Cuando usamos Gemini, ChatGPT o Grok, es fácil pensar que esa capacidad para producir resultados en pocos segundos roza lo extraordinario, incluso con sus fallos habituales. Pero no hay misterio: dependen de modelos entrenados con cantidades masivas de información. Ese proceso ha encendido un debate cada vez más intenso sobre cómo se utiliza todo ese contenido y hasta dónde llega el control de quienes lo generan. En ese clima aparece una propuesta que intenta poner cierto orden.

La extracción masiva de contenido. El crecimiento acelerado de la IA ha dejado al descubierto el mencionado fenómeno. Las compañías recurren a rastreadores propios y a conjuntos de datos elaborados por terceros que agregan material procedente de miles de sitios web. Para los editores, el problema no es solo la escala, sino la falta de transparencia sobre qué se recopila, cómo se utiliza y quién obtiene beneficios. El choque entre estos intereses ha alimentado demandas y debates sobre el equilibrio entre innovación y derechos de autor.

Qué es RSL 1.0. Ahora llega RSL 1.0, un estándar abierto diseñado para que los editores puedan expresar, de forma legible por máquinas, cómo debe utilizarse su contenido en la era de la IA. La iniciativa surge del RSL Collective y del RSL Technical Steering Committee, donde participan compañías de internet, medios y organizaciones de estándares como Yahoo, Ziff Davis y O’Reilly Media. El objetivo es que los medios puedan definir reglas transparentes de uso y licencia que los sistemas de IA deban respetar.

Un estándar operativo. Aquí aparece en escena el archivo robots.txt, que ha sido la herramienta fundamental para guiar a los rastreadores de la web, permitiendo o denegando acceso a determinadas rutas de un sitio. Esa simplicidad fue útil durante años, aunque no contemplaba usos concretos como el entrenamiento de modelos de IA. RSL 1.0 da un paso más y describe permisos diferenciados mediante categorías como “ai-input”, pensada para el entrenamiento, o “ai-index”, vinculada a la indexación clásica. La categoría “ai-all” permite bloquear cualquier uso relacionado con IA.

La idea es que con este sistema los editores puedan definir límites específicos sin perder visibilidad en los buscadores. Las reglas siguen siendo simples, pero ahora mucho más informativas.

Resolviendo una limitación clave. Hasta ahora, según los impulsores de la iniciativa, un editor que quiera evitar ese uso debe aceptar que su contenido deje de aparecer también en la búsqueda tradicional, porque Google no ofrece una opción individual para separar ambos ámbitos. Para los cofundadores del RSL Collective, “RSL proporciona exactamente esa capa que faltaba”, al permitir un control independiente entre ambos usos.

El modelo de contribución. Una de las novedades más destacadas de RSL 1.0 es el sistema de “contribución”, pensado para que creadores y organizaciones sin ánimo de lucro puedan exigir aportaciones a los sistemas de IA que utilicen su material. La iniciativa se ha desarrollado junto a Creative Commons y busca reforzar la sostenibilidad del digital commons, que reúne miles de millones de recursos abiertos en la web. Su directora ejecutiva, Anna Tumadóttir, señala que “es imprescindible que existan opciones de reparto justo más allá de las licencias comerciales, para poder seguir sosteniendo los bienes comunes y proteger el acceso al conocimiento en la era de la IA”.

Una adopción amplia. La publicación de RSL 1.0 ha generado un respaldo notable entre editores, plataformas y organismos técnicos, además de contar con el apoyo de proveedores de infraestructura como Cloudflare, Akamai y Fastly. Su implicación es relevante porque estos servicios pueden aplicar de forma directa las reglas que los editores definan.

Ahora bien, aunque RSL 1.0 introduce un marco más claro para expresar reglas de uso, no soluciona todos los problemas que plantea el entrenamiento de modelos de IA. El estándar depende de que los rastreadores lo respeten y de que los proveedores de infraestructura lo apliquen, de modo que las empresas que ignoren estas señales podrían seguir recopilando contenido sin autorización. Tampoco está claro cómo afectará a editores pequeños que carecen de recursos para negociar con grandes plataformas.

El avance de la IA ha cambiado la forma en que interactuamos con la información, aunque a menudo olvidemos que detrás de esos resultados rápidos hay contenido creado por millones de personas. Toca esperar para saber si RSL 1.0 conseguirá equilibrar las reglas de juego.

Imágenes | Xataka con Gemini 3 Pro | Solen Feyissa

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Si hay algo que Elon Musk lleva repitiendo desde antes de que Starship se llame Starship es que SpaceX no saldría a bolsa hasta que el gigantesco cohete marciano estuviera volando con regularidad. La excusa era que a Wall Street le gustan más los planes de rentabilidad a corto plazo que los planes multigeneracionales para colonizar Marte. Pero el guion ha cambiado: SpaceX prepara su salto al parqué, y no para pagar el viaje al planeta rojo. Lo hace porque necesita muchísimo capital para “algo más” que Starship y Starlink.

