Quien haya jugado a ‘Grand Theft Auto: Vice City’ probablemente recuerde bien que no era un juego precisamente ligero para su época. Se publicó en 2002 en PlayStation 2 y más tarde llegó a Xbox y PC en 2003. En aquellos años, instalarlo y hacerlo funcionar formaba parte del ritual con requisitos que no todo el mundo podía cumplir. Por eso llama la atención que, más de dos décadas después, ese mismo título aparezca ejecutándose directamente en un navegador, sin instalaciones ni discos. La pregunta es inevitable: por qué ahora y con qué implicaciones.

La respuesta ha llegado en forma de un requerimiento de cese y desistimiento dirigido a DOS Zone. El aviso, que la propia plataforma ha hecho público, sostiene que la web está “alojando y promoviendo un proyecto basado en navegador”. El documento exige retirar el juego y cualquier funcionalidad asociada, y advierte de que, si no se cumple, la compañía se reserva el derecho a emprender acciones legales adicionales.

Dónde termina la preservación y empieza el problema legal

Un requerimiento de cese y desistimiento no es todavía una demanda, pero sí un aviso con consecuencias claras. Su objetivo es forzar la retirada de un contenido que el titular de los derechos considera infractor, dejando constancia formal de la reclamación. A partir de ese momento, la plataforma señalada suele enfrentarse a una decisión clara: cumplir o asumir el riesgo de que el conflicto escale. En el propio escrito se anticipan posibles pasos posteriores, como comunicaciones al proveedor de alojamiento o la vía judicial si la petición no se atiende.

En este caso, el aviso no se ha gestionado mediante una comunicación directa entre editor y plataforma, sino a través de EBRAND, especializada en vigilancia digital y retiradas de contenido. Este modelo es habitual en catálogos de gran tamaño, donde la detección y gestión de posibles infracciones se externaliza a equipos dedicados. EBRAND actúa como intermediario técnico y legal, encargándose de documentar el caso y de trasladar las exigencias del titular de los derechos, sin entrar a valorar públicamente el contexto del proyecto afectado.

DOS Zone, por su parte, se presenta como un proyecto impulsado por entusiastas del videojuego con un objetivo declarado de preservación y accesibilidad. En sus propios textos, el equipo subraya que no obtiene beneficios económicos, no muestra publicidad y no monetiza el acceso a los juegos que aloja. También afirma rechazar cualquier forma de distribución ilegal y asegura operar dentro de los marcos legales que considera aplicables. Como parte de ese posicionamiento, la plataforma sostiene que está dispuesta a retirar contenidos de forma inmediata ante una solicitud oficial y a cooperar con los titulares de derechos.

Captura de pantalla de DOS Zone

La versión de Vice City accesible desde el navegador permitía iniciar partidas con guardado local y ofrecía, de forma opcional, guardado en la nube a través de la plataforma js-dos para continuar la sesión en distintos dispositivos. El acceso estaba limitado en forma de demo, con el progreso bloqueado tras el primer punto de la historia en el Ocean View Hotel. Para avanzar más allá, el sistema exigía al usuario subir un archivo original del juego, que era verificado para comprobar que coincidía con los activos comerciales.

La reclamación parte de Take-Two y se enmarca en un debate más amplio sobre acceso y preservación, donde a menudo se invoca el concepto de “abandonware”. Sin embargo, ese término no tiene validez jurídica: que una obra deje de venderse o cambie de formato no extingue sus derechos de autor. En el caso de ‘Vice City’, la vigencia del copyright en EEUU se extiende hasta 2097, con independencia del canal por el que se intente acceder al juego.

En este caso concreto, además, el argumento del abandono no se sostiene siquiera en términos prácticos. Take-Two sigue vendiendo Vice City y también versiones como ‘Grand Theft Auto: Vice City – The Definitive Edition’ en múltiples plataformas. Sus propietarios continúan explotándolo comercialmente más de veinte años después de su lanzamiento original. Ese contexto refuerza la posición del editor frente a cualquier ejecución no autorizada y ayuda a entender por qué el caso no pasa desapercibido, incluso en un ecosistema donde otros proyectos similares logran sobrevivir sin fricción.

Imágenes | Rockstar Games/ Take-Two | Captura de pantalla DOS Zone

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Familiares de la actriz de Broadway Imani Dia Smith confirmaron su muerte a los 26 años de edad, presuntamente a manos de su pareja en Estados Unidos; la también madre dejó a un menor de tres años de edad huérfano. 

A través de una campaña en la página GoFundMe, la familia busca recaudar 50 mil dólares para cubrir los gastos de su funeral y los futuros tratamientos psicológicos para el menor ante la pérdida de su madre. 

Imani Dia Smith era conocida por su participación en el musical de “El Rey León” dando vida a uno de los personajes principales en su juventud: “Nala”. 

De acuerdo con la página, hasta el momento las donaciones alcanzan los 66 mil 244 dólares, es decir, un 89% del 100%.

Por su parte, medios de comunicación especializados reportan que su cuerpo fue encontrado al interior de su domicilio con múltiples heridas de arma blanca, de acuerdo con la información preliminar de las autoridades de Edison, Nueva Jersey. 

Su cuerpo fue hallado el domingo 21 de diciembre tras un reporte al 911, pero dos días se confirmó su identidad a través de los fiscales de Middelsex. 

