Políticos, empresarios, figuras públicas o sujetos de a pie forman parte de la lista de personas que huyen de su responsabilidad paterna gracias al cobijo del sistema. No sólo evaden la justicia, sino también esclavizan y precarizan la vida de millones de madres autónomas, además de menoscabar el interés superior de niños, niñas y adolescentes.

Recuerdo a mi madre casi siempre de mal humor, tensa. El final de la quincena era un suplicio. Su trabajo era muy demandante y nunca la vi en los festivales escolares. Mi abuela la ayudó a nuestra crianza, pero sólo una parte de nuestra infancia porque murió antes de tiempo.

Mi madre decía ser madre soltera, pero hoy —como periodista que va deconstruyéndose de a poco gracias a las coberturas de Derechos Humanos—, entiendo que debió asumirse como una madre autónoma; para no romantizar su contexto y con ello secundar al patriarcado que busca preservar el estado violento de las cosas. Y es que las palabras importan porque lo que decimos y cómo lo decimos trasciende a nuestra conducta. 

Ya de grandes, mi hermano menor en algún momento me confesó que llegó a aborrecer los fines de semana, particularmente los sábados, porque eran días de mucho trabajo: lavar la ropa, limpiar la casa, resolver la despensa para la semana; hubo pocos momentos para la recreación y el esparcimiento. 

Además del fantasma del padre ausente, también, ya sea latente o descarado, estaba el demonio del prejuicio moral. Siempre. El estigma social ya sea de vecinos, familia o personas cercanas; nos acompañó a mí y al resto de mis hermanes durante nuestro crecimiento. 

Por ello y para honrar a los millones de familias conformadas por madres autónomas escribí la siguiente historia.

Deudores alimentarios: oootra violencia sistémica

Había una vez un Estado Mexicano donde reina un patriarcado; es decir, un contexto de extrema violencia hacia las mujeres el cual se expresa de diversas maneras, siendo una de ellas la existencia de sujetos que no cumplen la ley al deslindarse de la manutención de las hijas, hijos e hijes que procrearon. Una realidad en la que defensoras de derechos de las mujeres entrevistadas para Sopitas.com podría ser de millones de deudores alimentarios.

“El 30 por ciento de las familias mexicanas están conformadas por una madre autónoma, por una mamá que es la que lleva el sustento todos los días a las familias. Nosotras decimos que hay un gran sesgo dentro del INEGI al momento de contabilizarnos; calculamos que hay más o menos 30 millones de mujeres maternando de forma autónoma en México”, explicó Diana Luz Vázquez Ruíz, integrante del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios conformado por poco más de 20 colectivas en todo el país y con más de 8 mil denuncias en seguimiento en contra de progenitores irresponsables. 

El abandono paterno es una violencia emocional y económica normalizada que “lleva años, décadas y lustros” de total impunidad, así lo reconoció Diana Luz.

“DEUDORES ALIMENTARIOS DE BAJA CALIFORNIA. Sí los ven, ya saben que decirles… ‘Paga la pensión, paga el retroactivo’.  ¡SÍ LA JUSTICIA NO LES LLEGA, QUE LES LLEGUE LA VERGÜENZA!”, escribió en sus redes sociales el colectivo Ley Sabina Baja California, que acompañaba al post un collage de presuntos deudores —que por su cercanía con la frontera en Estados Unidos— muchos de ellos huyen al país vecino para incumplir.

Esta agrupación afirma que más del 40 por ciento de la niñez en México cuenta con un padre ausente.

Y es que no sólo personas de a pie son identificados como morosos, también se ha sabido de cómo políticos, jueces, servidores públicos, líderes de organizaciones civiles, empresarios o figuras públicas del espectáculo o el deporte; recurren a su poder para huir del compromiso. 

Hay casos emblemáticos, como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia de México, Genaro Góngora Pimentel; el delegado del INFONAVIT en Hidalgo, Canek Vázquez; así como al diputado federal, Oscar Gustavo Monroy y priista miembro del grupo Atlacomulco del Estado de México; tan sólo por mencionar algunos.

“Hay una complicidad y un silencio patriarcal que nos parece terrible“, explica Diana Luz.

Los millones de agresores viven dotados de una red sistémica alcahueta conformada por la propia familia del victimario, sus amigos y contactos ya sea dentro o fuera de los sistemas de justicia para violar la ley. La corrupción es su aliada. Están sanos y salvos, un statu quo que los resguarda, pero “son delincuentes que están impunes y hay que comenzar a nombrarlos”, afirmó Diana Luz Vázquez Ruíz.

Otra cosa que también hay que comenzar a hacer es cambiar la narrativa.

Referirse a las millones de víctimas de los deudores alimentarios como “madre soltera” o “jefe de familia” es romantizar un grave problema social: “nos quieren ver como las fuertes, como las que podemos hacer todo”.

Desde esa definición el Estado le quita responsabilidad a los violentadores, luego entonces, se pierde el foco de lo que debe atenderse realmente. 