La mayor IPO de Estados Unidos. Según ha revelado Bloomberg, SpaceX planea lanzar una Oferta Pública de Venta a finales de 2026 o principios de 2027. La compañía busca una valoración de 1,5 billones de dólares (trillones, en escala americana) y más de 30.000 millones en efectivo, cifras mareantes que supondrían la mayor salida a bolsa en la historia de Estados Unidos, cerca del récord global establecido por Saudi Aramco en 2019.

Musk lleva días dejando migas de pan en X sobre este cambio de estrategia. Cuando se filtraron los primeros rumores sobre una ronda de financiación que valoraba la empresa en 800.000 millones, el magnate lo negó, matizando que “los incrementos de valoración van en función del progreso de Starship, Starlink… y una cosa más, que es posiblemente la más significativa con diferencia”. ¿Qué es esa cosa que hace que otra ronda de inversión sea insuficiente?

La computación orbital. Lo que se deduce de los últimos tuits de Musk es que SpaceX quiere levantar mucho efectivo con su salida a bolsa por algo más que Starship y Starlink: para desarrollar centros de datos espaciales. La lógica, que el propio Musk da por válida, es la misma que están siguiendo otras empresas como Google, pero con la ventaja de ser el mayor lanzador de cohetes del mundo.

En la Tierra, los centros de datos de IA tienen dos grandes cuellos de botella: la energía y la refrigeración. En el espacio, los satélites pueden recibir luz solar 24 horas al día sin interferencia atmosférica y con la posibilidad de disipar el calor en la cara oscura del satélite, eliminando los complejos sistemas de agua y aire acondicionado de la Tierra.

Más allá de Starlink. SpaceX ya cuenta con una constelación de 9.000 satélites en órbita, muchos de ellos interconectados mediante enlaces láser. El plan sería aprovechar todo el conocimiento y la tecnología que tiene la empresa para crear una nueva constelación de IA localizada: en palabras de Musk, la forma más barata de generar “bitstreams” de IA en menos de tres años.

Su hoja de ruta es ciencia ficción dura: escalar hasta añadir 100 GW de capacidad al año usando láseres de alto ancho de banda conectados a la propia constelación Starlink, que ya es altamente rentable. Y de ahí pasar a fábricas en la Luna y el uso de rieles electromagnéticos para lanzar estos satélites de IA sin necesidad de cohetes.

La enésima fiebre del oro. Figuras como Sam Altman, Eric Schmidt o Jeff Bezos ya están moviendo ficha para tener su trozo de pastel en el negocio de los centros de datos orbitales. Google ha creado el proyecto Suncatcher y Nvidia colabora con Starcloud, al tiempo que startups más pequeñas como Aetherflux han anunciado proyectos como “Galactic Brain” previstos para 2027.

La diferencia es que SpaceX tiene la experiencia en el lanzamiento y está construyendo el cohete más grande del mundo, con la peculiaridad de que aspira a ser completamente reutilizable.

Es solo el comienzo. Si 1,5 billones ya es una valoración histórica, un informe reciente de ARK Invest proyecta que, para 2030, el valor empresarial de SpaceX podría rondar los 2,5 billones de dólares en un escenario base, impulsado casi totalmente por los ingresos recurrentes de Starlink y el descenso de costes de lanzamiento gracias a la reutilización de Starship.

La salida a bolsa en 2026 no sería solo una operación financiera: sería darle a SpaceX el capital que necesita para convertirse en la columna vertebral de la infraestructura computacional de la IA, convirtiendo un servicio de Internet como Starlink en algo que el propio Musk considera “mucho más significativo”.

Imágenes | SpaceX

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Lo habitual por estas fechas es que la gente empiece a hablar de propósitos de Año Nuevo, proyectos, viajes… planes para un 2026 que está ya a la vuelta de la esquina. Eso es lo habitual. En España hay miles de familias que encaran el año con una sensación bien distinta: inquietud. Son inquilinos, llevan años residiendo en casas arrendadas y ahora ven cómo sus contratos están a punto de vencer en un escenario muy distinto al que había cuando los firmaron, allá por 2021.

Tanto han cambiado las cosas que hay quien calcula que algunos inquilinos  tendrán que pagar hasta 4.600 euros más al año si no quieren mudarse.

¿Qué ha pasado? Para miles de familias españolas 2026 no será el año del Mundial de Norteamérica ni el de Eurovisión sin España. 2026 será el año en el que deberán decidir si se mudan o aceptan pagar mucho más por sus casas. 

El motivo es un fenómeno que algunos han bautizado como “la gran revisión de alquileres” y en la práctica no es otra cosa que el vencimiento de los contratos firmados entre 2020 y 2021. Tras los cinco años de prórroga que marca la ley, ahora a muchos inquilinos les toca sentarse a negociar con sus caseros.

¿Pero eso es normal, no? Correcto. Los contratos firmados a partir de 2019 duran cinco años si el arrendador es un particular o siete en caso de que sea una empresa. Durante ese período se renuevan anualmente de forma automática y lo normal es que las rentas se actualicen de manera controlada, en base al IPC o el índice IRAV. Eso no ha cambiado. Lo que tienen de especial los contratos de alquiler firmados en 2020 y 2021 es que se pactaron en un contexto muy concreto, condicionado por el impacto de la crisis del COVID-19.

