El ransomware suele presentarse como una amenaza externa, difusa y difícil de localizar, asociada a grupos criminales que operan desde otros países y a infraestructuras ocultas en la red. Sin embargo, el caso que ha comunicado el Departamento de Justicia de Estados Unidos rompe ese relato. Aquí no se habla de un fallo puntual de vigilancia, sino de profesionales del propio sector que, según la acusación, emplearon su formación y su posición para atacar a empresas estadounidenses. La conclusión es tan simple como alarmante: la amenaza no siempre llega desde fuera, incluso en un terreno tan especializado.

Lo que hoy se conoce del caso está bien delimitado en documentos judiciales y comunicados oficiales. El 30 de diciembre de 2025, el Departamento de Justicia informó de que, el día anterior, un tribunal federal del Distrito Sur de Florida aceptó las declaraciones de culpabilidad de dos hombres por conspirar para extorsionar en relación con ataques de ransomware ocurridos en 2023. Ambos se declararon culpables de un delito federal vinculado a obstruir o afectar el comercio mediante extorsión. La sentencia se fijó para el 12 de marzo de 2026 y se enfrentan a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.

Quiénes eran y qué papel ocupaban en el sector. De acuerdo al FBI, los acusados son Ryan Goldberg, de 40 años, y Kevin Martin, de 36. Ambos trabajaban en el ámbito de la ciberseguridad y contaban con experiencia en gestión de incidentes y en procesos ligados a ataques con este tipo de herramienta malintencionada. Goldberg ejercía como responsable de respuesta a incidentes en una empresa multinacional del sector, mientras que Martin trabajaba como negociador especializado en este tipo de extorsiones dentro de una compañía dedicada a la respuesta ante cibercrimen. Ese contexto profesional les situaba en un lugar poco habitual para este tipo de delitos.

Un modelo de ransomware convertido en servicio. Los documentos del caso describen que los ataques se apoyaron en ALPHV, también conocido como BlackCat, un ransomware operado bajo un modelo de servicio. En este esquema, los desarrolladores mantienen el malware y la infraestructura de extorsión, mientras terceros afiliados ejecutan ataques contra víctimas seleccionadas. A cambio de ese acceso, los acusados acordaron ceder un 20% de cualquier rescate obtenido a los administradores. El resto se repartía entre los participantes, tras mover los fondos por distintos monederos digitales para dificultar su rastreo.

La investigación no se limita a un único incidente. Los documentos recogen ataques y tentativas dirigidos contra empresas estadounidenses entre abril y diciembre de 2023, con víctimas en sectores como el sanitario, el farmacéutico, el industrial y el tecnológico. En el único caso exitoso, el rescate pagado se situó en torno a 1,27 millones de dólares en criptomonedas en el momento del pago, según consta en el expediente. En otros episodios, las exigencias reflejadas en la causa iban desde cientos de miles de dólares hasta alrededor de cinco millones, siempre de acuerdo con los documentos judiciales.

Las pruebas que sostienen la acusación. El caso se apoya en una combinación de registros técnicos, análisis financieros y declaraciones recabadas por las fuerzas federales estadounidenses. Entre los elementos citados figuran accesos a herramientas vinculadas a la infraestructura de extorsión y el seguimiento de movimientos de criptomonedas tras el pago del rescate. El expediente también menciona búsquedas realizadas antes de algunos ataques, incluida una consulta sobre una de las víctimas el 4 de mayo de 2023, días antes de un incidente posterior. A ello se suma una entrevista grabada en la que uno de los acusados reconoció su implicación, además de registros y otras actuaciones incorporadas a la causa.

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EFE.- Récords de taquilla, estadios llenos y reconocimientos internacionales marcaron para Shakira el 2025, uno de los años más decisivos de su carrera, en el que confirmó que su impacto trasciende la música y se ratifica como un fenómeno cultural, económico y generacional.

A sus 48 años, la cantante colombiana volvió a situarse en el centro del pop latino global con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, su primera gira en siete años y la más ambiciosa de su trayectoria.

El espectáculo, que comenzó en Río de Janeiro el 11 de febrero, se convirtió en la gira latina más exitosa de 2025 y en un recorrido emocional por más de tres décadas de carrera.

A diferencia de otras giras de gran formato, como las de Taylor Swift o Beyoncé, estructuradas como una sucesión de actos cerrados, el show de Shakira, que dura cerca de dos horas y media, funciona como un relato continuo, donde las canciones dialogan entre sí y con la historia personal de la artista.

