La Justicia argentina dictaminó este miércoles que el nuevo juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona comenzará el 17 de marzo de 2026, mientras que el próximo 12 de noviembre tendrá lugar una audiencia preliminar para abordar las pruebas ofrecidas.

La decisión fue anunciada por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón, del Tribunal en lo Criminal Nº 7 de San Isidro, provincia de Buenos Aires.

El juicio busca determinar las responsabilidades de siete profesionales de la salud que atendieron al exfutbolista en sus últimos días y hasta su muerte el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, durante una internación domiciliaria en la localidad de Tigre, a las afueras de Buenos Aires.

La resolución de este miércoles, a la que tuvo acceso EFE, llega poco más de tres meses después de la primera audiencia preliminar del nuevo proceso y sigue a la anulación en mayo pasado del primer juicio, tras revelarse que una de las juezas del tribunal, Julieta Makintach, protagonizaba un documental no autorizado sobre el caso.

Tras la recusación de Makintach, la Fiscalía y los abogados de casi todas las partes argumentaron “contaminación horizontal” y pidieron que fueran recusados también los otros dos jueces del tribunal, Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso, quienes aceptaron la solicitud y decretaron la nulidad del juicio.

El nuevo tribunal, que debía definir los alcances de la nulidad dictada por el anterior, resolvió dejar sin efecto todos los actos procesales ocurridos desde la incorporación de la jueza Makintach, el 6 de marzo de 2025, por lo que el juicio deberá reanudarse desde ahí, manteniéndose la validez de las pruebas ofrecidas por las partes antes de esa fecha.

En paralelo, decidieron mantener la decisión de conceder un juicio por jurados paralelo a la enfermera Daiana Gisela Madrid, quien no será juzgada entonces junto al resto de los acusados: la psiquiatra Agustina Cosachov, el neurocirujano Leopoldo Luque, el psicólogo Carlos Diaz, la doctora y coordinadora de la empresa Swiss Medical Nancy Forlini, el enfermero Ricardo Almirón y el jefe de enfermeros Mariano Perroni.

La acusación contra ellos es por el delito de homicidio simple por dolo eventual, que podía implicar penas de hasta 25 años de prisión.

Por otra parte, el tribunal rechazó los planteamientos de la defensa de Cosachov que buscaban impedir la realización de un nuevo juicio basándose en los principios de prohibición de doble juzgamiento, puesto que “el juicio anterior fue declarado nulo durante el desarrollo del debate, sin que se haya emitido resolución definitiva firme sobre la culpabilidad o inocencia de la imputada”.

“La realización del nuevo juicio, entonces, lejos de constituir una reiteración indebida de juzgamiento, tiene por objeto reparar la invalidez del proceso anterior y garantizar que se sustancie contra la imputada un juicio justo, válido y pleno con todas las reglas y garantías que aseguren un debido proceso, incluyendo un tribunal imparcial”, añadieron los jueces, que rechazaron además la solicitud de Luque de ser juzgado por un jurado popular por haber sido presentada fuera de plazo.