Llega con echar un ojo a la gráfica de precios de Madrid elaborada por Idealista para entenderlo. Tras años de subida moderada de alquileres (o estancamiento), a mediados de 2020 las rentas empezaron a abaratarse y no remontaron hasta bien entrado 2021, cuando cogieron un impulso que se mantiene aún hoy.

¿Qué significa eso? Que si firmaste un contrato de alquiler en enero, febrero, marzo… de 2021 lo hiciste en un momento ventajoso que te ha mantenido estos últimos cinco años ‘a salvo’ de la subida de precios que ha acumulado el mercado. Ahora, una vez vence ese acuerdo, si tu casero quiere renegociar el contrato lo hará en un contexto muy distinto, con los alquileres en valores máximos.

¿Tanto se ha encarecido el alquiler? Sí. Hasta ahora podíamos hacernos una idea gracias a plataformas como Idealista. Ahora tenemos una herramienta en teoría más precisa: cálculos del Ministerio de Derechos Sociales y Consumo elaborados a partir de datos del INE, la Agencia Tributaria y el IEF. 

Los resultados los ha avanzado El País y muestran que los contratos que deban renovarse en 2026 se encarecerán hasta 383 euros al mes respecto al momento de la firma original, lo que se traduce en unos 4.600 euros más al año. Esa sería la previsión para los casos más extremos (no la media), pero resulta elocuente.

¿Hay más datos? Sí. Las estimaciones de Consumo avanzadas por El País muestran un cálculo de cuánto subirán los alquileres al año en un hogar con una renta mediana. Para el conjunto de España ese cálculo arroja una subida de 1.735 euros. En el caso de la Comunidad Valenciana alcanzaría los 2.686, en Canarias los 2.267, en Madrid 2.042, en Cantabria 1.869 y en Andalucía 1.952. 

En el resto de regiones analizadas el alza de las rentas medianas se mueve entre 1.408 y 884-329 euros/año, datos estos últimos que responden a Ceuta y Melilla.

¿Y el cálculo de 4.600 euros/año? Sale de la estimación más sangrante, la que se corresponde con las Islas Baleares. Allí los datos de Consumo muestran el encarecimiento de los alquileres puede pasar de 4.615 euros anuales. A modo de referencia, Idealista indica que en marzo de 2021 el metro cuadrado residencial se alquilaba en las islas a 11,2 euros. Hoy está por encima de 19. Si tomamos como referencia un piso de 80 m2 eso significa que un inquilino que hace cinco años pagaba 896 euros/mes hoy debería abonar 1.528. Es decir, 632 más.

A la hora de manejar la tabla avanzada por El País conviene tener presentes varias claves. Para empezar no incluye datos de País Vasco ni Navarra por sus regímenes forales. Tampoco de Cataluña, puesto que una parte relevante de la población reside en barrios declarados “zonas de mercado tensionado”, lo que influye en sus precios. Los cálculos de encarecimiento parecen haberse realizado además con respecto a los valores de la firma del contrato (2021), lo que deja la duda de si han tenido en cuenta las actualizaciones de los últimos años.

Otro factor fundamental es el contexto: las estimaciones parten de una cartera dirigida por Sumar, que lleva tiempo presionando a su socio de Gobierno para prorrogar cientos de miles de contratos de alquiler a punto de expirar.

¿Afecta a mucha gente? La respuesta vuelve a ser positiva. Al menos si tomamos como referencia a Consumo. Tras examinar los datos del Panel de Hogares el departamento de Pablo Bustinduy ha llegado a la conclusión de que en 2020 se firmaron 568.500 contratos y en 2021 otros 632.300. Los primeros han ido cumpliendo sus cinco años de vigencia en los últimos meses. Los segundos empezarán a hacerlo a partir de enero, afectando a 1,6 millones de personas.

Las comunidades que (potencialmente) se verán más afectadas son Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana. La primera vio cómo en 2021 se rubricaban 145.900 contratos que afectan a unas 404.100 personas. En Cataluña se anotaron respectivamente 112.700 y 301.000, aunque allí los inquilinos tienen a su favor la declaración de áreas tensionadas. En Andalucía constan unos 85.500 contratos con 213.700 inquilinos afectados y en la Comunidad Valenciana se contabilizaron 65.500 acuerdos con 155.000 personas implicadas.

¿Algo más? Sí. Las cifras deben interpretarse de nuevo como aproximaciones, ya que en juego entran factores que se escapan al cálculo. No todos los contratos duran cinco años (los hay que, por su arrendador, se prorrogan siete) ni todos los acuerdos suscritos en 2021 tienen por qué seguir vigentes a día de hoy. 

Otro hándicap es que hay más puntos del país declarados zonas de mercado tensionado y que puede haber también viviendas en puntos que, por su baja demanda, tengan un comportamiento distinto al resto del mercado.  

Imágenes | Taisia Karaseva (Unsplash) y Florian Wehde (Unsplash)

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