Estamos presenciando en directo cómo lo que empezó como una ofensiva contra las emisiones no autorizadas de partidos se ha transformado en algo mucho más amplio, una disputa sobre quién puede decidir qué partes de internet se apagan y cómo se hace. En Italia y en España se están ordenando bloqueos a nivel de red que, tal y como se están aplicando ahora, pueden no distinguir entre un servicio infractor y otros legítimos que comparten infraestructura. Este escenario ha puesto en primer plano a Cloudflare, una compañía cuyo nombre lleva tiempo colándose en la conversación tecnológica.

Aquí debemos ser claros. Lo que une a los casos de Italia y España no es el tipo de contenido, sino la lógica que los sostiene: para frenar la difusión no autorizada de partidos se ha optado por actuar allí donde la red se vuelve vulnerable, en los intermediarios que conectan al público con los servidores. Se trata de una estrategia permite bloquear rápido y con alcance masivo, pero también tiene daños colaterales.

Detrás de cada bloqueo hay una secuencia clara. En España, la Justicia ha dado cobertura legal al mecanismo. En la actualidad, es LaLiga quien identifica las direcciones y los proveedores de acceso quienes ejecutan los bloqueos. Si hablamos de Italia, los titulares de derechos introducen dominios e IP en Piracy Shield y es AGCOM, el regulador italiano de telecomunicaciones y medios, quien revisa esas señalizaciones y las convierte en órdenes administrativas que deben aplicar los proveedores.

Cuando se ordena un bloqueo, no se está diciendo simplemente “cerrad esta página”, está eligiendo en qué punto del recorrido se interrumpe la conexión entre el usuario y el servidor, de acuerdo a los límites que establece la legislación vigente. Puede hacerse impidiendo que el nombre de la web se traduzca a una dirección técnica, bloqueando directamente esa dirección o pidiendo a un intermediario que deje de servir los datos.

En ese recorrido invisible hay una pieza especialmente sensible, el sistema que traduce los nombres de las webs en direcciones técnicas que los ordenadores pueden entender. Cada vez que escribimos una URL o tocamos un enlace, un resolvedor DNS responde con la IP correcta para que la conexión pueda establecerse. Si esa traducción se interrumpe, la página deja de ser accesible aunque el servidor siga funcionando. Por eso el DNS se ha convertido en una palanca muy atractiva para los bloqueos, porque permite cortar el acceso de forma rápida y sin tocar directamente el contenido.

Qué es 1.1.1.1 y por qué está en el centro. Entre los muchos servicios DNS que existen hay algunos abiertos al público que no pertenecen a ningún operador nacional, y el más conocido es 1.1.1.1, gestionado por Cloudflare. Funciona como un resolvedor DNS público de uso masivo al que usuarios y aplicaciones recurren para traducir nombres de dominio en direcciones IP. Esa escala es lo que lo hace especialmente sensible en este debate, porque cualquier intervención sobre él no se limita a un país ni a una red concreta, sino que puede tener efectos mucho más amplios.

Un módem con cables de red

La empresa explica desde hace años que puede cumplir órdenes judiciales que le obligan a actuar sobre clientes concretos o sobre su red de distribución, porque ahí sí está controlando un servicio propio dentro de una jurisdicción. Lo que rechaza es modificar herramientas abiertas como su DNS público por decisiones administrativas de un solo país. En su planteamiento, eso supondría que una autoridad nacional pudiera cambiar cómo funciona una pieza básica de internet para usuarios de todo el mundo.

Italia, el sistema Piracy Shield y polémicas. El modelo italiano no corta solo páginas individuales, sino piezas enteras de la ruta por la que circula el tráfico. A través de Piracy Shield se ordena bloquear dominios e IP y, según el propio regulador, el marco también incluye expresamente a servicios de DNS públicos, como 1.1.1.1, y proveedores de VPN como sujetos obligados cuando están implicados en la accesibilidad de esos contenidos.

Mapa de la red global de Cloudflare

El problema no es solo que el sistema bloquee mucho, sino cómo lo hace y con qué margen de rectificación. Su lógica de reacción rápida prioriza cortar el acceso mientras el evento está ocurriendo, y eso aumenta el riesgo de afectar a terceros cuando se actúa sobre piezas compartidas de la red. AGCOM cita como balance que desde febrero de 2024 se han deshabilitado más de 65.000 FQDN, es decir, nombres de dominio completos y unas 14.000 IP.

Ese choque tomó forma concreta a finales de 2025. En una decisión adoptada el 29 de diciembre y notificada recientemente, AGCOM impuso a Cloudflare una sanción de más de 14 millones de euros por no haber cumplido una orden previa emitida el 18 de febrero de 2025. Según el regulador, la empresa debía desactivar la resolución DNS de determinados dominios y el enrutamiento del tráfico hacia direcciones IP señaladas a través de Piracy Shield, o aplicar medidas equivalentes para impedir que los usuarios accedieran a esos contenidos.

