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Con cada vez más población extranjera, Murcia ha recordado a España su gran dilema: integrar o vetar
España es (cada vez más) una tierra de inmigrantes. Si el padrón nacional está creciendo y acaricia ya los 50 millones de habitantes es básicamente por el empuje de la población nacida en el extranjero, que compensa el pinchazo de la natalidad. A medida que se vuelve más diversa y combina tradiciones culturales y religiosas diferentes, España se enfrenta sin embargo a un reto urgente: decidir qué postura adoptar ante esa mezcolanza, cada vez más palpable en espacios públicos.
En Jumilla, Murcia, ese debate acaba de prender con fuerza.
Pendientes de Jumilla. Jumilla es una localidad de la comarca del Altiplano murciano de casi 27.300 habitantes famosa por sus vinos y peras. Hoy sin embargo protagoniza titulares en medios de todo el país (y alguno extranjero) por una razón bien distinta: su Ayuntamiento ha aprobado una medida que impedirá a los cientos de musulmanes que residen allí (más o menos el 7,5% de sus habitantes procede de países en los que esa creencia es mayoritaria) celebrar festividades religiosas en el polideportivo municipal, como han estado haciendo en los últimos años.
“Ajenas e incompatibles”. Para entenderlo hay que remontarse unas cuantas semanas atrás, a cuando VOX, con un único concejal en la corporación, presentó una propuesta “en defensa de la identidad española”. El texto puede leerse íntegro en la cuenta de X de VOX Murcia pero básicamente planteaba que el Consistorio vetase la celebración de la Fiesta del Cordero u “otras conmemoraciones ajenas a nuestras tradiciones” por ser “incompatibles con la identidad […] española”.
¿Salió adelante? La propuesta pasó por el pleno a finales de mes, con la negociación de los presupuestos locales como telón de fondo, y dio pie a un debate durante el que el PP presentó una enmienda que se validó con los votos populares, la abstención de Vox y el rechazo de los ediles del PSOE e IU-Podemos-AV.
¿Qué planteaba la enmienda? A grandes rasgos, “insta al equipo de Gobierno a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosas tradicionales”. No solo eso. El texto también desliza que el Consistorio retocará el reglamento que regula el disfrute de las instalaciones deportivas para que se dediquen “exclusivamente” a eventos organizados por el propio municipio y deja claro que “en ningún caso” se destinará a “actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento”.
Suficiente para que la medida haya generado un revuelo considerable.
“¿Aparece la palabra musulmán?” A la vista de la gran polémica que se ha generado y de que lo ocurrido en Jumilla ha tenido eco incluso en las páginas de The Guardian, el Gobierno municipal, en manos del PP, no ha tardado en salir a calmar los ánimos. “No va de religión ni de nacionalidad”, reivindicaba ayer su portavoz, Maricarmen Cruz, en declaraciones recogidas por RTVE. “¿Dónde aparece la palabra musulmán, dónde aparece la palabra prohibición?”
El Consistorio argumenta que el pueblo tiene una gran actividad deportiva y necesita que sus pabellones se centren en ese uso. Quien quiera celebrar otro tipo de actos necesitará buscarse otro lugar. “No hemos vetado nada”, recalca Cruz. “Jumilla tiene más espacios. ¿Quién ha dicho que se tenga que centralizar ahí?”
“Tierra de raíces cristianas”. La realidad es que la enmienda aprobada en el pleno complica que los cerca de 1.500 musulmanes que viven en el pueblo celebren el rezo colectivo del fin del Ramadán y la Fiesta del Cordero en el polideportivo del Ayuntamiento, como han hecho durante los últimos cuatro años. “La medida viene de donde viene, de una moción bochornosa y racista de VOX. El PP lo que ha hecho es blanquearla”, denuncia la exalcaldesa y portavoz local del PSOE.
Lo cierto es que la formación de Abascal no ha tardado en sacar pecho por lo que considera una medida pionera que “impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos”. “¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas”, subrayaba ayer la formación en X. El Ejecutivo central ya ha avisado que supervisará “muy de cerca” los efectos del acuerdo en busca de “discursos de odio” y la población musulmana de Jumilla no oculta su inquietud: “Nos han quitado un sitio donde rezar y ahora es un erzo, pero no sabemos qué más nos pueden quitar mañana”.
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“Es una discriminación”. El debate es lo suficientemente interesante (y amplio) como para haber alcanzado a la Iglesia católica. El País se hace eco hoy del malestar de los obispos españoles por la moción de Jumilla, un texto en el que no se cita ninguna confesión pero sí se restringe el uso de espacios públicos para actos religiosos. “Atenta contra los derechos fundamentales de cualquier humano, y no afecta solo a un grupo religioso, sino a todas las confesiones religiosas”, advierten los prelados católicos. “Hacer estas restricciones por motivos religiosos es una discriminación que no puede darse en sociedades democráticas”.
