Las gafas inteligentes son una realidad, y no desde ayer. Llevamos tiempo hablando de ellas, probándolas y contando qué pueden hacer, desde grabar hasta integrarse en el ecosistema del móvil. No es exagerado decir que van a estar cada vez más presentes en la sociedad. La cuestión es qué ocurre cuando entran en un examen donde todos los aspirantes deben competir en las mismas condiciones, sin ventajas externas ni atajos tecnológicos.

El caso. El 24 de enero, durante la celebración del MIR 2026 en Santiago de Compostela, los responsables de vigilancia detectaron a un aspirante que utilizaba gafas y un reloj inteligentes, de acuerdo con fuentes del Ministerio de Sanidad citadas por medios como El Mundo y 20Minutos. Los dispositivos fueron retirados y el candidato pudo completar la prueba, pero la decisión administrativa posterior fue contundente: su examen se calificó con un cero. Como podemos ver, el incidente se detectó en el momento, dentro del aula, pero no trascendió públicamente hasta semanas después.

Un examen que decide carreras. El MIR, siglas de Médico Interno Residente, es la vía obligatoria para que un graduado en Medicina pueda convertirse en especialista en España. La prueba, convocada por el Ministerio de Sanidad, se compone de 200 preguntas tipo test, con cuatro opciones y una única respuesta válida, además de cuestiones de reserva, y se extiende durante cuatro horas y media. A partir de la nota obtenida se establece un orden que determina la elección de especialidad y destino.

Las incógnitas. No se ha detallado qué modelo de gafas ni qué reloj llevaba el aspirante, ni cuál fue exactamente el método que intentó emplear. Tampoco se ha informado de si había algún otro dispositivo implicado o si existía coordinación con terceros fuera del aula. Por ahora, lo único confirmado es la presencia de esos wearables durante la prueba y la sanción posterior. Esa falta de datos obliga a separar con cuidado los hechos de las hipótesis y a evitar conclusiones que no estén respaldadas por información oficial.

¿Gafas de Meta? Modelos como las Ray-Ban Meta de segunda generación incorporan cámara de 12 MP, altavoces abiertos y funciones de inteligencia artificial orientadas a identificar objetos o traducir textos en tiempo real. La propia ayuda oficial de Meta explica que permiten “compartir tu vista” durante una videollamada en Messenger, WhatsApp o Instagram, alternando entre la cámara de las gafas y la del teléfono. Nada de esto implica que ese fuera el dispositivo utilizado en el MIR 2026, pero sí ayuda a entender qué capacidades existen ya en el mercado.

Una polémica que venía desde antes. El debate sobre los controles del MIR 2026 ya estaba abierto antes de conocerse este episodio. Varios aspirantes cuestionaron públicamente el resultado de la número 1 del examen, mientras ella lo negó de forma tajante. En paralelo, el presidente de la Asociación MIR España, Jesús Arzúa Moya, declaró a EFE que no desean poner el foco en nadie concreto, pero afirmó que han recibido múltiples testimonios sobre copia con el móvil, ausencia de vocales experimentados en muchas sedes y otras irregularidades. Según añadió, también se ha constatado “algún caso de gafas de inteligencia artificial (IA)”, y “podría haber muchos más”.

Argentina como espejo. Un antecedente reciente ayuda a entender por qué estas situaciones generan inquietud. Según AP, el Ministerio de Salud argentino investigó a mediados del año pasado a un aspirante que habría grabado el Examen Único de residencia con una cámara oculta en sus anteojos. La principal hipótesis oficial apuntaba a un sistema en el que el candidato filmaba las preguntas, salía al baño y enviaba el material a terceros para recibir las respuestas antes de regresar al aula. Las autoridades describieron el método como un “ida y vuelta bastante sofisticado, pero efectivo”. Si bien este caso no es extrapolable automáticamente a España, ilustra cómo la combinación de cámara y conexión puede alterar la lógica de control tradicional.

La vulnerabilidad es general. El contexto fuera del aula. Lo ocurrido en el MIR se suma a una conversación más amplia sobre el uso indebido de gafas conectadas. En Xataka ya hablamos de la detención en Barcelona de un hombre que había grabado a numerosas mujeres con unas Ray-Ban Meta, un caso que puso el foco en la facilidad con la que estas cámaras pueden integrarse en la vida cotidiana. Aunque el dispositivo incorpora un LED que indica grabación y emite un sonido al activarse, existen métodos para “camuflarlo”.