En un comunicado de prensa detallaron que la joven actriz fue trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson en New Brunswick, donde más tarde fue declarada muerta. 

El escrito destaca también que su pareja de 35 años de edad, identificad como Jordan D. Jackson-Small, fue arrestado tras ser señalado como el principal sospechoso del asesinato, además, se le han impuesto diversos cargos como posesión de un arma ilegal y haber puesto en riesgo la vida de un menor.

Se encuentra ingresado en el centro correccional para adultos de Middlesex en la espera de la resolución de su situación.

La carrera de la inteligencia artificial no se está librando únicamente en laboratorios, chips o centros de datos, se está jugando cada vez más en el terreno de la energía. En Estados Unidos, el crecimiento acelerado de la demanda eléctrica asociada a la IA ha dejado al descubierto una fragilidad poco visible: la red no se expande al mismo ritmo que las ambiciones tecnológicas. Ese desequilibrio está obligando a mirar más allá de las soluciones convencionales y a reabrir debates que parecían cerrados, incluidos algunos que conectan directamente con el ámbito militar.

Qué se ha puesto sobre la mesa. HGP ha presentado una solicitud formal al Departamento de Energía de Estados Unidos para redirigir dos reactores nucleares retirados de buques de la Marina hacia un proyecto civil ligado a centros de datos en Oak Ridge, Tennessee. La petición se canalizó mediante una carta dirigida a la Office of Energy Dominance Financing del propio Departamento, y se enmarca en la llamada Genesis Mission impulsada desde la Casa Blanca. Según la documentación, la instalación podría aportar entre 450 y 520 megavatios de electricidad continua, orientada a consumos intensivos y estables.

El principal argumento a favor de esta idea es el tiempo. Frente a la construcción de nuevos reactores civiles, sean grandes centrales o diseños más pequeños, que suelen moverse en calendarios largos, o a la puesta en marcha de grandes centrales de gas, también condicionadas por permisos e infraestructuras, la reutilización de reactores existentes se plantea como una forma de ganar velocidad. La lógica es simple: partir de un equipo ya fabricado y probado, y convertirlo en suministro firme para la red. Es, al menos sobre el papel, una vía para sumar potencia de base mientras otras soluciones maduran.

Detrás de escena de la propuesta. La iniciativa no llega desde una startup recién creada ni desde un actor desconocido para el sector energético. HGP Intelligent Energy es una división de creación reciente, pero se presenta como parte de un desarrollador con trayectoria previa en el mercado estadounidense, apoyada, según la propia compañía, en proyectos de almacenamiento energético, movilidad eléctrica y desarrollo de activos a escala de red. Al frente está Gregory Alvaro Forero, presidente de la división, que en su perfil de LinkedIn figura como presidente de HGP Storage desde noviembre de 2013. Ese detalle ayuda a encuadrar el planteamiento fuera del patrón de empresa improvisada.

Qué tecnología se reutilizaría y a qué precio. Los reactores citados en la propuesta proceden de la flota nuclear naval estadounidense, donde los portaviones operan con dos reactores y los submarinos suelen operar con uno. Se mencionan modelos A4W, fabricados por Westinghouse, y S8G, desarrollados por General Electric. La adaptación para uso civil tendría un coste estimado de entre uno y cuatro millones de dólares por megavatio, y el proyecto requeriría además entre 1.800 y 2.100 millones de dólares en capital privado para infraestructuras asociadas. La propuesta incluye un reparto de ingresos con el Gobierno, un fondo para el futuro desmantelamiento y la intención de solicitar una garantía de préstamo al Departamento de Energía, con una primera fase “tan pronto como 2029”.

Que la idea suene directa no significa que el camino lo sea. Bloomberg señala que reutilizar reactores militares para un uso civil sería un territorio no explorado, y ahí aparecen preguntas inevitables: cómo se autoriza, quién opera, bajo qué estándares y con qué responsabilidades si algo falla. También entra en juego la coordinación entre agencias federales y reguladores, además de la logística de trasladar y adaptar equipos concebidos para buques, no para una planta conectada a la red. Por ahora, todo permanece en el plano de la propuesta.

Soberanía energética como argumento de seguridad. HGP intenta sostener su planteamiento con un marco que va más allá de la electricidad para centros de datos. En sus materiales, la compañía resume la idea con una ecuación explícita, “Soberanía de la cadena de suministro de energía = Defensa nacional”, y vincula la resiliencia de la cadena de suministro con la capacidad del país para asegurar infraestructura estratégica, incluso señalando cómo eventos geopolíticos o publicaciones en redes sociales de directivos pueden afectar a operaciones e inversiones. Es el relato con el que busca legitimidad política e institucional.

Para reforzar la idea de que lo nuclear naval no es sinónimo de improvisación, entra el contexto de la World Association of Nuclear Operators. Según WANO, la Marina de EEUU ha acumulado más de 6.200 años-reactor de experiencia sin incidentes radiológicos, con 526 núcleos de reactor, hasta 2021. La asociación atribuye ese historial a la estandarización de los sistemas, el mantenimiento y la calidad del entrenamiento. Es un dato relevante para el debate público, pero no lo cierra: un récord sólido en un entorno militar no implica automáticamente que el salto al uso civil vaya a ser inmediato ni sencillo.

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