Más allá de Jumilla. El caso de Jumilla llega solo unas semanas después de los disturbios de Torre Pacheco, también en Murcia, que dejaron una ola de violencia dirigida a la población magrebí. Ambos caso reflejan una realidad que trasciende la comunidad murciana y apunta a uno de los grandes desafíos que tiene España por delante: con una población inmigrante en claro ascenso (entre las nacionalidades que más crecen figuran además la marroquí y argelina), el país debe decidir qué postura asumir ante las nuevas manifestaciones identitarias y religiosas.
Y eso afecta tanto a los inmigrantes recién llegados como a sus hijos, nacidos en España y que conservan su legado. En el horizonte cercano asoman debates como qué actitud adoptar ante fiestas ligadas a otras culturas y la presencia de símbolos religiosos en espacios públicos (hiyab sí o no) o incluso en los cementerios.
Dos modelos: Francia y Reino Unido. España tiene dos modelos próximos a los que mirar, el de Francia y Reino Unido. El primero ha optado por ejemplo por una normativa restrictiva sobre el uso del hiyab que ha llevado a situaciones como la vivida el verano pasado, cuando Sounkamba Sylla estuvo a punto de quedarse fuera de la ceremonia inaugural de los JJOO por su deseo de acudir con velo.
La postura del Gobierno ya le ha valido de hecho algún toque de Amnistía Internacional, que advierte que prohibir el hiyab en los deportes va en contra de los derechos humanos. La postura es algo distinta en Reino Unido, donde son los centros escolares los que disponen de autonomía para decidir las normas sobre los códigos de vestimenta. Ambas posturas plantean desafíos y dejan botando un debate acuciante que estos días ha reverdecido en Jumilla.
Imágenes | AMISOM Public Information (Flickr) y Wikipedia
En Xataka | Los países con más población inmigrante del mundo, expuestos en este mapa
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Vamos a decirte cómo funciona la traducción en tiempo real de los AirPods de Apple, una función que ha llegado con la actualización iOS 26.2 a todos los modelos a partir de los AirPods 4 y AirPods Pro 2. Para usarla, además de unos auriculares compatibles también necesitarás tener un iPhone.
Esta opción te va a permitir escuchar en los auriculares la traducción al español de lo que te dicen e incluso verla en un texto. Eso sí, para usarla vas a necesitar tener una app de Apple instalada e iniciar la traducción manualmente.
Cómo activar la traducción en tiempo real
Para poder usar la traducción en tiempo real de tus AirPods, necesitas tener la app Traducir de Apple. Viene preinstalada en el móvil, pero si por alguna razón decidiste borrarla puedes bajarla desde la App Store. También necesitas tener el iPhone donde tienes enlazados los AirPods actualizado a iOS 26.2, y tus auriculares deben ser unos AirPods 4, AirPods Pro 2 o Pro 3.
Una vez dentro de la aplicación Traducir, tienes que entrar en la pestaña de En tiempo real que te aparecerá en la fila de abajo.
Esto te va a llevar a una pantalla donde puedes configurar esta traducción. Primero tienes que configurar los idiomas, poniendo en Su idioma ese que vaya a utilizar la otra persona y en Tu idioma al que quieres que te lo traduzcan, como el español. Luego, pulsa en el botón Iniciar traducción para empezar a traducir en tiempo real.
Cuando se inicie la traducción, irás a una pantalla en la que te va apareciendo la traducción de todo lo que escuchan tus auriculares en el otro idioma que hayas configurado. Además, escucharás una voz traducírtelo todo en los AirPods, de forma que tengas la traducción escuchada y también la textual.
En Xataka Basics | iOS 26: 19 funciones y algún truco para exprimir al máximo el nuevo sistema operativo para tu iPhone
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Reportan cateo de las oficinas del cantante PSY en Seúl; lo investigan por consumo de medicamento controlado
Autoridades coreanas revisaron la agencia del cantante PSY como parte de la investigación en la que se encuentra debido al presunto consumo excesivo de medicamentos obtenidos por terceros.
El intérprete de “Gangnam Style” es señalado por haber presuntamente obligado a su mánager y a otros para que recibieran prescripciones de Xanax y Stilnox a su nombre.
De acuerdo con la agencia de noticias Yonhap, el pasado jueves la policía de Seodaemun-gu en Seúl revisó las oficinas de PSY y sus vehículos con el objetivo de obtener más evidencia; ante ello, la agencia respondió que cooperarían con las indagatorias y que tomarían las medidas correspondientes con base a la ley en el futuro.
Cabe mencionar que el cantante de 47 años de edad se encuentra bajo sospecha presuntamente por haber recibido recetas donde médicos le indicaban la venta —libre— de Xanax y Stilnox desde 2022. Según la información preliminar, él no asistió a consultas de manera presencial y obligó a su mánager a recogerlas.
Un hospital universitario, sin ser identificado aún, era su principal distribuidor. Las autoridades han fichado a un presunto profesor como responsable de prescribirle las recetas, pero no se ha esclarecido dicha información.
Dichos medicamentos psicotrópicos son utilizados para tratar problemas del sueño, ansiedad y depresión. Su alto índice de dependencia requiere que estas sustancias sean recetadas bajo una supervisión controlada.