España, el camino judicial. Como mencionamos arriba, en España el sistema no se apoya en un regulador administrativo, sino en una resolución de un juzgado mercantil obtenida por LaLiga. El 18 de diciembre de 2024, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona autorizó medidas de bloqueo contra direcciones utilizadas para retransmitir partidos sin derechos. El 26 de marzo de 2025, ese mismo tribunal rechazó las impugnaciones y dejó la orden en vigor. Eso es lo que permite que los operadores de acceso ejecuten estos bloqueos durante los partidos. 

La forma en que esa orden se ejecuta en la práctica explica muchas de las quejas que han surgido en España. Los proveedores de acceso bloquean direcciones IP completas, no solo dominios concretos. Este mecanismo explica por qué tantos servicios legítimos acaban arrastrados por estos bloqueos. En lugar de desactivar un dominio concreto, los operadores cortan una dirección IP completa, que suele ser compartida por cientos o miles de webs. Es un poco como tapiar la entrada de un edificio porque en uno de sus apartamentos se produce una infracción, aunque la mayoría de los inquilinos no tenga relación alguna con ella.

En Italia, Cloudflare recibe órdenes de bloqueo, en España no. En Italia, Cloudflare recibe órdenes y multas de frente. En España, como hemos visto, el impacto llega de forma indirecta. Los bloqueos se ejecutan a través de los operadores de internet, pero las listas de direcciones que se bloquean suelen incluir IP que forman parte de la red de Cloudflare, afectando también a sus clientes.

Una amenaza sobre la mesa. La sanción de AGCOM ha escalado hasta convertirse en un choque público entre regulador y proveedor de infraestructura, con Cloudflare amenazando con retirar sus servidores del país, suspender servicios gratuitos, incluidos los que presta sin coste vinculados a los Juegos Olímpicos 2026, y replantear inversiones. Matthew Prince, CEO de Cloudflare, ha dicho que la compañía viajará a Washington para plantear el caso ante funcionarios de la administración de Estados Unidos.

Imágenes | Xataka con Gemini 3 Pro | Cloudflare | Stephen Phillips

En Xataka | “Vaya servicio, ¿pago por esto?”: así es como los bloqueos masivos de IPs de LaLiga están provocando daños reputacionales y económicos

Reuters.- Una fiscalía de la Audiencia Nacional española afirmó este martes que estaba investigando las acusaciones de medios de comunicación españoles y estadounidenses de que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas.

No hubo respuesta inmediata a los correos electrónicos enviados por Reuters a los representantes de Iglesias, de 82 años, en busca de comentarios. El sello discográfico de la estrella, Sony, declinó emitir declaraciones.

Las mujeres, que habrían trabajado en las residencias caribeñas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas durante un periodo de 10 meses en 2021, fueron citadas en una investigación de tres años de la una cadena estadounidense y un medio español.

Ambas mujeres denunciaron haber sufrido agresiones sexuales y acoso laboral mientras trabajaban para el cantante, informaron los medios.

Según los informes, Iglesias las presionó para que mantuvieran encuentros sexuales y las sometió a otros abusos físicos y verbales.

La fiscalía dijo que había abierto diligencias preliminares tras la presentación de una denuncia el 5 de enero. Los detalles del caso estaban amparados por normas de confidencialidad que le impedían facilitar más información.

Iglesias es uno de los artistas latinos con más ventas del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas. Antiguo aspirante a futbolista, se dedicó a la música después de que un accidente de coche en 1963 pusiera fin a su carrera deportiva.

Ana Redondo, ministra de Igualdad del gobierno socialista, dijo en un comunicado que respetaba la presunción de inocencia de Iglesias, pero que creía en el testimonio de las mujeres.

“Se puede ser un excelente cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro”, dijo, elogiando a las mujeres por presentar sus denuncias.

El partido de izquierdas Mas Madrid sugirió al gobierno derechista de la Comunidad de Madrid que despojara a Iglesias de las llaves de la ciudad que le fueron concedidas por ser el hijo más famoso de la capital. Iglesias ha apoyado en el pasado a candidatos políticos conservadores.

La geopolítica del siglo XXI ha encontrado un nuevo y gélido epicentro. Tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela a principios de este mes, la administración de Donald Trump ha volcado su agresividad diplomática hacia el norte. El objetivo es un viejo anhelo, tomar el control de Groenlandia, a la que la Casa Blanca define como un “lingote” de recursos estratégicos. Sin embargo, la realidad física es ineludible ya que bajo una geología compleja se esconde una carencia absoluta de infraestructura básica que convierte cualquier plan de extracción en una quimera logística.

El muro de 93 millas de asfalto. Desde que el Partido Republicano introdujo la Make Greenland Great Again Act en 2025, la presión sobre Dinamarca ha escalado hasta sugerir, incluso, el uso de la fuerza. Según explica el Center for Strategic and International Studies (CSIS), Washington ha elevado a Groenlandia a la categoría de necesidad de “seguridad nacional”. Esta postura, que algunos analistas ya bautizan como la “Doctrina Donroe”, busca asegurar el hemisferio como esfera de influencia exclusiva frente a los rompehielos rusos y la expansión china. 