El aviso. Lo ocurrido en el MIR 2026 introduce una señal de alerta en un examen que condiciona la carrera de miles de médicos. El Ministerio subrayó que el caso demuestra que “sí se vigila” y lo presenta como prueba de que los controles funcionan al haberse detectado en el aula. Aun así, la irrupción de wearables conectados plantea un desafío evidente para cualquier prueba presencial de alta exigencia. La cuestión ahora no es solo quién intentó copiar, sino si los protocolos actuales están preparados para la evolución tecnológica.

Imágenes | Xataka con Nano Banana | Wikimedia Commons

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De momento es una Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados pero es mucho más que eso. Es la confirmación de que el Gobierno llevará a debate cuándo un conductor debe entrar a la cárcel en caso de exceso de velocidad. La propuesta del PSOE es reducir este margen que, ahora, obliga a circular por ciudad a más de 60 km/h la velocidad permitida.

10 km/h. No es mucho pero sería una diferencia sustancial. Hasta ahora, un conductor que supera la velocidad máxima permitida dentro de ciudad en 60 o más km/h se enfrenta a una pena de cárcel. Fuera de ciudad, la velocidad tiene que superar los 80 km/h por encima del límite máximo permitido.

Con el cambio de reglamento que quiere sacar adelante el Gobierno, la idea es que estos límites se rebajen en 10 km/h. Es decir, que un conductor tenga que enfrentar la cárcel si supera los 50 km/h en ciudad y los 70 km/h en carreteras fuera de poblado. 

“Permisividad o laxitud excesiva”. Es como la Proposición de Ley presentada en el Congreso de los Diputados califica los actuales umbrales para determinar qué es delito y qué no cuando nos saltamos los límites de velocidad. Actualmente, los límites son los siguientes. 

Ciudad: 

• Calles a 20 km/h: cárcel a partir de 80 km/h
• Calles a 30 km/h: cárcel a partir de 90 km/h
• Calles a 50 km/h: cárcel a partir de 110 km/h

Carretera fuera de poblado: 

• Carretera a 90 km/h: cárcel a partir de 170 km/h
• Carretera a 100 km/h: cárcel a partir de 180 km/h
• Carretera a 120 km/h: cárcel a partir de 200 km/h

Los argumentos. Para impulsar este cambio normativo, el Gobierno señala que la Unión Europea está impulsando los cambios para reducir los accidentes en carretera. Así se entiende los límites de velocidad más restrictivos en buena parte de Europa, aunque Alemania siga disfrutando de carreteras que carecen de ellos (a debate hoy en día) y países que quieren aumentarlos a 150 km/h. 

Pero, además, el PSOE se escuda en que un aumento del 1% en la velocidad tiene un impacto del 4% en las consecuencias del mismo. Por lo tanto, el impacto provocado en un accidente por exceso de velocidad, que según cuentas de la DGT está presente en el 22% de los siniestros, es de crecimiento exponencial. 

Además, la nueva redacción hace hincapié en las consecuencias en ciudad, donde el exceso de velocidad conlleva consecuencias más grave sobre la salud de personas vulnerables como peatones, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal y motoristas.

¿Hay motivos? Lo cierto es que el exceso de velocidad es, detrás de las distracciones, la primera causa de accidentes de nuestro país. Y sus consecuencias son especialmente graves en ciudad. 

Según la DGT, el 5% de los peatones atropellados a 30 km/h fallecen. A 50 km/h, el riesgo aumenta al 50% y a 80 km/h la muerte es casi segura. Y en carretera, se considera que un impacto a 120 km/h se traduce en una caída de un decimocuarto piso. A 180 km/h el impacto equivale a la caída de un piso 36.

¿Qué pasaría con los conductores? Actualmente, los excesos de velocidad en más de 60 km/h en ciudad y más de 80 km/h fuera de ella son considerados delitos, como los positivos en alcohol y drogas. Eso quiere decir que el conductor, además de la sanción económica, se enfrenta a pena de cárcel de tres a seis meses que no tiene por qué cumplirse en la primera ocasión. 

Eso sí, aunque no se superan los dos años de condena, un juez tiene potestad para decidir si manda al conductor a prisión. Y también si le impone una multa económica, que se calcula en función del daño causado o el riesgo al que ha sometido a otros conductores y agentes del tráfico si no se hubiera producido ningún accidente, de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a 90 días. Además, se privaría del carnet de conducir de uno a cuatro años.

¿Saldrá adelante? Eso es algo que el Congreso de los Diputados tiene ahora que debatir. Tanto desde la DGT como desde el Gobierno han venido impulsando en los últimos tiempos medidas más restrictivas contra los excesos al volante. Bajo la batuta de Pedro Sánchez, las sanciones por el uso del teléfono móvil se han agravado y se ha introducido la obligación de contar con seguro y matrícula si tienes un patinete. 