Medios especializados aseguran que la agencia P. Nation declaró que PSY había sido diagnosticado con un trastorno del sueño, por lo que necesitaba tomar dichas sustancias; sin embargo, destacaron que se encontraba cumpliendo el tratamiento acompañado de un profesional.
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La idea de limitar drásticamente la inmigración en Suiza no es una anomalía reciente ni una excentricidad pasajera, sino la reaparición de un temor profundamente arraigado en su historia política y social, visible ya en los años setenta con las iniciativas de James Schwarzenbach y el concepto de Überfremdung. Por eso la última idea no sorprende, aunque sí asusta.
El miedo que vuelve por ciclos. El año pasado lo recordaba en un estupendo reportaje de la Vanguardia. Aquel clima de angustia identitaria de la década de 1970, alimentado por el rápido crecimiento económico y la llegada masiva de trabajadores extranjeros, dejó una huella duradera: la convicción de que el Estado debía proteger activamente la composición demográfica y moral del país, una obsesión que nunca desapareció del todo y que reaparece con fuerza en momentos de presión o saturación percibida.
De la inmigración al límite poblacional. La propuesta actual va un paso más allá de los debates clásicos sobre cuotas o visados y plantea directamente una especie de distopia: un tope a la población total, fijado en torno a los 10 millones de habitantes, con un primer umbral de alerta en los 9,5 millones.
En la práctica, este planteamiento convierte la inmigración en una variable a recortar de forma casi automática si el país sigue creciendo, sin distinguir entre refugiados, trabajadores cualificados o directivos altamente remunerados, y abre la puerta a una política que prioriza la cifra total de residentes sobre las necesidades económicas o humanitarias.
Atrapados en su propio éxito. El trasfondo de la iniciativa es una paradoja difícil de resolver: Suiza es uno de los países más prósperos del mundo, con una economía dinámica, empresas globales y salarios muy superiores a los de sus vecinos, y precisamente ese éxito la ha convertido en un imán para la inmigración.
El crecimiento demográfico de la última década, impulsado casi en su totalidad por la llegada de extranjeros, ha alimentado la percepción de que la calidad de vida se deteriora a través de alquileres disparados, infraestructuras saturadas y transporte público congestionado, aunque esos mismos inmigrantes sostienen sectores clave del mercado laboral.
La “purga” escalonada. Así llegamos a un planteamiento sin medias tintas. El plan impulsado por el Partido Popular Suizo introduce una lógica progresiva que recuerda más a un interruptor de emergencia que a una política migratoria clásica. Si se supera ese umbral de 9,5 millones, las primeras restricciones recaerían sobre solicitantes de asilo y reunificación familiar.
No solo eso. Si se alcanzan los 10 millones, Suiza se retiraría de tratados internacionales considerados “impulsores de población” (tal cual reza la propuesta) y, como último recurso, abandonaría el acuerdo de libre circulación con la Unión Europea, un movimiento que tendría consecuencias profundas sobre los derechos de residencia de millones de europeos y sobre el acceso suizo al mercado único.
El choque con la realidad. Buena parte del empresariado y de los grandes lobbies económicos advierten de que esta estrategia tendría un coste elevado, desde una escasez de cientos de miles de trabajadores hasta un envejecimiento acelerado de la sociedad y una pérdida de competitividad estructural.
Aunque los defensores de la iniciativa prometen compensaciones en forma de alquileres más bajos y menor presión sobre el Estado del bienestar, la ausencia de estudios detallados y el peso del comercio con la UE hacen temer que el remedio sea más dañino que la enfermedad.
Amplificador del malestar. A diferencia de otros países europeos, Suiza canaliza este tipo de tensiones a través de referéndums frecuentes, lo que permite que inquietudes latentes se conviertan rápidamente en propuestas políticas concretas, por muy orwellianas que parezcan.
Esta característica explica por qué ideas que en otros lugares se quedarían en el debate mediático, o ni eso, allí llegan a votarse, pero también convierte al país en un laboratorio donde se mide hasta qué punto una sociedad está dispuesta a sacrificar crecimiento y apertura en nombre de la identidad, el control y la estabilidad percibida.
Europa observa. Muchos medios del país han ido un paso más allá, adelantándose a la activación del plan y proyectando lo que supondría para el viejo continente. Una retórica que cuenta que el debate suizo anticipa discusiones que ya asoman en otros países, donde la inmigración sigue ganando peso político mientras los partidos tradicionales intentan contener a la extrema derecha mediante cordones sanitarios que no siempre reducen su atractivo.
La experiencia helvética apunta a un planteamiento, cuanto menos, inquietante: que ignorar o descalificar el malestar no lo elimina, y que la cuestión no es tanto si debe haber inmigración, sino a qué ritmo y en qué escala. En ese sentido, la posibilidad de una “purga” demográfica suiza no es solo una decisión nacional, sino una señal de advertencia sobre el rumbo que podrían tomar algunas democracias europeas si no logran reconciliar prosperidad, cohesión social y legitimidad política.
Imagen | Ruth Georgiev, IToldYa
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