En este “avispero del patriarcado”, como lo define Diana Luz, las madres autónomas no dan tregua y la lucha continúa, por ejemplo, este 18 de junio, día en que se conmemora a la figura paterna en la cultura festiva mexicana, los colectivos han hecho el siguiente llamado:

“Alista tu foto, lona, cartel porque tenemos TENDEDERO de #DeudoresAlimentarios en PALACIO NACIONAL en el marco del #DíaDelPadre, vamos a recordarle a los irresponsables que PAGUEN la #PensionAlimenticia porque deshij@s no hay #LeySabina”

Agenda pendiente… ¡y urgente!

“El sistema se sostiene bajo los hombros, ojos, espaldas, manos, tiempo y proyecto de vida de las mujeres, somos la obra de mano más barata de todo el sistema económico, político y patriarcal. No puedes hablar de una democracia, se requiere de un nuevo pacto político y social: con las mujeres al frente, con los derechos al centro y sin ningún agresor en el poder”, expresó Yndira Sandoval Sánchez, feminista y defensora de derechos humanos.

Para la experta, un deudor de pensión alimentaria va más allá de que realice una transferencia financiera, pues quien se encarga del cuidado, la crianza y la educación son las mujeres. Se condiciona su proyecto de vida y el de las infancias. 

La también promotora de la reciente reforma constitucional #3de3VsViolencia que prohíbe el acceso a cargos de elección popular o un empleo en los tres órdenes de gobierno —federal, estatal o municipal— a deudores, agresores sexuales o que haya cometido violencia familiar; estimó que de cada 10 niños y niñas que deben recibir la pensión alimenticia sólo 2 acceden a ella.

Y aunque ONU Mujeres en 2022 estimó que alcanzar la igualdad de género puede llevar cerca de 300 años, Yndira Sandoval se resiste al dicho de la organización internacional y refutó la premonición: “si sacamos a los agresores o deudores, podríamos hacer más estrecha la brecha”. 

Por otra parte está la #LeySabina que busca promover 40 reformas legislativas y de las cuales sólo fueron aprobadas 5, entre las que destacan la creación de un Registro Nacional de Deudores de acceso público; sin embargo, esta nueva ley no representa una política pública efectiva al corto plazo debido a que aunque existen 22 estados con este tipo de censo, sólo 8 entidades lo operan y con deficiencias, situación que imposibilita la creación de este urgente listado en todo el país, así lo explicó la promotora de esta iniciativa Diana Luz Vázquez Ruíz.

“No es posible que en entidades donde se aprobó el registro hace dos años tengan sólo a 8 deudores, mientras que las denuncias que recopilamos en el activismo encuentras entre ochocientas y 3 mil… Los estados tienen que legislar para que se creen los registros estatales de deudores alimentarios. Los registros son elefantes blancos”, añadió la feminista.

Para la activista los cambios legislativos —gracias a #LeySabina— aún no son una medida que atienda de manera frontal el problema social de los padres morosos, sino más bien fue un matiz de la política pública.

“Las reformas en el Senado para restringirles derechos, por ejemplo, el pasaporte a los deudores, sí son importantes, pero, ¿qué cantidad de hombres tienen el pasaporte?, de entrada, ni el 10 por ciento de la población; entonces no son medidas que vayan a solucionar el problema, nosotras queremos medidas de fondo, queremos que Ley Sabina se apruebe en su totalidad, las 40 reformas que estamos promoviendo, que dejen de simular la justicia para las infancias”.

La experta también reconoció que algunas deudas pendientes —y que agravan el problema— tienen que ver con la cancelación de las estancias infantiles, la ausencia en muchos estados de laboratorios de ADN para comprobar la paternidad ante un juicio, ya que en la mayoría de los casos el costo lo debe asumir la madre; así como la ausencia de un censo de maternidad que permita identificar de manera precisa a las madres autónomas.

Deudores alimentarios y su impacto

En México, el grupo de población que experimenta más pobreza y pobreza extrema es el de niñas y los niños, explicó Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

“No es un grupo menor, es la tercera parte de la población, son más de 38 millones de personas“, señala.

Por lo anterior, la experta hizo un llamado para fortalecer las herramientas legislativas y de política pública respecto al hacer cumplir a los deudores alimentarios su responsabilidad y con ello abonar, por ejemplo, al derecho a la alimentación de las infancias.

Tania Ramírez relató que desde su experiencia ha observado casos donde las posibilidades de ingresos de mamás autónomas son reducidas y se ven obligadas a resolver el gasto familiar con muy poco presupuesto, situación que podría llevarlas a tomar decisiones que afecten, entre otras cosas, la alimentación de los pequeños, por ejemplo, proveerlos de comida “que llene y no que alimente”.

El problema de los deudores alimentarios menoscaba el interés superior de niños, niñas y adolescentes, además, se sabe que en muchos de los casos son papás con posibilidades económicas quienes se niegan a hacerse cargo de la manutención, explicó la activista. 

Para Ramírez Hernández el hecho de que el aparato del Estado intervenga para obligar a los padres morosos a cumplir con el deber ser, también repercutiría en la educación de los y las niñas, es decir, por un lado, se les está entrenando a los niños y adolescentes varones a no replicar el rol ausente; y por el otro, se estaría edificando el empoderamiento de las niñas para que reconozcan el acceso a sus derechos para la vida adulta y desmantelar la idea de que deben hacerse cargo de todo.

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