Del mismo modo, se ha tratado de impulsar un cambio en los límites de alcohol que impedirían a una persona conducir apenas hubiera tomado una cerveza o una copa de vino. Sin embargo, esta reforma sigue en el aire. 

Foto | Max De Angelo

En Xataka | Un pueblo de Francia ha logrado reducir la velocidad de sus coches. Sin radares ni semáforos ni badenes 

La decisión del Gobierno español de no autorizar que las bases de Rota y Morón se utilicen en la ofensiva militar de Estados Unidos contra Irán ha abierto un frente diplomático que va mucho más allá del plano militar. La reacción desde Washington no se hizo esperar. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes que quiere “cortar todo comercio con España”. El desacuerdo, por tanto, ya no gira únicamente en torno al uso de instalaciones militares en suelo español. También se ha trasladado al terreno económico y comercial.

Tono amenazante. En sus declaraciones ante los medios, difundidas por la Casa Blanca, el presidente estadounidense cargó directamente contra el Gobierno español. Por un lado, el rechazo a permitir que las bases españolas se utilicen en la operación contra Irán. Por otro, la negativa de España a elevar su gasto militar hasta el 5% del PIB, una meta que Washington lleva tiempo defendiendo dentro de la OTAN. “España ha sido terrible”, afirmó el mandatario, antes de reprochar que España fuera el único aliado que no aceptó ese objetivo de gasto.

Una cuestión de legalidad internacional. Antes de que Trump lanzara su amenaza comercial, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró ante los medios que las bases estadounidenses en territorio español no han prestado apoyo a la ofensiva contra Irán y que esa situación no va a cambiar. “Ni desde Morón ni desde Rota han realizado ni van a realizar ninguna acción o de mantenimiento o apoyo”, afirmó. En la misma línea, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, insistió en que el Ejecutivo no autorizará el uso de esas instalaciones para operaciones que no encajen dentro de la Carta de las Naciones Unidas.

El Convenio como freno. La negativa del Gobierno español se apoya también en el marco jurídico que regula desde hace décadas la presencia militar estadounidense en el país. Como explicamos en un artículo publicado anteriormente, el acuerdo bilateral firmado en 1988 establece que el uso de instalaciones como Rota y Morón debe enmarcarse en objetivos dentro del ámbito bilateral o multilateral previsto en el propio convenio. Ese mismo marco contempla que cualquier operación que vaya más allá de esos supuestos requiere autorización previa del Ejecutivo. En ese punto se apoya el Gobierno español para sostener que una ofensiva militar unilateral contra Irán no encaja en el marco previsto por el acuerdo.

Aviones que se mueven. Mientras el debate político se intensificaba, sobre el terreno ya se habían producido algunos movimientos. Según Reuters, Estados Unidos trasladó al menos quince aviones de reabastecimiento que estaban desplegados en las bases de Morón y Rota. Una decena de KC-135 partieron desde la base sevillana hacia la base aérea de Ramstein, en Alemania, mientras que otros cinco despegaron desde la base naval de Rota con destino no confirmado en algunos casos. Estos aparatos son relevantes en campañas aéreas porque permiten extender el alcance operativo de los aviones de combate.

La amenaza y sus límites. La advertencia de cortar el comercio plantea una pregunta evidente: hasta qué punto puede Washington aplicar una medida así contra un solo país europeo. En la práctica, el margen es limitado. Como miembro de la Unión Europea, España no negocia de forma bilateral sus acuerdos comerciales con Estados Unidos, ya que esas conversaciones se canalizan a través de la Comisión Europea. Esto complica cualquier intento de penalizar únicamente a España. El País apunta, no obstante, a la posibilidad de que se recurra a gravámenes selectivos sobre determinadas categorías de productos como instrumento de presión económica.

El Gobierno español también ha respondido. En un comunicado recogido por RTVE, Moncloa señaló que cualquier revisión de la relación comercial entre ambos países deberá hacerse “respetando la autonomía de las empresas privadas, la legalidad internacional, y los acuerdos bilaterales entre la Unión Europea y EEUU”. El Ejecutivo defendió además que España es “un miembro clave de la OTAN” y un socio comercial fiable para decenas de países.

Lo que hay. De momento, lo que existe es una amenaza política que aún no se ha traducido en medidas concretas. El pulso entre España y Estados ha pasado en muy poco tiempo de una discusión sobre el uso de bases militares a un terreno mucho más amplio que incluye comercio, diplomacia y seguridad internacional. Sin embargo, todavía quedan muchas incógnitas abiertas. Toca esperar para saber cómo evolucionará toda estas situación.

Imágenes | Defense Visual Information Distribution Service | La Casa Blanca

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