Una gira como relato personal

Desde “Antología” a “Soltera”, Shakira alternó sobre el escenario los himnos que la llevaron al estrellato con canciones que marcaron su etapa más reciente, atravesada por la resiliencia, la ruptura y la reinvención personal.

Cada concierto funcionó como un relato autobiográfico en movimiento, con una artista que baila, canta y dialoga con su público sin perder el pulso narrativo.

El tour, que contempla casi un centenar de conciertos en total y concluirá en febrero de 2026, reunió hasta mediados de diciembre a más de 3.8 millones de espectadores en América, de acuerdo con un informe de su equipo al que tuvo acceso EFE.

En países como Colombia, México, Ecuador o Chile, sus presentaciones no sólo agotaron estadios, sino que se transformaron en acontecimientos nacionales, con ciudades enteras emocionadas al recibir a la artista que convirtió su historia personal en un mensaje colectivo.

Del escenario a la ciudad

En Colombia, Shakira logró un hito inédito al agotar entradas de forma simultánea en Bogotá, Barranquilla, Medellín y Cali.

Según la alcaldía de Bogotá, uno de sus conciertos en la capital generó un impacto económico de 17.1 millones de dólares y una ocupación hotelera superior al 90%, mientras que en su natal Barranquilla su paso tuvo un efecto medible incluso en el PIB trimestral de la ciudad.

En México, donde ofreció 12 conciertos en la capital ante 780 mil personas, la artista anunció nuevas fechas para 2026 y calificó esta etapa como la más grande que haya realizado en ese país.

En Ecuador, sus tres conciertos en Quito reunieron a más de 105 mil asistentes y fueron descritos por las autoridades locales como el mayor evento musical de la historia nacional.

Reconocimientos y legado

El 2025 también fue un año de celebraciones artísticas. Shakira ganó el Grammy al Mejor Álbum Pop Latino, el cuarto de su carrera, y conmemoró los 20 años de “Hips Don’t Lie”, uno de los temas que definió el pop global de los años 2000.

La canción vivió una reinterpretación junto al británico Ed Sheeran y el colombiano Beéle, en un gesto que conectó generaciones y volvió a situar a Barranquilla como punto de partida de su identidad musical.

“Es hermoso ver cómo estas canciones siguen viviendo en nuevas generaciones”, dijo entonces la artista, cuyas composiciones acumulan más de 6 mil 100 millones de reproducciones globales.

En 2025, además, se convirtió en la primera mujer en tener canciones con más de 100 millones de reproducciones en cuatro décadas distintas.

Fuera de los escenarios, Shakira amplió su perfil empresarial con la expansión internacional de Isima, su marca de cuidado capilar, que llegó a Europa y superó los mil 500 puntos de venta, y cerró un capítulo personal con la venta de la mansión que compartía con su exmarido, el futbolista Gerard Piqué, en las afueras de Barcelona.

Reconocida por Billboard como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, Shakira cerró 2025 reafirmando una posición poco común: la de una figura que sigue marcando época sin renunciar a la memoria de su propio camino.

Llegará un día en que tumben el edificio más feo, en el sentido más amplio de la palabra, jamás perpetrado en la costa de España. En la playa del Algarrobico, en Carboneras, en pleno Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, se alza desde hace más de veinte años una mole de hormigón que nunca abrió sus puertas y que terminó convirtiéndose en el símbolo más reconocible del desastre urbanístico español. 

El monumento imposible. El hotel de veinte plantas y más de cuatrocientas habitaciones nació en los años del pelotazo inmobiliario, cuando la fiebre constructora parecía no reconocer límites legales ni ambientales, y acabó encajado literalmente sobre la arena de una de las playas vírgenes más valiosas del Mediterráneo. 

Hoy, oxidado, resquebrajado y abandonado, sigue ahí como una anomalía física y moral: un edificio declarado ilegal por los tribunales, rechazado por la sociedad y, sin embargo, extraordinariamente resistente a desaparecer.

Una aberración irreconciliable. El contraste explica por sí solo el escándalo. Cabo de Gata-Níjar es uno de los espacios naturales más singulares de la península ibérica: Reserva de la Biosfera por la Unesco, espacio Ramsar, Red Natura 2000 y candidato recurrente a parque nacional por la excepcionalidad de sus paisajes volcánicos, su biodiversidad terrestre y marina y sus praderas de posidonia, de las mejor conservadas del Mediterráneo. 

En ese escenario de calas, dunas, acantilados y fauna protegida, el Algarrobico irrumpe como un cuerpo extraño, visible desde kilómetros de distancia, provocando incredulidad en visitantes y vergüenza ajena entre quienes conocen la historia. Lo que debía ser un paraíso natural terminó albergando uno de los mayores atentados ambientales del litoral español.