Pero la obsesión choca con la ingeniería. Según datos de CSIS, Groenlandia —un territorio tres veces más grande que Texas— solo cuenta con 93 millas (150 kilómetros) de carreteras en total. No existen vías férreas y los asentamientos están aislados entre sí por tierra. Diogo Rosa, investigador del Servicio Geológico de Dinamarca y Groenlandia, advierte en Fortune que cualquier proyecto minero debe crear estas accesibilidades desde cero. Esto incluye puertos capaces de manejar volúmenes industriales (el puerto de Narsaq apenas mueve 50,000 toneladas al año) y plantas de energía locales, ya que la red eléctrica actual es incapaz de sostener una mina a gran escala. 

El enigma de la eudialita. Aunque se construyeran las carreteras para llegar al neodimio y al terbio, el mineral plantea en sí un desafío técnico sin precedentes. Las tierras raras de Groenlandia suelen estar encapsuladas en un tipo complejo de roca llamado eudialita. A diferencia de las carbonatitas que se explotan en otros lugares del mundo con métodos probados, nadie ha desarrollado un proceso rentable para extraerlas de la eudialita, según han explicado analistas. 

Por ello, expertos como Javier Blas, califican el entusiasmo de la administración Trump como un “PowerPoint optimista”. Blas sostiene que la isla no es un Wonderland de materias primas: si tras décadas de exploración ninguna gran minera ha operado con éxito, es porque los costes de procesamiento —que superarían los 1.000 millones de dólares— devoran cualquier beneficio. A esto se suma que yacimientos como Kvanefjeld están co-localizados con uranio radiactivo, lo que ha generado un rechazo social masivo y leyes ambientales que bloquean los proyectos.

El espejismo de la riqueza minera. Actualmente, Groenlandia solo cuenta con dos minas activas: una de anortosita y la de oro de Nalunaq. Esta última, operada por la canadiense Amaroq Minerals, logró producir 6.600 onzas de oro en 2025, superando sus propias previsiones. Pero como señala Scott Dunn, CEO de Noveon Magnetics, en Fortune, el éxito del oro (un mineral de alto valor y bajo volumen) no es escalable a las tierras raras. Mientras Washington hace planes a largo plazo en el Ártico, empresas como la de Dunn ya producen imanes en Texas con materiales obtenidos fuera de China, demostrando que la solución al suministro tecnológico podría estar más cerca de casa que del Círculo Polar.

El factor China: el dueño silencioso. El gran obstáculo estratégico para la “Doctrina Donroe” no es solo el hielo, sino que Pekín ya está allí. China controla cerca del 90% del suministro global de tierras raras y ha sabido jugar sus cartas en el subsuelo groenlandés a través de litigios. La empresa Energy Transition Minerals (ETM), con importante capital chino, mantiene un arbitraje internacional contra Groenlandia, reclamando una indemnización histórica de 11.500 millones de dólares —cuatro veces el PIB de la isla— tras la prohibición de la minería de uranio en 2021.

Esta disputa legal sitúa a la isla en una pinza geopolítica: Washington quiere el control para expulsar a Pekín, pero este último ya bloquea los yacimientos más ricos mediante acciones empresariales y derechos de explotación previos.

El Ártico navegable: ¿un aliado inesperado? Paradójicamente, el hoax del cambio climático es lo que está acelerando los planes de la Casa Blanca. Groenlandia se calienta mucho más rápido que el resto del planeta, y el deshielo está transformando el Ártico en un corredor comercial estratégico. Como reporta el New York Times, la Ruta de la Seda Polar ya no es una proyección: en octubre de 2025, un buque chino alcanzó Gran Bretaña por el norte en solo 20 días, ahorrando un 40% del tiempo respecto al Canal de Suez.

Esta nueva conectividad convierte a Groenlandia en un “portaaviones insumergible” en medio de las nuevas rutas marítimas. Sin embargo, el deshielo marino no soluciona el problema en tierra firme. Al norte de la isla, el clima extremo sigue obligando a que cualquier maquinaria minera hiberne durante seis meses al año, manteniendo la rentabilidad como una “ilusión óptica”.

El tesoro tras el muro de hielo. El intento de tomar el control de Groenlandia parece chocar contra un muro de leyes ambientales, una geología hostil y, sobre todo, una ausencia total de infraestructura básica. La administración Trump ha invertido cientos de millones en empresas mineras, pero los resultados siguen enterrados bajo capas de permafrost.

Como bien resume Anthony Marchese en Fortune: “Si vas a Groenlandia por sus minerales, hablas de miles de millones de dólares y un tiempo extremadamente largo”. Mientras la Casa Blanca vende la isla como el trofeo definitivo de la nueva Guerra Fría tecnológica, la realidad técnica de 2026 dicta una sentencia más simple: el mayor tesoro de la isla sigue protegido no por armas ni tratados, sino por la falta de un camino que llegue hasta él.

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Xataka | EEUU ha decidido que Europa es su problema en Groenlandia. Alemania quiere convencerle de que el problema es Rusia