligencia corporativa en materia de control de exportaciones y prevención del desvío.

Entonces, ¿cómo llegan los chips? El trasfondo del litigio enlaza con investigaciones que llevan tiempo apuntando a la presencia de tecnología extranjera en armas rusas. Vladyslav Vlasiuk, comisionado presidencial de Ucrania para la política de sancione, explicó en septiembre a CNN que muchos de estos componentes son de uso dual y que su entrada en programas militares suele producirse a través de intermediarios y empresas pantalla.

Las demandas no se apoyan solo en un planteamiento general, sino en episodios concretos. Los escritos citan cinco ataques ocurridos entre 2023 y 2025 que mataron o hirieron a civiles en Ucrania. Según la documentación presentada, uno de esos ataques habría involucrado drones de fabricación iraní, mientras que otros se atribuyen a misiles de crucero KH-101 y misiles balísticos Iskander de producción rusa. En varios casos, los demandantes afirman que los sistemas utilizados incorporaban componentes electrónicos asociados a las empresas señaladas.

El foco de las demandas no se limita a los fabricantes. En los documentos judiciales aparece Mouser Electronics, un gran distribuidor de componentes con sede en Mansfield (Texas) y propiedad de Berkshire Hathaway desde 2007, cuando adquirió la empresa matriz TTI. Los demandantes sostienen que Mouser facilitó transferencias de chips a sociedades pantalla controladas por intermediarios vinculados a Rusia, y que sus decisiones y operaciones logísticas fueron un componente doméstico relevante de la conducta denunciada. Mouser y Berkshire Hathaway tampoco respondieron de inmediato a solicitudes de comentario.

Postura de las compañías y sanciones. Las compañías citadas no han hecho comentarios públicos al respecto. En el pasado, eso sí, han dicho que cumplen con los requisitos de sanciones, que cesaron su actividad en Rusia cuando comenzó la guerra y que mantienen políticas estrictas para supervisar el cumplimiento.

Desde el inicio de la guerra, Estados Unidos ha endurecido los controles sobre la exportación de semiconductores y otros componentes electrónicos, pero los resultados han sido desiguales. Un informe de la Subcomisión Permanente de Investigaciones del Senado concluyó el año pasado que componentes fabricados en Estados Unidos siguen apareciendo en armamento ruso. Como podemos ver, las sanciones y los controles de exportación no parecen estar logrando evitar que los chips occidentales acaben en manos de empresas vinculadas al complejo militar ruso.

A partir de ahora, el recorrido del caso dependerá de cuándo el tribunal procese las demandas y queden públicamente visibles en el registro judicial. A partir de ahí, los jueces decidirán si el litigio avanza y con qué calendario. Más allá del resultado, el caso pone el foco en una cuestión difícil de resolver con reglas simples, hasta dónde llega la responsabilidad cuando un componente se revende una y otra vez y termina en un uso final prohibido, con consecuencias humanas lejos de su punto de origen.

Imágenes | Vitaly V. Kuzmin (CC BY-SA 4.0) | Rubaitul Azad

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