Licencias, planos falsos y un disparate. El origen del problema se remonta a finales de los años noventa y principios de los dos mil, cuando la promotora Azata del Sol obtuvo una licencia de obras del Ayuntamiento de Carboneras con el aval inicial de la Junta de Andalucía. 

Aquella autorización se apoyó en una modificación irregular del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Cabo de Gata, en la que un plano fue sustituido sin seguir el procedimiento legal ni publicarse en el BOJA, reclasificando de facto como urbanizable un suelo protegido. Años después, la Fiscalía señalaría que, de haber existido errores técnicos, la única vía legal habría sido una modificación formal aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz. Ese atajo administrativo abrió la puerta a una construcción que nunca debió empezar.

Un laberinto judicial. Desde que en 2006 un juzgado ordenó paralizar las obras cuando el hotel estaba casi terminado, el Algarrobico se convirtió en un caso judicial interminable. Más de una decena de sentencias del Tribunal Supremo, resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y pronunciamientos reiterados han concluido que el hotel se construyó en suelo protegido y que debe demolerse. 

Sin embargo, cada fallo abría una nueva vía de bloqueo. El Supremo llegó a señalar que antes de derribar era necesario anular formalmente la licencia municipal, una obligación que el Ayuntamiento de Carboneras ha incumplido durante años pese a los requerimientos judiciales. El resultado ha sido un callejón sin salida en el que nadie parecía tener la llave definitiva.

Responsabilidades. En este enredo han convivido durante años la inacción municipal, las posiciones cambiantes de la Junta de Andalucía y los anuncios reiterados del Gobierno central. Protocolos firmados, compromisos públicos y promesas políticas se sucedieron sin que la mole desapareciera. 

Mientras tanto, organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción y WWF mantuvieron viva la presión social y jurídica, llevando el caso incluso a instancias europeas y denunciando que El Algarrobico no era una anomalía aislada, sino el emblema de un modelo que dejó cicatrices similares en muchas otras costas españolas.

La vía de la expropiación. El cambio más relevante llegó cuando el Gobierno decidió activar la vía de la expropiación de los terrenos que invaden el dominio público marítimo-terrestre. En febrero de 2025 se declaró la utilidad pública de esas parcelas y se inició el procedimiento para ocuparlas y proceder al derribo. La promotora Azata del Sol trató de frenar el proceso con un recurso de alzada, pero en agosto de 2025 el Ministerio para la Transición Ecológica lo rechazó, cerrando la vía administrativa y acelerando los plazos. 

La Administración sostiene que no hay indefensión, que la causa expropiatoria está claramente motivada y que el interés general de restaurar un espacio protegido justifica la actuación. Con esta decisión, el Ejecutivo se acerca a cumplir su compromiso de demoler al menos la parte del hotel situada en los primeros cien metros de costa.

La historia interminable. Aunque el rechazo del recurso acerca el derribo, el procedimiento sigue siendo complejo. La determinación del justiprecio, la posibilidad de recursos judiciales y la coexistencia de dos vías distintas (la expropiación estatal y la anulación de la licencia municipal, defendida por la Junta) mantienen abierto el riesgo de nuevos retrasos. 

El Gobierno puede ocupar los terrenos por interés social, consignar una cantidad y continuar, pero la promotora aún podría acudir a los tribunales. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Carboneras, presionado por el TSJA, ha iniciado por fin la revisión de la licencia, un proceso que, según los ecologistas, podría encallar si no hay voluntad política real.

Un símbolo que trasciende el propio edificio. Más allá de los plazos y los tecnicismos, El Algarrobico se ha convertido en algo más que un hotel ilegal. Es el recordatorio permanente de una época en la que el lema implícito era “construye, que algo queda”, y de cómo la falta de controles efectivos permitió vulnerar la ley incluso en espacios naturales de máximo valor. 

Su demolición no es solo una cuestión estética o ambiental, sino un gesto de reparación institucional y de credibilidad del Estado de derecho. Mientras el edificio siga en pie, seguirá proyectando la idea de que la ilegalidad puede resistir indefinidamente.

Veinte años después, el desenlace parece más cerca que nunca, aunque la historia del Algarrobico invita a la cautela. Si finalmente cae, no será solo la demolición de un hotel, sino la clausura simbólica de una de las páginas más oscuras (y feas) del urbanismo español. 

Imagen | Greenpeace, Untipografico, PhotoLanda, Millars

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