Hace apenas tres meses, Australia puso en marcha una de las regulaciones más ambiciosas que se han planteado hasta ahora sobre redes sociales y menores. La medida entró en vigor el 10 de diciembre de 2025 con un mensaje claro: obligar a las plataformas a impedir que los menores de 16 años tengan cuentas y devolver a las familias parte del control sobre la vida digital de los más jóvenes. Desde el primer momento se presentó como una iniciativa pionera, pero también se asumió algo importante desde el principio: aplicarla no iba a ser sencillo.

Las primeras dudas. La norma ya ha entrado en su fase más delicada, comprobar si realmente se está aplicando como estaba previsto. El regulador eSafety ha abierto la primera revisión formal y ha puesto bajo escrutinio a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok y YouTube. El organismo habla de “preocupaciones significativas” y apunta a fallos en los mecanismos de control. Señala, además, que los sistemas actuales no están impidiendo de forma efectiva que quienes quedan por debajo de ese umbral sigan abriendo nuevas cuentas.

Cómo se están colando los menores. El informe de va más allá de una advertencia general y pone el foco en fallos muy concretos de los sistemas de control. Se ha detectado que que no existen salvaguardas suficientes para impedir que usuarios por debajo de la edad permitida creen nuevas cuentas, pero también algo más llamativo: algunas plataformas permiten repetir los procesos de verificación hasta que el usuario logra superarlos. También en ciertos casos se invita a estos perfiles a demostrar que cumplen el requisito de edad incluso después de haber indicado que no lo hacen, lo que evidencia incoherencias en la aplicación de los controles.

Un problema que ya se anticipaba. Las dificultades para aplicar la norma no han surgido ahora, ya estaban sobre la mesa desde el primer día. Cuando la ley entró en vigor, el propio Gobierno australiano admitió que su implementación no sería perfecta, y las primeras señales apuntaban en esa dirección. Según ABC, algunos menores lograron esquivar los sistemas de verificación con trucos básicos, como alterar su apariencia en los controles faciales. El propio medio también advertía de que padres y hermanos mayores podían ayudar a algunos niños a sortear las restricciones, una señal temprana de que el desafío no estaba solo en aprobar la ley, sino en conseguir que funcionara de verdad.

Lo que está en juego para las plataformas. La investigación abierta por eSafety no se queda en un diagnóstico, abre la puerta a posibles sanciones si se demuestra que las empresas no han tomado medidas razonables para impedir que los menores afectados por la norma tengan cuenta. Reuters apunta que las multas pueden alcanzar los 49,5 millones de dólares australianos y afectan a los mencionados servicios y plataformas. El regulador ya ha comenzado a recopilar pruebas y espera cerrar al menos parte de sus investigaciones a mediados de año, lo que sitúa a las tecnológicas ante un escenario en el que el incumplimiento ya no es solo un riesgo reputacional.

El espejo español. Lo que está ocurriendo en Australia ayuda a poner en contexto un debate que también ha ganado peso en España, aunque aquí se encuentre en otro punto. Pedro Sánchez anunció en febrero que el Gobierno quiere prohibir el acceso a redes sociales a los menores de 16 años dentro de un paquete más amplio de medidas sobre verificación de edad, trazabilidad del odio y responsabilidad de los directivos tecnológicos. La diferencia clave es que esa prohibición no ha entrado en vigor ni se está aplicando. Aun así, el caso australiano ofrece una referencia útil para anticipar qué tipo de desafíos pueden aparecer cuando una medida así pasa del anuncio político a la ejecución real.

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En los últimos meses, muchos hemos hablado con una inteligencia artificial sin pensarlo demasiado. Le hemos preguntado dudas, le hemos pedido consejo o simplemente hemos probado hasta dónde llega su capacidad para mantener una conversación natural. Herramientas como los modos de voz de ChatGPT o Gemini han acercado esa experiencia a algo que, hace no tanto, parecía reservado a la ciencia ficción, con ecos inevitables de ‘Her’. Pero hay una pregunta que rara vez nos hacemos mientras hablamos con ellas: cómo han aprendido estas máquinas a sonar cada vez menos como un sistema y más como una persona.

Para entenderlo, conviene separar lo que vemos de lo que no vemos. Por un lado están las aplicaciones que usamos a diario, esos asistentes que responden con una voz cada vez más natural. Por otro, los sistemas que las sostienen, modelos entrenados con grandes volúmenes de datos que necesitan aprender no solo qué decir, sino también cómo decirlo. No sabemos qué productos concretos terminan utilizando este tipo de grabaciones, pero sí que forman parte del ecosistema con el que se entrenan sistemas de voz cada vez más fluidos y verosímiles.

La mano humana detrás de una voz artificial

Cuando bajamos al detalle, lo que hacen estos trabajadores no se parece demasiado a la idea clásica de “entrenar una IA”. En muchos casos, se trata de mantener conversaciones con desconocidos sobre temas aparentemente triviales, desde gustos cotidianos hasta preguntas abiertas que obligan a desarrollar una respuesta. En otros, el encargo es más exigente: interpretar un papel, seguir un guion sin que lo parezca o entrar en terrenos emocionales. Bloomberg cuenta, por ejemplo, el caso de una trabajadora que relató recuerdos dolorosos de su vida mientras hablaba con un hombre que se presentaba como pastor y que, dentro del ejercicio, interpretaba el papel de terapeuta.

Todo ese material grabado sirve para algo muy concreto: capturar matices. No hablamos solo de palabras, sino de pausas, respiraciones, cambios de tono, vacilaciones o reacciones emocionales que hacen que una conversación suene humana. También hay tareas de etiquetado, en las que los trabajadores tienen que distinguir si un audio contiene un sollozo, una carcajada o a alguien hablando entre risas. La lógica de fondo es sencilla: si una máquina quiere dejar de sonar robótica, antes necesita exponerse a cómo hablamos de verdad.

A partir de ahí, la pregunta es inevitable: cómo se accede a este tipo de trabajo y cuánto se gana realmente. Plataformas como Babel Audio funcionan como intermediarias que conectan a estos trabajadores con proyectos concretos. Tras superar una prueba inicial de voz, pueden optar a tareas que arrancan en unos 17 dólares por hora grabada, aunque el ingreso final depende de la evaluación recibida y del volumen de encargos disponible. Los ingresos, además, varían mucho: una trabajadora citada por el mencionado medio asegura ingresar unos 600 dólares semanales.

Así se ve la página web de BabelAudio

A medida que avanzamos, el trabajo empieza a mostrar una cara menos visible. Más allá de las tarifas y de la promesa de flexibilidad, los testimonios apuntan a un entorno marcado por la incertidumbre y el control constante. Las plataformas pueden limitar el acceso a tareas, interrumpir proyectos o suspender cuentas sin explicaciones detalladas, lo que deja a muchos trabajadores en una posición frágil. Además, cada conversación está sometida a métricas en tiempo real que valoran si alguien habla demasiado o demasiado poco, la expresividad, el dominio del idioma, la profundidad del intercambio y hasta la duración de las pausas.

Cuando ampliamos el foco, el debate deja de ser únicamente laboral y pasa a ser también personal. Parte del valor de estas grabaciones reside precisamente en que capturan cómo hablamos y cómo nos relacionamos, lo que implica que los trabajadores están aportando algo más que una tarea mecánica. Las condiciones generalmente permiten usar esas grabaciones en asistentes de voz, síntesis de habla y “otros productos y servicios relacionados con el audio”.

Cuando conectamos todas las piezas, lo que vemos es una industria que funciona gracias a una cadena de producción compleja. El Pulitzer Center describe este ecosistema como una red de trabajo fragmentado en la que los trabajadores suelen estar sometidos a acuerdos de confidencialidad, operan con muy poca transparencia y, en muchos casos, ni siquiera saben qué sistema están entrenando ni para qué empresa acaba yendo su trabajo. En ese contexto, las conversaciones que alimentan a los sistemas de voz son solo una parte de un engranaje mayor, donde cada tarea contribuye a construir tecnologías cada vez más sofisticadas.

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El titular del Departamento de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ordenó este martes levantar la suspensión contra los pilotos del Ejército que sobrevolaron con dos helicópteros la residencia del cantante Kid Rock, en Tennessee.

De acuerdo con la agencia AP, un portavoz del Ejército informó que los tripulantes de las aeronaves pertenecientes a la Brigada de Aviación de Combate en Fort Campbell fueron suspendidos en la espera de una investigación del caso.

“Suspensión de pilotos levantada. Sin castigo, sin investigación. ¡Adelante, patriotas!”, escribió Hegseth en su cuenta de X.

Kid Rock publicó el sábado dos videos en redes sociales. En cada uno se ve un helicóptero suspendido junto a su piscina mientras el artista aplaude, saluda y levanta el puño en el aire.

“Este es un nivel de respeto”, escribió el cantante, que el “gobernador de California nunca conocerá. Que Dios bendiga a Estados Unidos y a todos los que han hecho el máximo sacrificio para defenderla”.

Ante esto, el Ejército estadounidense abrió una revisión administrativa para evaluar si los pilotos infringieron alguna norma.

No hubo ninguna solicitud oficial al Ejército por parte de Kid Rock para que los helicópteros fueran a su casa el sábado mientras se encontraban en una misión de entrenamiento, señaló el lunes el mayor Jonathon Bless, oficial de asuntos públicos de la 101 División Aerotransportada.

La división está ubicada en Fort Campbell, en los límites entre Tennessee y Kentucky, y sus helicópteros suelen realizar vuelos de entrenamiento sobre el área de Nashville.

Los helicópteros también sobrevolaron el sábado una protesta “No Kings” en Nashville contra el gobierno del presidente Donald Trump, pero Bless señaló que el vuelo de entrenamiento no tuvo nada que ver con la protesta.

Bless también proporcionó una declaración escrita del Ejército.

“Los aviadores del Ejército deben cumplir estrictas normas de seguridad, profesionalismo y las regulaciones de vuelo establecidas. Se lleva a cabo una revisión administrativa para evaluar la misión y verificar el cumplimiento de las regulaciones y los requisitos del espacio aéreo. Se tomarán las medidas correspondientes si se detecta alguna infracción”, señaló el comunicado.

Con información de AP.